13 de April de 2011 00:00

5 policías, entre los fugitivos de Interpol

valore
Descrición
Indignado 0
Triste 0
Indiferente 0
Sorprendido 0
Contento 0

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

A los puertos internacionales ha llegado la disposición de detener a 61 ecuatorianos. Ellos tienen difusión roja y son considerados fugitivos en el archivo de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).

En esa base de datos, que contiene fotografías, lugar de nacimiento, edades, situación jurídica, estatura, aparecen cinco uniformados: son policías y -según ese prontuario- son buscados en el mundo por presuntamente haber cometido delitos contra la vida: las muertes de los ecuatorianos Elías López Pita y Luis Shinín.

En el 2001, Asuntos Internos de la Policía responsabilizó a ocho agentes del Grupo Antidelincuencial como los presuntos autores de las muertes de López Pita y Shinín. El primero desapareció en Ambato, la noche del 6 de noviembre del 2000. Los testigos relatan que fue aprehendido por agentes, en el autobús, mientras viajaba a Esmeraldas.

Luego fue trasladado a un sitio denominado El Aula, junto a la oficina del comando de la Policía de Tungurahua, en Ambato. Allí lo observó Shinín, quien fue detenido el 7 de noviembre. Él declaró ante la Fiscalía que López Pita había sido torturado en ese lugar. Grupos de DD.HH. señalan que “Shinín fue secuestrado, abaleado y lanzado a una quebrada en la vía Guaranda-Echandía. Luego “fue rescatado con vida y trasladado a una casa de salud de donde fue nuevamente plagiado y desaparecido por policías”.

La Policía, en el informe 2001-001-DNPJ, del 16 de enero del 2001, señaló que “los desaparecidos fueron ejecutados en el puente San Martín, en la ciudad de Baños, y arrojados al río, por cuanto en dicho lugar se encontraron casquillos de bala percutados por el arma de uno de los policías involucrados y los exámenes a varias evidencias señalan la existencia de sangre”.

Las denuncias por violaciones a DD.HH. presuntamente perpetradas por miembros de la Fuerza Pública son recopiladas por la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu). Según su base de datos, se han reportado 210 homicidios cometidos por policías desde el 2000 hasta el 2009. A eso se suman 243 denuncias de torturas (ver cuadro adjunto de la Cedhu).

De enero a octubre del año pasado, 54 violaciones a los DD.HH. cometidas supuestamente por policías fueron registradas por el organismo. Entre ellas aparecen supuestos abusos cometidos por agentes a mujeres, jóvenes, periodistas, extranjeros, sospechosos, otros policías, etc.

Cuatro de los cinco policías que constan en la base de datos de Interpol como fugitivos fueron absueltos por la Justicia de Ecuador. Mientras que la pena impuesta contra el mayor Víctor H., supuestamente al mando del Grupo Antidelincuencial, prescribió.

César Duque, coordinador de Cedhu, señala que ellos aparecen en la base de datos porque no hay coordinación entre las autoridades judiciales y los organismos internacionales. “Ellos constaron como fugitivos, pero nadie notificó a Interpol de que su estado jurídico cambió”, refiere.El relator de las Naciones Unidas para ejecuciones extrajudiciales, Philip Alston, indicó en el 2010 que no halló elementos que indicaran que las muertes causadas por la Policía fueran algo sistemático o generalizado en Ecuador. Pero halló inconsistencias en la información policial, respecto a las cifras de víctimas de tortura o balazos durante operativos de las fuerzas del orden. También menciona que algunos sospechosos y otras personas han sido asesinadas por la Policía cuando solo debían ser apresadas.

Un caso es la muerte de Paúl Guañuna, de 17 años, cuyo cadáver apareció la mañana del 7 de enero del 2007 en la quebrada de Zámbiza. Testigos relatan que la tarde del 6 de enero, Paúl y un amigo fueron llevados en un patrullero policial. Al primero lo abandonaron cerca de la entrada a Zámbiza, mientras que a Paúl lo llevaron con dirección a Quito. Según información de la Cedhu, “Guañuna no fue llevado ni ingresó a ningún centro de detención. Su cadáver fue hallado al día siguiente con señales de tortura”.

En el primer informe de autopsia, elaborado por la Policía, se aseveró que la muerte se había producido por un suicidio y que las heridas que presentaba en la cabeza se debían a la caída al vacío. Pero la familia solicitó un segundo examen de autopsia. En este se precisó que había señales de tortura, como quemaduras de cigarrillo en la mano, etc., y concluyó “que habría sido asesinado”.

Leonardo, padre de Paúl Guañuna, siente impotencia. El Tribunal Cuarto de lo Penal había dictado una sentencia de 20 años contra cuatro policías involucrados en el hecho. No obstante, ellos presentaron un recurso de casación y la sentencia bajó a 9 años. Pero los policías, ahora en retiro, fueron liberados en diciembre.

Frente a las denuncias sobre supuestas denuncias sobre abusos de Derechos Humanos, Nelson Arguello, inspector general de la Policía, señala que los casos de esa índole son investigados. “Cuando detectamos que (las denuncias) tienen validez se procede a sancionar de acuerdo al hecho”.

Agrega que la Inspectoría (Asuntos Internos) registra un alto porcentaje de denuncias infundadas, basadas por descontento o “mala fe de alguna persona”.

A ese criterio se suma Fausto Vásconez, presidente de la Asociación de Generales en Servicio Pasivo, quien sostiene que “las sanciones a los malos elementos siempre han existido, pero nadie se preocupa de los derechos humanos de los policías”.

3 uniformados, apresados por supuesto robo

Ocho personas, entre ellos un policía y dos conscriptos que realizan el servicio militar, fueron detenidas porque supuestamente participaban en el asalto y robo a dos personas.

El hecho ocurrió la madrugada del domingo último en las calles Riobamba y Santa Isabel, en el centro de Ibarra, Imbabura. Sin embargo, ya están libres. El juez Cuarto de Garantías Penales de Imbabura ordenó la libertad, luego que el fiscal Pablo Herrera se abstuvo de acusarlos, por “falta de elementos de juicio”, durante la audiencia de flagrancia.

Ayer Lenin Villarreal, jefe de la Policía Judicial de Imbabura, aseguró que en manos de los uniformados se encontraron ocho billeteras de cuero y cinco de tela, una caja con 25 balas (calibre 9 milímetros), seis teléfonos celulares, un tubo de gas lacrimógeno, dinero, entre otros objetos.

El oficial se mostró preocupado por la presencia de un gendarme del servicio de Antinarcóticos, entre los detenidos.

Ellos se movilizaban en un auto Gran Vitara, color blanco. Villarreal aseguró que el caso ha sido remitido a la Fiscalía y a la oficina de Asuntos Internos de la Policía, que se encargará de las investigaciones sobre este caso.

Este no es el primer sumario de un uniformado implicado en actividades ilícitas que ocurre en Imbabura. En diciembre del 2010, agentes de la Unidad de lucha contra el crimen organizado detuvieron al policía Armando D., encargado del rastrillo del Comando de Policía de Imbabura, y al ex policía Franklin D.

En posesión de los hombres se encontraron, por ejemplo, 2 011 balas, calibre 9 milímetros, tres de 7,62 y cinco de 45. También tenían 26 máscaras antigás. Todo este material era de dotación policial y estaba escondido en una vivienda del Barrio La Florida, en el sur de Ibarra.

El proceso judicial en contra de los implicados continúa. De acuerdo con las investigaciones realizadas se señala que las municiones y máscaras tenían como destino los grupos irregulares de Colombia. Villarreal, quien ayer también estaba encargado del Comando de Imbabura, dijo que dialogó con el personal sobre estas irregularidades que se han dado a escala nacional. El oficial dijo que no se permitirá que malos elementos manchen el honor de la institución del orden.

Lamentó la facilidad con que los desconocidos quedan libres por disposición de los estamentos judiciales. “Nosotros investigamos y capturamos a los delincuentes. Pero los jueces y fiscales son los que juzgan y sancionan”. Redacción Sierra Norte

Descrición
¿Te sirvió esta noticia?:
Si (0)
No (0)