Los problemas de El Pedregal no se superan

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Estefanía Celi. Redactora

Ha pasado más de un año desde que la edificación fue suspendida. Los cinco bloques de El Pedregal, en donde iba a funcionar el Complejo Judicial Norte de Quito, siguen a medio construirse, aunque la maleza ha crecido a sus alrededores.

El proyecto fue iniciado por el Consejo de la Judicatura de Transición (CJT), al que se le encargó la reforma a la justicia durante 18 meses. Se utilizó un terreno de 8 000 metros cuadrados, en La Pulida, en el noroccidente de Quito.

En ese entonces, se anunció que estaría listo para diciembre del 2012, un mes antes de que el CJT terminara su período.

Pero el Municipio suspendió las obras y el destino del proyecto desde entonces fue incierto, hasta que se posesionó el nuevo Consejo de la Judicatura, con Gustavo Jalkh a la cabeza del órgano.

"No nos parecía adecuado construir en terreno en las faldas del Pichincha. Aunque el nuevo proceso de contratación tomará más tiempo, será mucho más eficiente", aseguró.

Ese y otros 46 contratos de obras de la Judicatura de Transición fueron examinados por la Contraloría. El informe final fue publicado el pasado 16 de enero, revela una serie de problemas y establece responsabilidades administrativas.

Sobre El Pedregal, señala que "se realizaron obras y actividades de fiscalización sin contratos de respaldo".

Por esto, la empresa a la que se le adjudicó el proyecto, Conacero S.A., reclama el pago de USD 8 millones por las obras en ese predio.

La Contraloría asegura que la fiscalización fue adjudicada a un ingeniero civil como consultor individual, responsable en "áreas que no son precisamente relacionadas con su profesión". Tampoco se dispuso de estudios de estabilidad.

El litigio por la expropiación del terreno donde se iba a construir tampoco se termina aún .

  • El pago pendiente

Tres procesos de contratación se realizaron para la construcción de El Pedregal. Los dos primeros fueron declarados desiertos y se aumentó el monto de los contratos.

Finalmente, el 16 de noviembre del 2012, la construcción del Complejo Judicial Norte de Quito se adjudicó a Conacero S.A., por USD 21 millones.

Sin embargo, la compañía ya estaba trabajando en el predio antes de que se le adjudicara el contrato. La Contraloría sostiene que las obras empezaron cuatro meses antes, el 3 de julio del 2012. Incluso hay actas de reuniones que "dan cuenta de los avances de los trabajos".

El 20 de noviembre del 2012, el Municipio de Quito suspendió las obras porque no tenían los permisos.

Desde entonces, la edificación está paralizada. Tampoco se ha cancelado a Conacero por la obra, pues no hay un contrato firmado por la Judicatura.

Luigi García Cano, abogado de Conacero, asegura que la empresa sí firmó un contrato pero que éste nunca les fue devuelto por la Judicatura de Transición, ni se les entregó el anticipo del proceso.

"Prueba de que sí se firmó el contrato es que se entregaron las garantías de fiel cumplimiento del contrato y del buen uso del anticipo. Entonces (el CJT) autorizó, verbalmente y por escrito, el inicio de los trabajos, así que la constructora actuó con buena fe".

La Contraloría también indica que hubo una disposición de inicio de trabajos en El Pedregal. Sin embargo, la directora general del actual CJ, Andrea Bravo, reiteró ayer a este Diario que no hubo tal orden ni tampoco un contrato.

En una inspección realizada el 15 de octubre pasado por el juez 20 de lo Civil, se constató la construcción y se posesionó a un perito para evaluar la construcción. Según el informe del especialista, la obra tiene un 35% de avance y la inversión suma USD 8,8 millones.

García asegura que han realizado acciones extrajudiciales para arreglar el pago, sin respuestas. La construcción es vigilada por cinco guardias, contratados por Conacero.

  • Un litigio de más de 2 años

El terreno de El Pedregal tenía varios problemas. Su dueño, la empresa DMG Comercializadora, estaba involucrada en un proceso por presunto lavado de activos.

Además, hay un juicio ejecutivo contra la compañía interpuesto por los herederos del anterior dueño del predio, Luis Rosanía Dávila, pues el pago quedó inconcluso.

Ambos procesos se suspendieron en noviembre del 2011, cuando el CJT declaró de utilidad pública el lote.

Entonces, el Consejo depositó USD 4,1 millones en el Juzgado 24 de lo Civil mientras se desarrollaba el juicio de expropiación. El malentendido era el precio del inmueble, pues DMG aseguraba que su valor era de USD 7 millones.

Finalmente, el 19 de diciembre del 2012, el juzgado resolvió que el precio es de USD 4,1 millones: una parte para el Consep (administrador del bien en el juicio por presunto lavado) y otro para los Rosanía.

La resolución fue apelada y pasó a la Corte Provincial, pero el nuevo Consejo de la Judicatura revocó la declaratoria de utilidad pública del terreno el 23 de septiembre del 2013.

El mes pasado, la Corte dispuso el archivo de la causa, previa la cancelación de restituciones mutuas. Estas se refieren a que se "pudo realizar mejoras o modificaciones de cualquier naturaleza, lo que supone las restituciones mutuas".

La Judicatura aún no ha recuperado los USD 4,1 millones que depositó en la cuenta del Juzgado 24 de lo Civil.

En el proceso, se interpuso un recurso de casación la semana pasada, que la Corte Nacional de Justicia deberá analizar para terminar el litigio.

Bravo aseguró que no tiene información sobre el proceso legal, pues es manejado por los asesores jurídicos del CJ.

  • Los supuestos responsables

El informe abarcó en total 47 procesos contractuales y halló irregularidades en el ámbito administrativo en todos. En el documento de la Contraloría se menciona en más de una ocasión al exdirector general del CJT, Mauricio Jaramillo.

Este Diario se comunicó por correo electrónico con Jaramillo, quien trabaja hoy como procurador de Petroecuador.

En su respuesta señala que no ha sido notificado oficialmente con el informe, pero tampoco lo desconoce. Asegura que "existen observaciones sobre errores en la administración y se han emitido recomendaciones para ser aplicadas por la entidad examinada".

Jaramillo fue nombrado por el Pleno del CJT, presidido por Paulo Rodríguez, quien no es señalado como responsable por la Contraloría.

Rodríguez le dijo el viernes a EL COMERCIO que Jaramillo presentaba periódicamente informes al Pleno del CJT.

"Es un excelente abogado. Los errores que señala el informe son administrativos, y deben ser corregidos por la actual administración", aseguró.

El ente de control hizo 17 recomendaciones al actual Consejo de la Judicatura.

Bravo señala que estas observaciones deben cumplirse en un plazo máximo de 90 días, y que trabajan en ello. "Ya están corregidos ciertos temas. En el plazo, se informará a la Contraloría sobre los avances".

En los temas financieros, como la falta de cobro de multas (USD 321 900) o pago de rubros no autorizados, Bravo señala que serán saldados en la liquidación de los contratos.

En contexto
Dentro de los 18 meses de la Judicatura de Transición, se ejecutaron 165 obras civiles en todo el país. Sin embargo, Quito aún no cuenta con complejo judicial, por problemas en los contratos. Se prevé que para el 2015, estén listas las dos nuevas unidades de la capital.

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