La vigilancia policial se reactivó. Ayer, el jefe nacional del Sistema de Protección a Víctimas y Testigos de la Fiscalía, Cristian Lombeida, confirmó a este Diario que 10 familiares de Freddy L. continúan con seguridad de los agentes.
El joven es uno de los sobrevivientes de la masacre que en agosto pasado ocurrió en Tamaulipas, México. Desde entonces, él, su esposa, su hija y 10 familiares más entraron al plan de ayuda.
No obstante, estos últimos fueron excluidos el 29 de mayo, porque -según Lombeida- incumplieron medidas de seguridad.
La mañana de ayer, el funcionario aclaró que el grupo aún tiene protección policial. Pero la asistencia en alimentos, por ejemplo, todavía está en análisis. “Ahora estamos conversando con algunas instituciones del Gobierno Nacional para ver la manera de modificar las medidas integrales de protección y asistencia, pero todavía no está definido nada”.
La decisión se tomó luego de que el sobreviviente se expusiera en televisión (el viernes fue entrevistado en Teleamazonas) y -según el titular del Sistema de Protección- los niveles de vulnerabilidad se elevaron.
Tras la exclusión del programa, los familiares continuaron en la misma casa de Freddy L. Por ello, el subsecretario de Migración, Juan Pedro Peralta, hizo una aclaración: “El hecho que hayan salido del sistema no quiere decir que abandonaron las casas”.
El lunes, funcionarios de la Fiscalía conversaron con la familia de Freddy L. Este hecho fue criticado por William Murillo, ex titular de la Secretaría Nacional del Migrante (Senami) y quien es acusado por el Gobierno de manipular al sobreviviente, incluso para denunciar la supuesta falta de atención a su familia.
Murillo, quien el lunes se encontraba en Cuenca, ayer apareció en una cafetería de la ciudadela Urdesa, en el norte de Guayaquil. Dijo que viajó a esa ciudad, para tener cobertura de medios nacionales y no solo regionales como ocurría en Cuenca.
Allí pidió que el presidente Rafael Correa se disculpara por los ‘insultos’ que le propinó en el enlace del pasado sábado. “Usted Presidente tiene que rectificar. Le aceptaré una disculpa”. Y ratificó que demandará a la actual titular de la Senami, Lorena Escudero.
El ex funcionario de Gobierno sostuvo que el lunes, policías se acercaron a la casa donde está la familia de Freddy L. y que pidieron que firmara unos documentos. “Ellos se negaron a hacerlo, porque no estaban sus abogados presentes. Como no pueden demostrar los miles de dólares que supuestamente les han dado, han tratado de justificar al último”.
El fiscal general del Estado, Washington Pesántez, argumentó que solamente en este caso se han invertido unos USD 70 000.
Pero Murillo indicó que los familiares del sobreviviente no han recibido dicho monto. “Al parecer alguien está desviando fondos del Sistema de Protección de Víctimas y Testigos”. Y pidió a Pesántez que investigara el hecho.
Funcionarios de la Senami también se reunirán con la familia de Freddy L., aunque Escudero no reveló el día, pero sí la intención: “pedir que no se dejen engañar”.
La funcionaria defendió la entrega de viviendas. En la rueda de prensa, Murillo presentó fotografías del sitio donde vive la familia.
En las imágenes apareció una casa con paredes pintadas con colores bajos.
Las escrituras todavía están en trámite, según lo reconocieron las autoridades de Gobierno.
En su pueblo, en el Austro, también vivía en pequeñas casas. Allí, sus vecinos no ven al joven desde julio del año pasado, cuando abandonó el lugar para emigrar a Estados Unidos en busca de trabajo. Su padre se fue a ese país hace ocho años y su madre hace seis. Entonces, Freddy L. quedó a cargo del cuidado, por ejemplo, de sus siete hermanos, de su esposa, de su abuela y tres sobrinos. Al cumplir 18 años, obtuvo su pasaporte, se endeudó en USD 11 000 y se marchó de forma irregular. Las deudas quedaron pendientes. El padre incluso vendió la casa donde vivían y otro familiar accedió a un préstamos.
Ahora -según Lombeida- la familia quiere volver al Sistema, aunque en la entrevista el sobreviviente denunció no haber recibido apoyo alguno. Esa intervención fue canalizada por Murillo, quien ayer presentó un sobre sellado del Banco de Guayaquil. Frente a los medios de comunicación lo abrió y sacó una tarjeta de débito de la financiera.
Como titular el nombre completo de Freddy L. Mientras sostenía el documento explicó que la cuenta la había abierto él como apoderado, pero el titular era el sobreviviente de la masacre.
La apertura se concretó un día antes de que el joven apareciera en televisión. El registro está a nombre de los dos.
En la Senami se presentó un depósito que está dirigido a Murillo. Por ello, Escudero dijo que los recursos económicos son para él. “No abre (la cuenta) ni con mediana inteligencia y está a su nombre y ese es el número que se difunde en Teleamazonas”.
En el cuidado de Freddy L. y su familia están permanentemente policías entrenados en la custodia de testigos y víctimas de la delincuencia y la inseguridad.
Las víctimas
29 agosto 2010
Freddy L. (18 años), sobreviviente a la masacre en Tamaulipas (México), llegó a Quito. 11 días después, sus padres fueron repatriados de EE.UU. para darles protección.
23 octubre 2010
El cadáver del ecuatoriano Telmo Y. (17 años), uno de los 72 emigrantes muertos en Tamaulipas, fue repatriado. Su sepelio fue en Chimborazo.
17 nov. 2010
El cadáver de la ecuatoriana Elvia P. (22 años) llegó a Quito tras ser identificada. Fue sepultada en Tungurahua. Su prima, María T., también murió en Tamaulipas.
10 febrero 2011
El cadáver del cuarto ecuatoriano muerto en Tamaulipas en agosto, Cristian C. ( 19 años), llegó al país. Su sepelio se realizó en Azuay.