5 de November de 2012 00:02

Una resolución frenó por completo la fabricación de armas en Chimbo

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Hasta febrero de este año, los barrios Tambán, La Asunción y Sosanga eran los más productivos y generaban empleo en Chimbo, cantón de Bolívar. En estas zonas, 34 talleres se dedicaban a la fabricación artesanal de armamento.

Pero el 22 de agosto pasado tras la reforma a la Ley de Fabricación y Tenencia de Armas, Municiones y Explosivos, el Ejecutivo emitió la resolución 1274 y prohibió de forma definitiva esta actividad.

Eso ocurrió pese que había licencias vigentes y que caducaban en el primer trimestre del 2013.

Pero la crisis de este sector comenzó el 24 de marzo del 2010. Ese día, por disposición del Ministerio del Interior, más de 200 policías élite del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) montaron un operativo y decomisaron maquinaria y armamento.

Hubo enfrentamientos con los pobladores y se prohibió la venta de pistolas, carabinas, rifles, etc. A esa fecha ya estaba vigente el Acuerdo Interministerial 001, que a escala nacional impedía a los civiles el porte de estos aparatos de defensa con o sin permisos y reguló la venta. Ese documento se emitió el 29 de junio del 2009.

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Tras la intervención policial del 2010, el Gobierno ofreció construir, en Chimbo, una fábrica más sofisticada para dar empleo a los artesanos, pero aquello no se concreta. Además, se planteó continuar con el proyecto de elaboración de pupitres que comenzó en Chimbo en marzo del 2009.

Desde ese año hasta diciembre del 2011, 25 armeros de la Asociación 22 de Abril fabricaron 12 000 bancas escolares para la ex Dirección Nacional de Servicios Educativos (Dinse).

Además, se construyeron camas para la Policía y para la Vicepresidencia de la República.

El contrato de diciembre fue el último de cuatro y ahora los obreros aseguran estar en la desocupación. Más aún luego de que se emitiera la resolución 1274.

Según Napoleón Guillén, presidente de la Asociación de Artesanos 22 de Abril que acoge a los 34 armeros, solo 25 socios se beneficiaron del proyecto de los pupitres. Pero más de 200 personas, entre maestros y obreros, se quedaron sin empleos en Chimbo.

Pueblos fantasmas

Es viernes, las puertas de los talleres están cerradas. Los pueblos son casi fantasmas. Pocas personas caminan por las estrechas calles adoquinadas y de casas de adobe, madera y techo de teja.

Los dueños de las mecánicas migraron a Guayaquil, Quito y Cuenca en busca de trabajo. Otros están dedicados a la producción de maíz y tres armeros consiguieron empleo como soldadores en una constructora.

Vicente Vargas labora hace tres meses en los talleres de reparación y de mantenimiento del equipo caminero en el campamento de la comuna Cochabamba. Él regresa a casa cada 12 días.

Está preocupado por sus cuatro hijos y su esposa Inés Colcha. Ella tiene cáncer. Con los USD 460 que gana al mes financia parte de los gastos en medicinas y en quimioterapia de su mujer. Ella viaja cada 30 días al Hospital de Solca, en Quito, para el tratamiento.

“Muchos armeros se fueron a otras ciudades. Gracias a Dios solo pago USD 100 en el hospital, porque me ayudan”, cuenta.

Él se dedicó a la fabricación de pupitres, pero dejó esta actividad debido a que “el trabajo fue temporal” y el “pago era atrasado”.

El silencio de la autoridad

Este Diario intentó hablar del tema con el gobernador de Bolívar, Ovidio Bayas, pero no se pronunció. “La persona que le puede ayudar es el Director del Ministerio de Industrias y Productividad (Mipro). No estoy al tanto de eso”, sostuvo. Armando Romero, director del Mipro en Bolívar, dijo que no tiene autorización para referirse al caso. “Tenemos toda la información, pero hay una disposición del Presidente de que los ministerios no den declaraciones”.

Vargas se quedó sin empleo en octubre del año pasado, debido a que su permiso de armero ya caducó y no le renovaron. Antes de cerrar el taller, al mes fabricaba 25 revólveres y carabinas. Las entregaba a las empresas de seguridad. Los ingresos superaban los USD 1 800 y tenía tres operarios.

Byron Calle, jefe de Control de Armas Regional en Chimborazo, indica que tras la resolución 1274 los controles en los talleres se intensificaron.

En Chimbo, 77 artesanos constaban en los registros de las Fuerzas Armadas, pero solamente 34 tenían vigentes sus permisos.

Hace dos meses, Willian M. fue detenido con 15 revólveres. La Policía dijo que los trasladaba camuflados en un costal lleno con choclos. La detención se produjo en septiembre de este año en el cantón Machachi, en Pichincha.

En las declaraciones manifestó que los artefactos pertenecían a una compañía de seguridad, pero en el seguimiento de Inteligencia Militar se determinó que eran para comercializar. La indagación está en la Fiscalía.

A distribuir arroz y azúcar

En Tambán ya no hay armeros. “Todos se fueron”, dice Vinicio Guerrero, otro artesano que se vio obligado a cerrar su local y viajar a Quito. Las puertas metálicas donde funcionaba su taller están con candados. En este barrio funcionaban 10 mecánicas ahora todas están abandonadas. Solo hay letreros y las herramientas están empolvadas. Ahora distribuye arroz, azúcar, fideos...

El permiso de Guerrero estaba por caducar en este mes. “Los militares y policías vienen en los operativos e intentan ingresar, pero no permito. Que nos dejen en paz. Ellos no pueden pasar”.

Él no participó en el plan de bancas infantiles. Dice que no había suficiente trabajo para todos y los pagos se realizaban atrasados.

Según Napoleón Guillén, en marzo de este año participaron en un concurso para la elaboración de pupitres, sillas y escritorios y no ganaron. “Es imposible obtener con un contrato. Solo en comprar los materiales nos tardamos 15 días que era el plazo. Debería por lo menos extenderse a dos y tres meses para cumplir”.

En el barrio Embaulado Norte de Chimbo, Antonio Tanda cambió de actividad. En su casa, a medio construir, tiene apilada la herramienta que desde el 2006 usaba para fabricar revólveres.

Ahora produce maíz. La semana pasada cosechó 70 quintales. 30 vendió en USD 52 cada uno. Pero dice que el dinero no alcanza para pagar la deuda de USD 35 000 que obtuvo en una cooperativa local para emprender su nuevo negocio. El dinero se invirtió en la compra de un molino, cedazo y transformador para montar una fábrica de harina.

A Edwin Becerra le fue mejor. Hace cinco años comenzó como armero y tenía tres empleados. En junio del 2011 fabricó sus últimos 25 revólveres. Tras el cierre de su local accedió a un crédito de USD 35 000 y se compró equipos de amplificación. Ahora tiene un disco móvil y con eso puede cubrir hasta USD 800 mensuales del préstamo en la cooperativa. Ahora, sus herramientas están intactas en su viejo taller.

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