La Dirección Nacional de Rehabilitación Social (DNRS) aprobó ayer la rebaja de penas en favor del ex gobernador de Manabí César Fernández. Con esta decisión, Édison Loaiza, abogado del ex funcionario manabita, espera que su defendido deje el ex penal García Moreno, de Quito, el lunes próximo. La boleta de excarcelación debe expedir el Tribunal Primero de lo Penal de Manabí. El pronunciamiento de Rehabilitación Social ingresó a esa dependencia a las 09:00 de ayer. Ana Fernández, hija del ex funcionario, realizó gestiones en Portoviejo. Pero hasta el cierre de esta edición no hubo pronunciamiento alguno en el Tribunal. Pasadas las 17:00, Loaiza señaló que el lunes próximo estarán en Quito, “para recibir al señor Fernández en las afueras del ex penal García Moreno”. Una fuente de este centro carcelario indicó a este Diario que al detenido se le otorgó una rebaja del 49% de la sentencia. Fernández fue condenado en octubre del 2004 a 16 años de reclusión como cómplice de una red mexicana de tráfico de drogas. La sentencia fue impuesta por el Tribunal Primero Penal de Manabí. La Sala Penal de la Corte de Portoviejo ratificó este pronunciamiento en marzo del 2005. No obstante, el 14 de abril pasado, el juez de la Primera Sala Penal, Hernán Ulloa, redujo la pena del ex Gobernador de 16 a 12 años. Con la rebaja del 2×1, la condena se redujo a seis años y ese tiempo ya se cumplió. Hasta hoy, el Gobernador está apresado seis años, 5 meses y 38 días.
El fallo en favor de Fernández se produjo en medio de un cambio repentino en la DNRS. El Consejo Nacional de Rehabilitación Social (CNRS) se reunió sorpresivamente a las 06:40 de ayer y posesionó a Alexandra Zumárraga (30 años) en la Dirección de la DNRS. Ella reemplaza en ese cargo a Arturo Escala, quien estuvo menos de un mes en esas funciones. El ministro de Justicia, José Serrano, quien preside el Consejo, dispuso a Zumárraga que “elabore un informe completo sobre el caso del empresario César Fernández”. Este Diario conoció que durante el día, la funcionaria pidió informes sobre el caso y ofreció que el lunes de la próxima semana se pronunciará al respecto. Además, el Consejo ordenó a Zumárraga que realice una auditoría a la gestión de Escala y de Romeo Sylva, quien también fue director de la DNRS.La defensa de Fernández interpuso una queja por escrito en contra de Escala. Loaiza dijo que lo hizo porque “no despachaba el pedido de rebaja de penas para su defendido”. “Ese documento estaba en sus manos y no salía, pero con el cambio de autoridad se ha despachado de inmediato”, señaló.Este caso también desató críticas en la Asamblea. El asambleísta Jorge Escala (MPD) denunció un posible nexo entre la reducción de la condena de Fernández y el juicio político en contra del fiscal Washington Pesántez. “Qué sospechosa la reducción de la sentencia del señor César Fernández, tío de doña Scheznarda Fernández (asambleísta independiente)”, señaló Escala. Él insinuó que la legisladora comprometió su voto a cambio de que la Fiscalía frenara el proceso que abrió contra Ulloa, por un fallo en el caso Ministerio del Deporte. Ulloa se defendió y calificó a esa presunción como una “tamañan barbaridad y ridiculez (…). No conozco a la asambleísta Scheznarda Fernández ni al sentenciado César Fernández. Jamás he hablado con ellos y peor aún que me haya presentado para tamaño despropósito, además de que la rebaja al referido proceso se la realizó en aplicación estricta de la Ley, por esta Sala Penal…”.