28 de January de 2011 00:00

La reinserción social de quien sale de prisión es una deuda del Estado

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Desde hace 23 meses, cuando recuperó la libertad, Viviana M. no consigue empleo. Ha presentado carpetas con su hoja de vida en fábricas, empresas, locales comerciales y negocios de amigos pero no la contratan.

La mujer pequeña, de cabello negro y tez trigueña, salió de la cárcel de mujeres de Quito el 17 de febrero del 2009. Su voz se quiebra: “El 4 de marzo del 2008 me detuvieron junto a mi esposo en la casa de mi padre, en el sur de Quito. Él robaba y la Policía lo estaba siguiendo porque 11 meses antes se había escapado de la cárcel de El Rodeo (Manabí). En el 2003 lo arrestaron por plagio y estaba recluido en ese lugar”.

La mujer sostiene que la detuvieron solo por “ser la esposa de alguien que estuvo preso y se había fugado”. La acusaron por supuesta asociación ilícita, asalto, robo, tenencia ilegal de armas... Además, por supuestamente pertenecer a una banda delictiva, “pero no fue así”, sostiene.

Por esos antecedentes, pese a que fue excarcelada en febrero del 2009, su vida cambió para siempre. Está a cargo de sus dos hijos, de 7 años y de cuatro meses.

Para Sonia Andrade Tafur, directora de la Fundación Gandhi para los Derechos Humanos, la rehabilitación social es un mito en el país. Eso conlleva, dice, a que no exista una reinserción social de las personas que salen libres.

“No hay una política de Estado que haga un seguimiento puntual de las personas ex privadas de la libertad reinsertadas social y laboralmente. ¿Será que hay un 1% que logra rehabilitarse adecuadamente?”, cuestiona Andrade.

Édison Loaiza, asesor judicial del Comité Ecuatoriano de Derechos Humanos y Sindicales (Cedhus), señala que la reinserción no existe para quienes pagaron condenas por tráfico de drogas y lavado de activos en el país. Dice que las penas pecuniarias (sanciones económicas) les impide conseguir un trabajo digno.

“No pueden hacer contratos o abrir cuentas de ahorro en el sistema financiero porque el Consejo Nacional de Control de Sustancias de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (Consep) pone una prohibición”.

Para subsistir, Viviana M. se dedica al comercio informal: vende ropa y cosméticos en un quiosco de madera. Aunque salió de prisión aún tiene una deuda con el Estado: una multa de USD 2 700.

Loaiza cita el caso Fernando A., recluido en prisión por presunto lavado de activos en el caso Torres Gemelas. Fue liberado y ahora debe cancelar USD 5 millones al Estado. El abogado añade que esa persona vive de la ayuda de sus familiares porque no puede pagar.

Lo mismo sucede con las personas que fueron detenidas por drogas. La Ley que impide el tráfico de sustancias psicotrópicas y estupefacientes también establece penas pecuniarias para quienes cometen esa clase de ilícito. Viviana M. dice no tener para pagar.

Gustavo Peñafiel, analista técnico del Ministerio de Justicia, asegura que el Gobierno maneja la reinserción de ex presos desde cuatro ejes: educación, salud, trabajo y vínculos familiares.

En cada uno, dice, se han desarrollado políticas públicas con los ministerios rectores. Por ejemplo, para vínculos familiares, en los centros de rehabilitación se desarrollan talleres de ayuda con los internos y sus familias. “La idea es que cuando salgan vayan a un núcleo familiar constituido y sólido para que no recaiga”.

El esposo de Viviana M. fue trasladado al Centro de Rehabilitación Social 2 de Guayaquil, denominado La Roca (máxima seguridad). Ella mantiene un vínculo directo con el sistema penitenciario. Ve a su marido cada 22 días en la visita conyugal y conversa con él cada ocho a través de un vidrio.

Peñafiel admite que existen problemas por la falta de adecuados programas de capacitación. El funcionario dice que el año pasado se invirtieron USD 20 000 en el área de vínculos familiares, pero no hay cifras de ex presidiarios reinsertados. Según él, este año se construirán dos patronatos para los internos que salieron de la cárcel y no tienen a dónde ir.

A juicio de Andrade, la falta de trabajo para quienes estuvieron en prisión abre la posibilidad para que recaigan en actividades ilícitas. Estadísticas proporcionadas por el Ministerio de Justicia indican que, en los últimos tres años, 2 179 personas fueron liberadas por indultos. De ellas, 205 (9,4%) reingresaron a las cárceles.

Del 2008 al 2010, por caducidad de la prisión preventiva salieron libres 4 387, pero reingresaron 163 (6,24%). 109 lo hicieron por delitos contra la propiedad, ocho por delitos contra las personas, cinco por delitos sexuales, 11 por estupefacientes, entre otros.

El esposo de Viviana M. saldrá libre el próximo año. “Él quiere cambiar, pero ¿qué vamos a hacer si no conseguimos empleo?”.

Quito

Rolando Jiménez

Víctima de   robo de documentos en el parque La Carolina

‘Me dejaron solo en pantaloneta’Me robaron mi ropa, un celular, la billetera con 100 dólares, dos tarjetas de crédito, licencia de conducir, matrícula y llaves de moto, la cédula y el certificado de votación.

Fue un fin de semana cuando hacía deporte con mis amigos en el parque La Carolina (norte de la capital). Guardé mis cosas en una mochila, que la puse junto al arco. Después de jugar, volví para cambiarme y no encontré nada.

Eran las 18:00, me dejaron solo en pantaloneta y sin saber cómo encender la moto. Pregunté a todos, pero nadie vio nada.

Me desesperé. Mis amigos alquilaron una camioneta para llevar la moto a la casa. Anulé las tarjetas y me fui a una comisaría para poner la denuncia del robo de los documentos, para evitar el riesgo de que utilicen para cometer algún delito. Tuve que solicitar de nuevo todos los documentos y en esos trámites gasté unos 600 dólares.

Entrego encomiendas y para eso recorro la ciudad 10 horas diarias. Siempre ando con precaución para que no me roben. Si tengo que entrar en algún edificio, a la motocicleta la encargo en un sitio seguro o en un parqueadero.

La propuesta

 Ricardo Peñaherrera /  Coordinador de riesgos urbanos

 Apoyo entre instituciones

La seguridad ciudadana debe partir de una premisa común: el apoyo entre las instituciones del Estado.

Hasta el momento cada institución, sea la Policía Nacional, el Municipio de Quito, el Gobierno o la Función Judicial, ejecutan sus acciones por separado. Es decir, no actúan como un conjunto hacia un mismo fin.

El resultado de trabajar por separado en las iniciativas para mejorar la seguridad es que sus esfuerzos se diluyen. Es urgente un trabajo coordinado.

El impacto de las estrategias para mejorar la seguridad será real cuando exista no solo un trabajo en conjunto entre las instituciones gubernamentales, sino un plan que las articule.

Por ejemplo, el plan de puntos seguros del Municipio, donde se colocará mayor alumbrado público para evitar los asaltos, debe formar parte de una estrategia de la Policía Nacional, con apoyo real. Caso contrario este proyecto no dará los resultados adecuados.

También se necesita el mejoramiento de la justicia y el apoyo de la comunidad.

Si todos trabajamos por nuestra cuenta no se avanzará en el combate a la delincuencia y en la eliminación de la violencia.

Debemos aprender a trabajar en comunidad y ser solidarios para evitar que la inseguridad se apodere de la ciudad y del país. Desde nuestra comunidad también debemos apoyar las iniciativas de seguridad ciudadana y enseñar eso a nuestras familias.

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