El primer juicio por un presunto delito de lesa humanidad en el país

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Redacción Seguridad

La jueza Lucy Blacio llamó a juicio a nueve exuniformados que son procesados por el caso de lesa humanidad, en el que supuestamente hubo tortura, desaparición forzada y violencia sexual en contra de tres miembros del desaparecido grupo Alfaro Vive Carajo (AVC): Luis Vaca, Susana Cajas y Javier Jarrín.

El 10 de noviembre de 1985, los tres exintegrantes de la agrupación irregular fueron detenidos en Esmeraldas por militares, quienes les pidieron sus identificaciones y, sin ninguna razón u orden judicial, los llevaron al cuartel 'Batallón Montúfar' y según los argumentos expuestos por la Fiscalía, allí comenzó su tortura .

Ayer, durante la audiencia, la magistrada mencionaba el nombre de cada exuniformado y argumentaba las causas por las cuales estos eran llamados a juicio. El primero fue el general en servicio pasivo Luis P., quien se desempeñó como funcionario durante el gobierno de León Febres Cordero.

Según Blacio, él manejaba información privilegiada sobre los movimientos de los integrantes de AVC y la reportaba al entonces Primer Mandatario. También -añadió- que él conoció las violaciones a los DD.HH. que se cometieron.

Otro procesado llamado a juicio es el exoficial de la Policía Nacional, general Édgar V. La magistrada explicó, con base en las investigaciones de la Fiscalía General, que él conocía que los integrantes de Alfaro Vive fueron apresados sin una orden judicial.

El resto de militares en servicio pasivo que irán a juicio son Marcelo D., Jorge A., Raúl V., Mario A., Nelson E., Guillermo R. y Fernando R. Mientras que Jorge C., Miguel L., Elías M. y Wilfrido Ch. recibieron el sobreseimiento, porque no se encontraron suficientes argumentos para procesarlos.

La semana pasada, la audiencia preparatoria de juicio y sustentación del dictamen fiscal duró tres días. Allí, los abogados de los militares y policías en servicio pasivo manifestaron que no se respetó el debido proceso en el caso.

También, pidieron que se declare la nulidad del caso bajo el argumento de que los delitos de lesa humanidad no estaban tipificados en la ley de 1985.

Marcelo Dueñas, defensor de Édgar V., manifestó que los delitos de lesa humanidad "recién entran en vigencia (en Ecuador) en el 2002 y no puede regresarse a 1985".

No obstante, el fiscal General, Galo Chiriboga, sostuvo que en este caso no hubo ninguna irregularidad como "alegaron los abogados de la defensa". Asimismo, indicó que desde la Constitución de 1945, el país se acoge a las normas del derecho internacional. Una de ellas es el Estatuto de Nuremberg que hace referencia a los delitos de lesa humanidad.

Para Pablo Albán, abogado de los exintegrantes de AVC, la resolución de la Corte Nacional es un precedente para dar un "paso gigante" en la lucha en contra de la impunidad en el país.

Susana Cajas, en cambio, señaló que " se está enjuiciando a nueve personas bajo la figura de un crimen de Estado del cual fueron perpetradores. No es en contra de las Fuerzas Armadas del Ecuador".

Dueñas manifestó que solicitará la ampliación y aclaración de la sentencia antes de llegar al juicio. "Esta es solo la lectura de la resolución de la jueza. Tenemos que esperar que esta se ponga en conocimiento de las partes procesales (en el caso)", luego de ello se podrán presentar los recursos legales.

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