Tras recibir sentencia, 12 agentes del GAO recuperaron la libertad

Ayer, a las 17:22, en la puerta de la Cárcel 4  Luis M. , quien también  es investigado por el 30-S, fue excarcelado. Su familia lo recibió. Foto: EL COMERCIO

Ayer, a las 17:22, en la puerta de la Cárcel 4 Luis M. , quien también es investigado por el 30-S, fue excarcelado. Su familia lo recibió. Foto: EL COMERCIO

Vestía terno gris, camisa lila, corbata plateada y gafas. Recibió la bendición de su abuela y exclamó: “Se hizo justicia en una parte, pero falta la otra”. Sin más, a prisa, subió a un jeep vino 4x4, el cual aceleró sobre la av. De la Prensa, mientras familiares del excarcelado policía se arrodillaban en la acera y oraban a Dios.

Así Luis M. dejó la Cárcel 4 de Quito, ayer a las 17:22. El 7 de febrero se entregó a la Fiscalía, tras permanecer prófugo cinco meses. El Estado ofreció una recompensa por información para ubicarlo, porque afrontaba dos causas: la tortura de cuatro personas el 30 de septiembre del 2009 y el presunto intento de asesinato al Presidente de la República el 30 de septiembre del 2010.

En esta última causa, Luis M. no fue acusado en primera instancia (el caso ha sido apelado y aún no está cerrado). En el juicio por tortura, en cambio, recibió condena esta semana. Ayer se conoció la sentencia del Tribunal IV de Garantías Penales de Pichincha (documento de 69 páginas): dos meses de prisión, como encubridor.

Con él fueron sentenciados otros 11 policías, ellos únicamente inculpados en el caso de la detención arbitraria y tortura de cuatro personas en Quito. El Tribunal dispuso que los policías Edwin C. y Sergio C. fueran condenados a 10 meses de prisión correccional en el grado de autores. Los agentes José S., Luis L., Luis Ll., Víctor H. y Santiago B. fueron sentenciados a cinco meses de prisión como cómplices; y Ólger C., Walter P., Diego P. y Paúl M., penados como encubridores.

Los 12 ayer fueron liberados, luego de que en el centro penitenciario se verificara que habían cumplido el plazo de prisión previsto en las condenas. En el dictamen se refiere que las penas se descontarían del tiempo que hubieran permanecido detenidos por este caso. “Como de autos aparece que han cumplido la pena impuesta, se dispone sus inmediatas libertades. A tal efecto, la Secretaría gira las correspondientes boletas de excarcelación”, reza en la orden de libertad.

Hasta el 16 de septiembre, 15 policías fueron detenidos para investigar la presunta desaparición de Hernán C. Once eran miembros del desarticulado Grupo de Apoyo Operacional (GAO) de la Policía y dos pertenecían al Grupo de Operaciones Motorizadas (GOM). Meses después, cuatro fueron liberados al no hallarse pruebas que los vinculara al caso y solo11 permanecieron detenidos, a ellos se sumó Luis M.

Los acusadores denunciaron, en el caso, la presunta desaparición de Hernán C., padrastro de tres de las supuestas víctimas de tortura. Mas sus alegatos no fueron aceptados por el Tribunal.

“Por las pruebas incorporadas al juicio y el análisis de ellas realizado, se desprende que Hernán C. ingresó a Colombia el 24 de noviembre del 2009, por tanto no se la admite (a las pruebas)”. Con esto se omitió la acusación de supuesto plagio, planteada en contra de los uniformados.

El GAO fue eliminado de la Policía en octubre del 2009. Organismos como la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu) lo considera una unidad letal, por posibles excesos en sus acciones (muertes en los casos Quito Motors, Rose, Píntag, etc.).

“Los familiares de las personas secuestradas agradecen a (Ólger C.) y a la Unase por recuperar a nuestros familiares secuestrados”, rezaba uno de los carteles desplegados ayer en la puerta de la prisión de mínima seguridad.

“Los hijos de los policías detenidos merecen respeto. Por eso se hizo justicia. Vamos a luchar para que ellos se reincorporen a la Policía”, decía el hijo de uno de los 12 policías liberados. “El GAO, unido, jamás será vencido”, gritaban los familiares de Luis M.

Punto de Vista
Carlos Riofrío/ Ex magistrado de la Corte
Su libertad es absolutamente legal

Cuando ya hay un juicio, la prisión preventiva desaparece y pasa a ser condena . La Constitución de la República, que en eso ha sido protectora de los delincuentes, dice que la condena no puede "ejecutarse sino cuando la sentencia esté ejecutoriada".

En el caso de que no esté ejecutoriada, porque deben haber apelado y las apelaciones deben estar en trámite, tienen derecho a salir.

Ya no están en prisión preventiva, ya tienen condena, pero no puede ejecutarse por esa legislatura de Montecristi.

Su libertad es absolutamente legal bajo la norma constitucional y bajo la presunción de inocencia, pues mientras una persona no tenga sentencia condenatoria no tiene porque estar presa. Si son hallados culpables tras las apelaciones, deberán cumplir la condena que ya estaba en firme. No soy partidario de la Policía ni del Régimen pero las normas de la Constitución son esas.

Otro juicio a policías

Dos agentes fueron sentenciados ayer a 20 y 21 años de reclusión en el juicio por el asesinato de Marco S., acribillado con nueve disparos, en el 2010.

Uno de los uniformados pertenecía al desaparecido Grupo de Apoyo Operacional (GAO) de la Policía. El otro agente pertenecía a la Policía Judicial.

La audiencia de juzgamiento contra los policías se realizó en el Tribuna IX de Garantías Penales de Pichincha, en el norte de Quito. Ayer se emitió sentencia.

Suplementos digitales