19 de April de 2012 15:32

Propietarios de bares y discotecas piden protección para formalizar más denuncias

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Las investigaciones por denuncias de supuestos actos de corrupción en las Comisarías de Policía de Guayaquil continúan. Pero los gremios de los propietarios de los establecimientos nocturnos solicitan protección para que se formalicen nuevas acusaciones.

María José Salinas, vocera de los bares situados en la Zona Rosa, en el centro de la urbe, pidió a la Secretaría de Transparencia que explique cuál es la seguridad con que cuentan los denunciantes y si van a otorgar protección a los testigos.

“Necesitamos que los denunciantes sean más para terminar con el problema de las coimas de las autoridades. Mucha gente siente temor a presentarse a formalizar una denuncia por temor a represalias”, expresó esta mañana.

En rueda de prensa, Enrique Barreiro, presidente de la Asociación de Propietarios de Establecimientos Nocturnos de Guayaquil, agradeció la decisión de tomar en serio las denuncias en este tema y ordenar una investigación.

Las denuncias de supuestos actos de corrupción y cobro de coimas apuntan a la ex Comisaria Tercera de Policía, Jacqueline Hurtado. Ella, y los otros cuatro comisarios de policía renunciaron masivamente la semana pasada. Y tras ellos llegó la destitución del gobernador Roberto Cuero.

Esto fue consecuencia de una investigación iniciada aproximadamente hace cinco meses por la Secretaría de Transparencia y que ahora es investigada por la Fiscalía del Guayas. La entidad ya fijó fechas para las primeras declaraciones de afectados.

Mañana viernes deberán presentarse Miguel Salinas y Ricardo Tomalá, a las 15:00 y 16:00, en su orden. Y el lunes, a las 15:00, María José Salinas.

Stalin Cedeño, directivo de los propietarios de bares, dice que muchos de los afectados por los supuestos abusos de las comisarías están empezando a redactar sus denuncias para entregarlas, firmadas, a la Fiscalía. “Pero hay mucha gente que siente temor a las represalias”.

Tomalá se ratificó públicamente en su denuncia de que tuvo que pagar USD 150 a un funcionario de la Comisaría Tercera para recuperar su libertad. Fue detenido el 3 de marzo porque en su local se encontró a una menor que estaba acompañada de sus padres. “Tuve que pelear legalmente para reabrir mi local que fue clausurado, pagar una multa y a parte pagar para obtener mi libertad ya que me dijeron que me iban a encerrar 30 días”.

“Muchos compañeros, también encarcelados muchas veces por extenderse 5 o 10 minutos después del límite permitido, hasta esperar que los clientes terminen de consumir el licor adquirido, denunciaron ser extorsionados entre USD 1 000 y 1 500 para no ir a la audiencia y ser apresados”, acotó.

Barreiro dijo que, según denunciaron muchos de los afectados, se los citaba los domingos a la Comisaría Tercera “cuando ese día no trabajaba el Banco de Fomento que es donde se pagan las multas. Entonces ese dinero, por el que no daban ningún recibo, no entraba a la cuenta sino que quedaba en efectivo en las oficinas”.

Mostrando fotos, María José Salinas señaló a Ricardo Barrera –quien reemplazó a Julio César Quiñónez en la Intendencia del Guayas- como funcionario cercano al equipo de trabajo de Jacqueline Hurtado en la Comisaría Tercera.

“Cuando lo nombraron interinamente Intendente sentimos mucha tensión por lo que podría pasar en los bares de la Zona Rosa donde, por todos estos problemas, de 120 negocios que habían ahora funcionan unos 60. El resto optó por irse a otros sitios. Por eso hemos abanderado esta lucha”, denunció.

La Asociación pidió a la Secretaría de Transparencia que haga público el informe respecto a esta investigación.

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