En un intento por acabar con la corrupción, el Ministerio de Justicia inició una causa en contra de 22 guías que custodiaban a los prisioneros en la Penitenciaría de Guayaquil. 11 están prófugos.
Los apresados, se encuentran en el mismo centro que hace dos meses resguardaban, pero separados del resto de internos. El ministro coordinador de Seguridad Interna y Externa, Homero Arellano, informó esta semana que el número de guías involucrados suma 50 y que todos los vigilantes de la cárcel de varones de Guayaquil serán liquidados.
Los guías son acusados de presuntamente pertenecer a una red que presumiblemente se dedicaba a la venta droga y otras actividades ilícitas.
La investigación fue desarrollada por el Ministerio de Justicia y la Dirección Nacional de Rehabilitación Social (DNRS). Según la información recabada por las autoridades de control, varios prisioneros comercializaban drogas en contubernio con el personal de seguridad y control, que, aparentemente recibía dinero de los traficantes.
Entre las pruebas acopiadas existen videos que muestran el desarrollo de estas actividades ilegales en el interior del Centro de Rehabilitación Social de Varones. En estos, se puede observar en detalle cómo se comercializa lo que aparenta ser droga, sin que los guías penitenciarios hagan nada por impedirlo o mucho menos sancionarlo.
También se puede apreciar cómo el personal de seguridad, uniformado y de civil, recibe dinero de los presuntos expendedores de estas sustancias ilícitas.
La Fiscalía abrió una instrucción fiscal para inculpar a los sospechosos. Por este hecho, el Gobierno ha dispuesto el relevo del personal de vigilancia. Desde la próxima semana empezará un proceso de transición: la Penitenciaría será custodiada por policías, con el poyo de militares y nuevos guías penitenciarios que fueron formados durante el 2010.
El Ministerio de Seguridad coordinará con las carteras de Justicia y de Defensa para que las Fuerzas Armadas ofrezcan cursos a los futuros celadores, jóvenes universitarios, quienes se harán cargo de la vigilancia de la penitenciaria, informó a este Diario el ministro Arellano.