20 de March de 2010 00:00

Quito ratificó su demanda contra Bogotá ante la OEA

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Olga Imbaquingo

El delegado del Estado colombiano, Luis Alfonso Hoyos, abandonó ayer de forma súbita la sala donde sesionaba el Pleno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la OEA.

Lo hizo luego de que culminara la primera parte de la audiencia donde se analizaron las bases de la demanda que Ecuador interpuso contra Colombia, el 11 de junio del 2009, por la muerte del ecuatoriano Franklin Aisalla.

Él supuestamente falleció durante el bombardeo colombiano a la base de las FARC, en Angostura, el 1 de marzo del 2008.

Diego García, procurador de Ecuador, llegó ayer a la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), en EE.UU., para presentar sus pruebas de descargo. Aseguró que “se acabó con una vida sin un juzgamiento y sin respetar el derecho a la defensa de Franklin Aisalla”.

García pidió a la CIDH que declare “admisible” la demanda contra Colombia y que “proceda a reparar adecuada e integralmente a los familiares de la víctima, por los perjuicios sufridos”.

La Procuraduría tenía previsto llevar a los padres de Aisalla a la audiencia, para que den su testimonio, pero según García la Embajada de EE.UU. en Ecuador no concedió las visas.

“Se las solicitó con el objetivo específico de que estén presentes ante usted”, refirió García. “No escapará del criterio de la Comisión lo inaceptable que resulta que no se haya dado oportuna atención al pedido ecuatoriano”.

Ayer, a través de un comunicado de prensa, la Embajada de EE.UU. en Ecuador aseguró que “no es cierto que las visas hayan sido negadas”, como también lo sostuvo anteayer el canciller de Ecuador, Ricardo Patiño.

Según esa Embajada “la decisión final sobre la emisión de las visas vendría de Washington y todavía la Embajada no tenía instrucciones al respecto. Estas decisiones pueden tomar tiempo”.

Ese no fue el único tema que provocó el reclamo del Procurador. Él también “rechazó la actitud del delegado del Estado colombiano”, por dejar la sala antes de que terminase la audiencia.

Hoyos fue el encargado de exponer ante la CIDH las pruebas de descargo de Colombia. En su intervención, de 20 minutos, aseguró que el objetivo militar que motivó el bombardeo en Angostura fue “legítimo” y que se “ciñó a las reglas del derecho internacional humanitario”. Esas fueron sus últimas palabras antes de retirarse de la sala de audiencias.

La Cancillería de Colombia, de su lado, emitió un manifiesto público en el que sostiene que Franklin Aisalla murió en el mismo campamento guerrillero donde se encontraba el líder de las FARC, Raúl Reyes.

Además, que la causa de su muerte fue las “lesiones por elementos explosivos y penetrantes que comprometieron el cráneo, las estructuras encefálicas y vísceras toraxico-abdominales”. Adjuntaron al comunicado el informe pericial de necropsia del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Esto se contrapone con la versión Guillermo Aisalla, padre del ecuatoriano fallecido. Él aseguró que cuando repatrió de Bogotá el cuerpo de su hijo tenía huellas de haber recibido “un golpe en la cabeza que le partió el cerebro. Posiblemente propinado con la culata de un fusil”.

Su testimonio guarda relación con el informe de inspección ocular Nº 2372-DCP, que realizó el departamento de Criminalística de la Policía de Pichincha, al recibir el cadáver traído de Bogotá. Allí se dice que el cuerpo tenía una “fractura multifragmentaria ubicada en la región occipital y temporal izquierda de 6x8 cm”.

Pero Colombia mantiene su tesis. Asegura que Aisalla estaba en un campamento guerrillero que era utilizado para labores de “coordinación y mando de fuerzas terroristas”. Desde allí, según Colombia, se planeaban y ordenaban acciones contra la población civil colombiana. “Era un objetivo militar legítimo y la operación se enmarcaba en las reglas del Derecho Internacional Humanitario”.

Por ello, el representante de eses país pidió a la CIDH que declare incompetente la demanda presentada por Ecuador.

Según Carlos de la Guardia, estratega de comunicaciones de la Procuraduría ecuatoriana en Washington, la Comisión no tiene una fecha determinada para emitir su resolución, “puede tomar semanas, meses o hasta un año el análisis del caso”.

Antes debe receptar las respuestas a las preguntas que formuló ayer a Colombia y Ecuador tras la presentación de sus pruebas de descargo.

Un día antes de la audiencia, Santiago Catón, secretario ejecutivo de la Comisión, calificó la demanda de Ecuador de “importante” y de “alta prioridad”. En diálogo con la prensa de EE.UU. insinuó que la Comisión solo “se limitará a analizar y observar los ar-tículos que competen al organismo, como el derecho a la vida, al debido proceso y a la integridad física” de los involucrados.

El reclamo de Ecuador es el segundo caso que conoce la CIDH en los 51 años de existencia del organismo y que involucra a dos estados. El primero fue entre Nicaragua y Costa Rica, pero no fue admitido por el organismo. Por ello, si se acepta la demanda de Ecuador, el caso se convertirá en un hito histórico, según el Procurador de Ecuador.

“Ustedes (la CIDH) tienen en sus manos la posibilidad de afirmar el sistema interamericano de derechos humanos, su legitimidad y eficacia y, en definitiva, su credibilidad”, refirió.

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