18 de December de 2012 00:05

Quejas por malas notas de jueces se presentaron desde enero

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Los   jueces de lo Civil no  lograron esclarecer la polémica en torno a los puntajes   otorgados para llegar a la Corte Nacional de Justicia.
Ente el   26 de enero y el 24 de abril, a los juzgados ingresaron   demandas civiles para que los jueces seleccionados  Wilson Merino,  Ximena Vintimilla y   Mariana Yumbay rindieran una confesión judicial sobre   el mecanismo usado para su designación.  

Sin embargo, esos recursos no avanzaron. En el caso de Yumbay, el asambleísta  Andrés Páez   solicitó en el Juzgado X  de lo Civil de Pichincha la exhibición y reconocimiento de los documentos que acreditaron sus años de experiencia profesional.

El reciente informe de la Veeduría Internacional (VI) confirmó que a Yumbay  le otorgaron seis puntos  “que no merecía” por los 10 años y seis meses de carrera.   El 30 de marzo, el Juzgado  solicitó  a la Dirección de Talento Humano de la Judicatura que le remitiera  copias certificadas de los títulos universitarios y documentos que avalen su experiencia.

Pero el 18 de  agosto, ese juzgado resolvió que este pedido era improcedente,  pues Yumbay ya había rendido confesión judicial y entregado sus documentos ante el  juez XII de lo Civil, en Quito.

Los juzgados XIV  y XV de lo Civil de Pichincha  también citaron a  Vintimilla y Merino.    El 19 de noviembre, Merino se presentó en el Juzgado  tras la advertencia a su abogado que sería sancionado si continuaba presentando peticiones que retarden  diligencia y el caso quedó allí.
La confesión de la jueza Vintimilla se realizó el 5 de diciembre pasado, luego de que su pedido para que se  archivara   el proceso  fuera   desechado inicialmente.

En la diligencia la jueza  nacional  dijo que Páez quería “desprestigiar a personas que tenemos una trayectoria impecable”.
En la Asamblea  tampoco  se consolidó  un intento de juicio político en contra  de   Paulo Rodríguez, Tania Arias y Fernando Yávar, miembros del Consejo de la  Judicatura de Transición (CJT), pedida por Páez el 31 de mayo.

Solo la denuncia al coordinador de la Veeduría Internacional, Baltasar Garzón, tuvo  una conclusión, que llegó luego de  casi  un año del concurso a cargo del CJT.

La VI entregó la semana pasada su informe final a la reforma judicial. En el documento de 102 páginas se explica que hubo falencias en la forma cómo fueron calificados Wilson Merino, Wilson Andino, Lucy Blacio, Mariana Yumbay, Paúl Íñiguez y Ximena Vintimilla. Además, que a otros candidatos se dieron bajas calificaciones   sin una base técnica, sobre todo en la última etapa.

Sobre esa prueba, que fue una audiencia oral, la VI señaló que “la forma de calificación no inmediata de la misma, sin presencia del interesado, la falta de explicación del voto, a veces ajustado con decimales excesivamente precisos,  así como, el amplio puntaje (10) pueden contribuir a que las decisiones se tornen en arbitrarias y sin ningún tipo de control”.

En el informe final, el equipo internacional asegura que se dieron casos de candidatos “claramente mejor posicionados en todo el proceso anterior (a la audiencia final) y que quedaron fuera”. Por  ejemplo  Édgar Flores se ubicó en el puesto 14, con un puntaje de 74,1. Luego de la  prueba oral, en la que obtuvo  1,2, no alcanzó ni a la lista de  conjuez. Tras el abandono del concurso de un jurista ganador, Flores fue posesionado como conjuez de la  Sala Laboral.

Ayer, en su oficina, el conjuez con 25 años de experiencia en la Función  Judicial y ex juez del Tribunal II de Tulcán dijo que prefería no pronunciarse y que esperaría el pronunciamiento  de la  Corte Nacional. Su titular, Carlos Ramírez, dijo que solo se refería al tema luego de  la  recomendación de la VI sea tratada en un Pleno.

Otros dos conjueces, Richard Villagómez y Efraín Duque, coincidieron con que sea la Corte la que informe  sobre sus casos.

La aspirante   Yolanda Yupangui también recibió una nota  baja  en la última prueba. Necesitaba   1,38  puntos para ser jueza, pero el CJT le calificó con 1,33 y quedó fuera  de la lista de 21 titulares.

La VI recomendó que la Corte Nacional se pronuncie sobre la legitimidad del proceso que estuvo a cargo de la  Judicatura, y que  garantice  una demanda en el sistema de justicia.

Puntos  de vista

Gustavo Medina /  Ex presidente de la Corte-Pichincha

‘Los operadores deben hacer un ejercicio  de entereza   moral’
Al parecer la (falta de)  independencia en el manejo de la Función Judicial  antes que corregirse se ha
replicado, y hace pensar que los operadores de justicia (jueces y miembros de los tribunales)  deben hacer un ejercicio  de entereza intelectual y moral para  superar cualquier grado de influencia que pueda incidir en sus decisiones. Todo puede mejorar:  tecnología, infraestructura, pero esas herramientas deben ser usadas por  operadores  dotados de sabiduría en materia de Derecho y una carga de valores éticos.

 Fernando Casares /  Ex Fiscal General del Estado  

‘Hay una injerencia directa de la Función Ejecutiva en la Judicial’
El principio básico para la administración de la justicia es la independencia. Pero ahora,  con los  nombramientos que se  han hecho  con base en    lineamientos políticos del actual Gobierno    y en el momento en que los jueces sean designados no con un criterio selectivo de capacidad y de mérito  , sino de acuerdo a la cercanía con el  poder público,   en ese momento  ese juez perderá credibilidad y pondrá en riesgo la seguridad
jurídica (...)   Hay una injerencia  directa de la Función Ejecutiva en la Función  Judicial.


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