16 de July de 2010 00:00

Relator de la ONU critica acción policial en crímenes

Compartir
valorar articulo
Descrición
Indignado 0
Triste 0
Indiferente 0
Sorprendido 0
Contento 0
Redacción Judicial

‘Ecuador posee una de las tasas más bajas por condenas de muertes que he encontrado en país alguno”. Lo refirió ayer el relator de la Organización de Naciones Unidas, Philip Alston. “Solo un 1,3% de las muertes denunciadas terminaron en una sentencia condenatoria”.

Alston llegó al país el 5 de julio para realizar una investigación sobre muertes extrajudiciales y ayer presentó una reseña de su informe final. Aseguró que la tasa de homicidios en Ecuador se ha duplicado en los últimos 20 años.“En 1990 había 10,3 crímenes por cada 100 000 habitantes; en el 2010 la cifra subió a20”.

La Policía aseguró que muchas de esas muertes se dieron por ajustes de cuentas entre personas que tenían antecedentes penales. Sin embargo, Alston cuestionó esa explicación.

El mal uso de este término (ajuste de cuentas) es una de las falencias del sistema de justicia penal porque es general y se presta para todo tipo de abusos, dijo.

Además, “funciona como encubrimiento para que la Policía se abstenga de entablar procesos contra los responsables de las muertes, porque se trata de ellos mismos o de otros oficiales”.

Alston citó como ejemplo las denuncias que conoció sobre una banda de sicarios que operaba en Los Ríos y que fue integrada por policías en servicio pasivo y activo. También la muerte de una joven, de 23 años, que fue asesinado en Lago Agrio el 8 de marzo del 2010.

El relator aseguró que no halló indicadores que den cuenta de que los asesinatos cometidos por policías fueran una práctica sistemática en el país, pero reconoció que sí se han dado casos en los que “han muerto personas por tortura o balazos durante operativos policiales”.

Alston felicitó al Régimen por sus esfuerzos al tratar de reformar el sistema de justicia, pero enfatizó que se requiere incrementar el número de jueces y realizar mayores esfuerzos para protegerlos contra las amenazas.

En los 10 días que Alston estuvo en el país, se reunió con representantes de la sociedad civil y con las principales autoridades de Guayaquil, Esmeraldas Quito y Nueva Loja.A esta última dedicó especial atención, pues se encuentra en la frontera norte y es más vulnerable por su cercanía a Colombia. “Es claro que el conflicto colombiano se ha desbordado hacia Ecuador. En Esmeraldas y Sucumbíos los ciudadanos están sujetos a presiones y abusos de todos lados”.

De grupos armados ilegales (GAI), incluyendo las FARC, “ex paramilitares colombianos y narcotraficantes; y las fuerzas de seguridad ecuatorianas”.

Los interlocutores no se explican, agrega Alston, por qué no se puede lograr una seguridad básica a pesar de la presencia de la Policía, de un gran batallón militar en las cercanías y de la Marina.

“También se me informó de abusos cometidos por el Ejército ecuatoriano sobre frecuentes intimidaciones y acoso a civiles, junto con casos de allanamientos forzados a domicilios y robo de comida y otros bienes”.

Estos problemas -sigue Alston- se han incrementado desde mediados del 2009. El número de tropas en Sucumbíos se incrementó más de cuatro veces del 2007 al 2009, y el número de operaciones militares se incrementó de 22 en el 2007 a 250 en el 2009.

Ayer, Alston mencionó algunas de las acciones que Ecuador pudiera adoptar para contrarrestar la violencia. Entre ellas: la creación de una comisión de alto nivel para que evalúe el desempeño de los servicios de la Policía.

“También deberá considerar si se necesita o no una unidad legista independiente y un Ministerio de Policía para garantizar que un ente civil haga una veeduría”.

El funcionario sugirió también hacer un seguimiento al trabajo de la Comisión de la Verdad, que investigó los casos de violaciones a los DD.HH. en Ecuador. “Eso incluye reabrir investigaciones penales efectivas con peritos que sean independientes”. Para Alston, la Policía no puede investigarse a sí misma y por ello recomendó crear un ente independiente de la institución.

La criminalidad relacionada con el tráfico de drogas; la inseguridad, los asesinatos a gran escala en la frontera norte y la intimidación o asesinato de defensores de DD.HH, agregó, se agravan por un sistema de justicia penal disfuncional. A su juicio, ese fenómeno responde a un servicio policial que pocas veces realiza una investigación seria.

También a que “un servicio de investigación fiscal que parece más preocupado por las relaciones públicas que por la condena de los autores de graves crímenes y un sistema judicial que ha sido condenado casi de manera generalizada por su ineficiencia”.

Descrición
¿Te sirvió esta noticia?:
Si (0)
No (0)