8 de June de 2010 00:00

El proyecto para una Ley de Víctimas se presenta hoy

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Redacción Judicial

La Comisión de la Verdad (CV) lo documentó. Entre 1984 y el 2008 se registraron 831 violaciones a los derechos humanos en Ecuador, dentro de 118 casos. El informe fue hecho público ayer, en el Palacio de Cristal, centro de Quito.

Los asistentes comenzaron a llegar desde las 18:00. Como acto introductorio se publicó un documental en que las personas que sufrieron la desaparición de sus familiares dieron sus testimonios.

El documento de la Comisión señala a 458 autoridades, entre policías, militares y civiles, como presuntas responsables de cinco formas de abusos: ejecución extrajudicial; desaparición forzada; tortura; violencia sexual; y detención arbitraria.

En el tomo 5 del informe se muestra una ficha de cada uno de los supuestos responsables, con nombres y casos en los que presuntamente participaron. Entre ellos constan, como los más involucrados en casos de abusos, Hólguer Santana Mantilla, ex jefe del Servicio de Investigación Criminal (SIC) de la Policía en Guayas y Pichincha, durante el gobierno del ex presidente León Febres Cordero. Santana fue mencionado en 14 de los 118 casos investigados por el organismo.

También se nombra al ex comandante de la Policía Édgar Vaca. Él prefirió no adelantar comentario alguno y señaló que mañana dará una rueda de prensa.

Familiares e hijos de las personas desaparecidas entregaron al presidente Rafael Correa los cinco volúmenes del informe.

El Primer Mandatario cuestionó la administración de Febres Cordero y dijo que su Gobierno fue un “periodo oscuro de la política ecuatoriana”. Correa prometió que se sancionará a quienes atentaron contra los DD.HH.

Una de las medidas es la ratificación del Estatuto de Roma en cuanto al crimen de agresión. Este determina los mecanismos para la prevención de abusos y crímenes de Estado.

Como parte del proceso para ratificar ese estatuto, el presidente de la Corte Penal Internacional, Sang- Hyun Songn, visitará (no se sabe la fecha) el país. Allí se firmará un convenio bilateral para la protección de víctimas y testigos de crímenes de lesa humanidad.

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