31 de July de 2011 00:02

Sentencia a 2 policías no sella la investigación de un crimen

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El crimen se planificó en un bar de Quito. Ahí se citaron tres personas y hablaron de asesinar a Marco S.

Convinieron el pago de USD 5 000 a 10 000 por acabar con la vida del joven de 25 años.

Esperarían que saliera de la universidad donde estudiaba Gastronomía. El taxista lo llevaría a su casa, ubicada en el sur, por la av. Simón Bolívar y allí dos hombres lo asesinarían a tiros.

El cuerpo sin vida de Marco S. fue hallado el 4 de junio del 2010, en la avenida Simón Bolívar. Desde entonces comenzaron las investigaciones y el pasado jueves, el Tribunal IX de Garantías Penales sentenció a dos personas a 20 y 21 años de reclusión.

Uno de ellos pertenecía al desaparecido Grupo de Apoyo Operacional (GAO) de la Policía. Y el otro agente a la Policía Judicial.

¿Quién más está detrás de este caso? Édison C., uno de los condenados por el Tribunal, inculpó a la esposa del joven Miriam L.

De acuerdo con las investigaciones, el móvil del crimen habría sido el cobro de USD 95 000 que reclamaría por un seguro de vida que el joven asesinado contrató poco antes del crimen y del cual ella supuestamente era la única beneficiaria.

Ahora, Miriam L. no aparece, pero habría sido la persona que contrató a los dos policías con quienes se relacionó luego de conocer a Édison C., pues Fabián A. (policía sentenciado), también tenía un taxi en la cooperativa.

Ambos gendarmes, junto a Édison C. y Miriam L. fueron llamados a juicio el 27 de abril de este año. Tras las primeras investigaciones, los dos últimos fueron detenidos el 11 de agosto en las afueras de un centro comercial del sur de Quito y los dos policías fueron arrestados al día siguiente.

“Marco (hombre asesinado) comenzó a portarse de una manera terrible, me pegaba y me decía que nuestro bebé no se parecía a él. (...) Édison C. (taxista) al verme sufrir me dijo que iba a acabar con mi tristeza y a recuperar lo que era suyo. Yo le pregunté a qué se refería, pero el me dijo que esté tranquila que él sabe lo que hace”, dijo Miriam L., en cuatro hojas de versión libre y voluntaria, luego de cuatro días del asesinato.

En el documento firmado por el fiscal Juan Carlos Núñez, Miriam L. señala que tras el hecho fue amenazada por Édison para que no lo delatara.

Durante el proceso los policías solicitaron un amparo de libertad que les fue negado por la Corte Provincial de Justicia, el 22 de febrero del 2011. Además presentaron una recusación el 8 de abril de este año, pero el Juzgado XVIII de Garantías Penales también rechazó la causa.

Llamadas, mensajes de texto y documentos declarados como falsos por la Policía, también se presentaron en la audiencia de juzgamiento. Allí se dijo que el día del asesinato la inculpada habría mantenido conversaciones constante con otros tres acusados.

Datos de la Policía Judicial registran 22 asesinatos en Pichincha el año pasado de un total

1 789 casos a escala nacional. En el 2009, la cifra fue mayor en Pichincha con 75 asesinatos y menor en el país con 1 662.

Además, el Informe XV del Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana señala que la tasa de homicidio ocupa el segundo lugar de tipos de muerte en la capital hasta el año pasado.

Al referirse a posibles apelaciones de los dos policías, Héctor Salinas, abogado acusador, dijo que “no podrán hacer nada, porque las pruebas son contundentes”.

Salinas sostuvo que tras la condena a ambos policías queda por llevar a juicio a la esposa del fallecido, quien quedó libre, pues se le concedieron medidas cautelares y luego desapareció.

Christian Quiroz, abogado de Miriam L., indicó a este Diario que la desaparición de su defendida se debió a que tras las medidas sustitutivas, el Juzgado decidió detenerla nuevamente. “Colaboramos desde el inicio, pero como sucedió eso ella optó por protegerse”. Quiroz sostuvo que mantiene conversaciones con la acusada y que están analizando las posibilidades de que ella se presente ante la Justicia.

Este Diario también intentó comunicarse con Javier Tobar, abogado de los dos policías, pero no respondió a las llamadas.

Los familiares del joven asesinado dijeron que están conformes con el dictamen, pues lo único que buscaban era que la muerte de Marco S. no quedara impune. “No vamos a hacer caso a las amenazas, sería evidente que si algo nos sucede ellos (detenidos) estarían inmiscuidos en el asunto”.

Otros casos del GAO

En el 2006, al emitir un informe, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos denunció que los agentes del GAO habrían presuntamente cometido 24 ejecuciones extrajudiciales y 14 torturas. Entre el 2000 y el 2008, el organismo calculó que serían 84 víctimas fallecidas.

El GAO fue creado en 1996 como una unidad de Inteligencia para frenar la ola de violencia y combatir la presencia de grupos delictivos organizados en el país. El jueves otros 12 agentes quedaron libres tras un juzgamiento.

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