[[OBJECT]]Irene pasó la mañana del viernes esperando ser atendida por uno de los juzgados de la Niñez y la Familia. No era la primera vez que iba para reclamar por la pensión alimenticia de su pequeño Alejandro, quien tiene 5 años y desde hace tres no recibe la atención económica de su padre. “La demanda por la pensión de USD 60 para mi hijo está estancada”, manifiesta.
“Vengo una vez por semana para esperar que se agilite el proceso, pero no tengo respuestas favorables. No cuento con un trabajo estable y de cierta manera dependo de la voluntad del papá”, añade la mujer con indignación.
El caso de Irene no es el único. A tres metros la escucha Ximena O. con la pequeña Liz, de 4 años, en el segundo piso de los juzgados de la Niñez, en Quito.
Ella interpuso una demanda al padre de la niña desde el nacimiento de esta. Espera que un juez lo obligue a responder económicamente. “Cuando me embaracé, él desapareció. Sé dónde vive, dónde trabaja, puse la demanda pero no pasa nada”. Aquí -relata Ximena- “he hecho muchas amigas, madres y abuelas que viven la misma situación que yo”. “Debemos someternos a este sistema lento, donde solo obtiene resultados la gente que puede pagar más (dinero). Una que es humilde hasta recibe maltratos por venir a averiguar. La atención debe mejorar”, dice.
Algunas mujeres que se encontraban en las salas de espera de estas judicaturas se quejaron de la falta de atención por parte de los jueces y de sus ayudantes.
“No atienden bien a la mayoría de personas y hay ocasiones en las que he venido y me han dicho que el juez está ocupado. Después incluso los he encontrado paseando por los centros comerciales”, dice molesta Susana N., quien trata de resolver la pensión para sus dos hijos, de 12 y 10 años. Ella se separó hace seis años y desde entonces pelea porque un juez dictamine un incremento en la pensión alimenticia. “Por los dos me da USD 90. Eso no alcanza para nada. Los hijos comen, se visten, estudian… Las leyes a favor de ellos deben reformarse y los juicios deben despacharse”.
Durante el 2010, solo en los juzgados de la Niñez y la Familia se acumularon 232 112 causas a escala nacional. Con el fin de que se agilite la reforma a la justicia y se despachen estos juicios represados, el Gobierno declaró estado de excepción en este campo, el pasado 5 de septiembre, con una duración de 60 días.
Esa condición se declaró luego de que el 9 de agosto el Consejo de la Judicatura de Transición (CJT) afirmara que la Función Judicial no cuenta con sistemas informáticos apropiados para generar una información sólida de planificación estratégica institucional. También indicó que no se han sostenido los procesos de modernización que permitan obtener los resultados esperados para erradicar la acumulación de 1,5 millones de causas. Por lo que, basándose en ese Decreto, los judiciales, a órdenes del CJT, empezaron a trabajar en jornada única y los fines de semana.
Pese a la solicitud de este Diario por conocer cuántos juicios lograron despacharse, el Consejo de la Judicatura no respondió la petición, pero sí informó que para la reestructuración de la Función Judicial se crearán 62 juzgados de la Niñez, con 101 jueces y juezas que el jueves rindieron los exámenes teóricos en Quito, Cuenca y Guayaquil.
Esa fue la segunda fase, tras las pruebas psicológicas a las que asistieron el 5 de diciembre. El viernes también se realizaron las entrevistas psicológicas a algunos postulantes por lista. Irma Castillo, aspirante a jueza para la Niñez en Tungurahua, considera que el proceso busca mejorar la calidad de atención para los niños. “Es un grupo descuidado desde hace años”, dice. “Se trata de dar una atención digna para que los grupos vulnerables no estén desprotegidos. Espero que se escoja a quienes en verdad tienen deseos de cambiar la justicia”, agrega.
Algunos jueces de la Niñez no quisieron responder sobre la demora en las causas y la falta de atención a los ciudadanos. Uno de ellos señaló que mientras no termine el proceso de selección y el cambio de las judicaturas, no pueden opinar sobre el tema.
La creación de judicaturas de la Niñez y la Adolescencia
La planificación y ubicación de estas nuevas unidades judiciales se realizó en el marco de la división territorial en distritos, aprobada por Senplades y de acuerdo con las necesidades de las parroquias y cantones.
Según el presidente del CJT, Paulo Rodríguez, el número de juzgados que se crearán responden a la demanda de los lugares que más lo necesitan.
Así, ocho juzgados se construirán en Pichincha, siete en Guayas, seis en El Oro y en Manabí, como las provincias que más tienen demanda. Rodríguez señaló el 5 de diciembre, día en que los aspirantes a jueces de la Niñez y Contravenciones rindieron sus pruebas psicológicas, que el resto de juzgados se creará conforme al avance de la reestructuración del sistema de justicia.
Según datos del Consejo de la Judicatura, para la designación de los lugares, se partió de un mapeo de los bienes inmuebles de propiedad del CJT y también se gestionó con municipios la celebración de comodatos a 99 años para algunas edificaciones.
Para el jurista Gustavo Medina, en esos juzgados existe un atosigamiento de causas que ha determinado que el trámite de esos procesos sea lento. “Por eso se quiere dar trámite y atención a los alimentos de los menores de edad, que no pueden esperar, porque esos conciben la atención de las necesidades materiales y psicológicas del menor, indispensables para el desarrollo nacional”.
Medina, ex presidente del Colegio de Abogados y ex principal de la Corte Suprema de Justicia, señaló que la capacidad de la administración judicial debe ser paralela a la complejidad del pueblo ecuatoriano, particularmente en estos sectores. “Hay que hacer reformas de carácter legal y de procedimientos”, puntualizó.
Proceso de selección
En Quito se registraron 591 postulantes provenientes de Pichincha, Carchi, Cotopaxi, Chimborazo, Esmeraldas, Imbabura, Santo Domingo de los Tsáchilas y Tungurahua. El proceso de selección se realiza por concurso de méritos y oposición y tendrá una fase de impugnaciones.
En Guayaquil se registraron 460 aspirantes de Guayas, Bolívar, Los Ríos y Manabí. En Cuenca se registraron 249 concursantes de Cañar, El Oro, Loja y Morona Santiago. En total debían acudir a las pruebas teóricas 1 537 candidatos a jueces.
En el concurso ya hay 10 impugnaciones que se conocerán la próxima semana (a partir del lunes). En la Judicatura se informó que hay más de 1 828 postulantes para ocupar las vacantes.
El proceso de selección comprende cuatro etapas: verificación de idoneidad, méritos, oposición y curso de formación inicial de 20 días, que será evaluado sobre 20 puntos.