El cartel con la leyenda: “Familiares y amigos de 80 presos de La Roca se suman a su huelga de hambre”, se colocó ayer al frente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en el norte de Quito.
Junto a la pancarta, los allegados de los internos de esa cárcel guayaquileña se unieron a las protestas con el inicio de otra huelga de hambre en las inmediaciones del edificio de esa Cartera de Estado la madrugada del viernes.
La manifestación de los prisioneros en ‘La Roca’ comenzó el 6 de febrero, con el argumento de que se respete el protocolo de un centro de rehabilitación social progresivo. Esto quiere decir que luego de la evaluación efectuada a los presos cada seis meses, estos tienen que salir a otras cárceles de mediana seguridad, luego de aprobar las pruebas psicológicas y presentar reportes de buena conducta en la cárcel.
La protesta ocurre, pese a que el Ministerio de Justicia anunció que las prisiones del país están en fase de readecuamiento en infraestructura y que hay sistemas de seguridad.
Una muestra de aquello, indicó la entidad, es la implementación de 140 cámaras de circuito cerrado en seis prisiones del país; así como la instalación de escáneres e inhibidores de teléfonos celulares.
Sin embargo, Juan T., familiar de un interno de ‘La Roca’, manifestó ayer que las medidas de seguridad no se aplican de forma adecuada. “Hay cámaras y tecnología de punta, pero solo nos controlan a los familiares de las personas privadas de la libertad. No obstante, ¿qué está sucediendo en el interior de la cárcel, porque han ocurrido hechos de violencia? Nadie responde a esa pregunta”, cuestionó el hombre.
Al menos tres incidentes de violencia se registraron en el lapso de un año en el centro de rehabilitación social conocido como ‘La Roca’. El más reciente fue la muerte de un interno sentenciado por asesinato, crimen presumiblemente cometido por otro preso.
José Luis A., quien estaba en la lista de los Más Buscados, fue asesinado con disparos dentro de su celda, el pasado 24 de enero.
Sobre ese caso, el ministro coordinador de la Seguridad Interna, Homero Arellano, expresó el pasado 26 de enero que eso significa que “aún hay que mejorar la capacidad de vigilancia, la calidad de los guías y también adecuar los sistemas tecnológicos”.
El asesinato del detenido estuvo precedido por otro hecho violento, por el que se detuvo a dos guías del centro para investigaciones.
El 25 de junio último, el interno William P. fue disparado presuntamente por otro prisionero. Su hermano, Walter P., también fue herido en un incidente que solo se supo por el reclamo de los familiares de los presos. Esos hechos atemorizan a los familiares que protestan al frente del Ministerio de Justicia porque “no existen las suficientes medidas de seguridad para garantizar la integridad de los prisioneros”.
Frente a esos hechos de violencia, Ricardo Morales, subsecretario de Atención Integral del Ministerio de Justicia, manifestó que ‘La Roca’ se rige a través de un protocolo de seguridad especial.
Pero él dijo que uno de los problemas es que los presos dañan las cámaras de seguridad y eso dificulta las tareas de vigilancia. En lo que respecta a los crímenes, el funcionario resaltó que la Fiscalía se encarga de estos y no dio detalles sobre las investigaciones.
Desde su creación, ‘La Roca’ ha sido cuestionada por la falta de garantías. El centenar de policías con los que cuenta esa cárcel y los guías penitenciarios no han logrado parar los intentos de amotinamiento. De hecho Édison Ostaiza, detenido en ‘La Roca’ por presunto narcotráfico en el caso Huracán de la Frontera, denunció la semana pasada en una carta que la prisión no tiene las extremas seguridades como se dice. Y por eso -añadió- los internos han vivido atentados con explosivos desde el exterior y tres balaceras.
En octubre del 2010, en los exteriores de ‘La Roca’ se registró la detonación de una bomba. Esa detonación dejó un orificio en la pared y el hecho prendió las alertas entre los agentes élite de la Policía. Esto porque había temor de una fuga masiva de prisioneros.
Ostaiza añade que esta prisión “no está diseñada para seres humanos”. Tres policías vigilan detrás del vidrio de seguridad polarizado de la garita principal de ingreso. Ellos son parte de los 96 uniformados asignados para la seguridad externa de la cárcel. Según el Ministerio de Justicia, allí se encuentran 86 internos.
Los familiares de los internos afirman que la huelga de hambre es indefinida hasta que las autoridades del Ministerio de Justicia los atiendan. “Solicitamos que se respeten los protocolos de un centro de rehabilitación progresivo. Es decir, existen presos que han tenido buena conducta y deberían ser trasladados a sus jurisdicciones o centros de mediana seguridad”, manifestó Juan T.
Morales dijo que el próximo lunes se trasladará a Guayaquil para dialogar con los internos que están en huelga de hambre. También dispuso la asistencia permanente de médicos de la Cruz Roja para atender a los aprehendidos.
“Hemos dado las facilidades en relación al respeto de los DD.HH. de los internos”, manifestó.
En lo que respecta a los traspasos de internos a otras prisiones, Morales indicó que hace dos meses se realizó una evaluación y 21 ya fueron trasladados. El siguiente diagnóstico se efectuará en cuatro meses y luego se conocerá el número de prisioneros que dejarán ‘La Roca’ para ser trasladados a otros centros carcelarios.
La jornada de ayer
Cerca de 30 familiares de los internos del centro de rehabilitación social de máxima seguridad, conocido como ‘La Roca’, se ubicaron la madrugada de ayer frente al Ministerio de Justicia con pancartas y carteles.
Los manifestantes tenían carpas, cobijas y bolsas de dormir. Ellos dijeron que no se iban a retirar del parque La Carolina, en Quito, hasta que los atienda una autoridad del Ministerio de Justicia. Permanecieron la tarde y noche en esa zona, pero más tarde salieron de allí.