15 de February de 2010 00:00

Las sentencias polémicas aumentan

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Redacción Judicial

Por enésima vez, la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia dictó una resolución polémica y de sospechas de corrupción. Esta vez, fue la absolución de cinco imputados por el delito de explotación sexual a 14 adolescentes en el caso del club nocturno La Luna.

Los procesados fueron sentenciados a tres años de prisión por el Tribunal Tercero de lo Penal de Pichincha, pero presentaron un recurso de casación ante esa Sala, presidida por Luis Abarca, que acogió el pedido.

La actuación de la Segunda Sala de lo Penal, en ese caso, es similar a la que tuvo a finales de 2009 cuando revocó la pena de cinco años de prisión con la que el Tribunal Penal de Machala sentenció a Carolina Cabrera, por el delito de estafa. De esta manera, la hija del notario José Cabrera salió en libertad.

En diciembre de 2009, la Fiscalía denunció que los jueces de las Primera y Segundas salas de lo Penal, en un año, habían emitido al menos 23 fallos polémicos. Uno de ellos, resuelto por la Segunda Sala, mediante el cual se declaró inocente a Jorge Reyes Torres, contra quien se había dictado sentencia de 25 años por el delito de narcotráfico.

Alfredo Alvear, fiscal subrogante, dijo entonces que en esas sentencias no se demuestra transparencia. “Si hay impunidad, aumenta la corrupción”.

Además, la Primera Sala, presidida por Hernán Ulloa, ha sido cuestionada por sus fallos polémicos o por no actuar con celeridad frente a juicios por presuntos actos de corrupción, como el que involucra al ex ministro del Deporte, Raúl Carrión. El ex funcionario del Régimen de Rafael Correa salió en libertad, en vísperas de Navidad de 2009, porque la orden de prisión que se dictó en su contra, por delito de activos, caducó. Carrión está procesado en otros dos juicios por peculado, en la contratación de obras deportivas, pero en ninguno de ellos tiene orden de detención.

Pero los casos polémicos no solo se relacionan con los jueces titulares. Los conjueces de la Primera Sala cambiaron el delito de peculado con el que fueron acusados los hermanos Roberto y William Isaías, ex propietarios de Filanbanco, por el de falsificación de balances. Por esa decisión, Walter Mazzini, Edwin Salazar y Mario Rojas fueron suspendidos el 19 de enero pasado, por 90 días, por el Consejo de la Judicatura.

La actual Corte Nacional de Justicia (transitoria) fue conformada, mediante sorteo de sus integrantes, el 17 de diciembre de 2008. La Asamblea Constituyente la reorganizó al reducir de 31 a 21 el número de sus integrantes. Ese tribunal no está sujeto al control político de la Legislatura, de acuerdo con la nueva Constitución, por tanto, las irregularidades que cometan sus integrantes solo puede juzgarlas el Consejo de la Judicatura, que es el órgano de vigilancia y de disciplina de la Función Judicial.

Sin embargo, este organismo, que también es transitorio, no juzga las actuaciones de los jueces de la Corte Nacional, precisamente, por el carácter de transitoriedad, según argumenta su presidente, Benjamín Cevallos. Este sostiene que el Consejo de la Judicatura definitivo, que debe designarse mediante un proceso a cargo del Consejo de Participación Ciudadana, que está aún en proceso de conformación, tendrá la facultad de sancionar la actuación de los miembros de la Corte.

El Presidente de este alto tribunal de justicia tampoco juzga las actuaciones de sus integrantes. Eso se evidenció en el caso de los conjueces de la Primera Sala. El Pleno declaró la independencia de sus integrantes y que las resoluciones que tomen es de su exclusiva responsabilidad.

La Constitución establece que la Asamblea Nacional podrá fiscalizar y juzgar al Consejo de la Judicatura.

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