20 de August de 2010 00:00

El policía tendrá ayuda psicológica

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Redacción Judicial

Cada vez que Óscar P. cerraba los ojos por las noches, un recuerdo lo atormentaba: el momento cuando disparó su arma de fuego en contra de un sospechoso de robo.

El sargento en servicio pasivo asegura que no pudo conciliar el sueño durante tres meses, pese a que lo hizo en “defensa propia”. Estaba asignado a una zona rural del Guayas. “Recibí una llamada de auxilio. Nos dijeron que una persona ingresó ilegalmente a una casa para robarla y acudí al sitio con mi compañero”.

En el lugar, observaron al desconocido saliendo de la casa con un televisor en la mano. “Le dijimos que se detenga, que estaba arrestado y el hombre nos lanzó la televisión y corrió hacia el río”.

Los gendarmes lo siguieron y, según Óscar P., el sospechoso logró ocultarse en un callejón. “Cuando llegamos al sitio no lo vimos. Solo escuchamos que empezó a dispararnos y nosotros contestamos”. El sargento en servicio pasivo recuerda que durante el cruce de balas una llegó al pecho del joven y murió en el sitio.

“Luego de ese día ya no fui el mismo. Me deprimí; me volví violento y sentí una culpa dolorosa”. En la institución, agrega, me dijeron que las muertes eran gajes del oficio y que debía olvidarlo.

“Eso a cualquier persona común y corriente le afecta psicológicamente y al policía también”, refirió Euclides Mantilla, jefe de la Inspectoría de la Policía.

Para enfrentar este problema, el Ministerio de Gobierno firmó un acuerdo (anteayer) para la aplicación de un nuevo manual de procedimientos. Este incluye la atención mental, física y ocupacional de los policías activos.

Ahora, cuando un gendarme dispare un arma, este deberá ser trasladado a un centro de atención especializado para recibir terapia. De forma paralela, una unidad de la Policía Judicial realizará una investigación para determinar si fue legítimo o no el uso del arma de fuego.

Luego se hará un informe de evaluación con recomendaciones de salud mental y ocupacional “que permitirá determinar la reincorporación del servidor policial a sus funciones regulares o reubicación”, reza en el manual. Mientras el policía esté en tratamiento, se le asignarán actividades administrativas.

Óscar P. asegura que luego de disparar contra el sospechoso en el Guayas, no recibió ninguna atención psicológica ni días libres para tratar su trauma de forma privada. Siguió con los patrullajes y pocos días después del incidente se encontró con el hermano del fallecido. “Fue justo en un puente. No tenía a dónde ir. Lo que hice fue desenfundar el arma y caminar sin demostrar miedo. Por suerte el otro joven pasó con la mirada gacha y sin decir nada”.

Según Mantilla, la institución siempre ha tenido un manual de procedimiento y “salvo casos excepcionales”, los gendarmes lo han respetado. “Ahora, lo que ha hecho el Ministerio con la ONU es actualizar ese manual”. El jefe policial se comprometió a socializar los contenidos en los destacamentos del país.

Ricardo Camacho, asesor de seguridad y DD.HH. de la Cartera del Interior, dijo que también se exigirá a los policías que llenen un formulario internacional, además del parte policial, cuando disparen un arma.

“El formulario es tan bien logrado que se podrá descubrir, por ejemplo, si se mintió en el parte policial con base a las contradicciones que se identifiquen”. Si se da el caso, el Departamento de Asuntos Internos investigará a profundidad “con la nueva tecnología de Criminalística como el microscopio de barrido electrónico que reemplazó a la parafina y da 99,9% de efectividad”, refirió Camacho. “También con el sistema Ibis que permite identificar la bala o la vaina del arma con un 99,9% de seguridad”.

Otro cambio que debe aplicarse en los procedimientos será la forma de trasladar a los detenidos. Estos ya no podrán ser llevados en motocicletas y, además, se debe respetar la integridad física y psicológica. Esto implica no utilizar la violencia.

Además, se transportará como máximo a dos infractores por cada vehículo policial. “Con las debidas seguridades en las puertas (seguro de niños) y bajo custodia”, reza en el manual.

“El policía irá al lado izquierdo del presunto infractor y en caso de existir más de dos infractores o infractoras, se solicitará el apoyo necesario para su traslado, con otras unidades vehiculares policiales”.

Los gendarmes no podrán trasladar a los detenidos en el balde de las camionetas, a menos que la aprehensión se haga en medio de un turba que ponga en peligro la vida de policías o infractor.

Para Óscar P., esto es un avance, pues afirma que cuando él estaba en servicio activo incluso se obligaba a los detenidos a ir en la cajuela de los autos patrulla.

Algunos casos sobre supuestos abusos de la policía

Una agresión en Machala

El 27 de enero del 2008, Carlos Julio Solano fue detenido por la Policía. Los agentes dijeron que el arresto se produjo supuestamente porque Solano ofendió al presidente Rafael Correa cuando este visitó Machala. Agentes del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) lo trasladaron a la fuerza hasta el balde de una camioneta de la institución. Según el acuerdo para aplicar un nuevo manual de procedimientos, los uniformados ya no podrán utilizar este mecanismo para trasladar a un detenido.

Las acciones en Chimbo

El 24 de marzo del 2010, decenas de policías llegaron a Chimbo (Bolívar), para decomisar las armas artesanales que allí se elaboran.

Este hecho produjo un enfrentamiento con los pobladores, que resultados heridos. Los dirigentes pidieron una indemnización al Estado, por las pérdidas causadas.

El Ministerio de Gobierno impulsó un plan productivo para que los artesanos cambien su actividad y se dediquen a construir sillas para las escuelas. Se pretende combatir los índices de inseguridad en el país.

Operativo en Dayuma

El 11 de diciembre del 2007, agentes de la Policía fueron acusados porque supuestamente hubo exceso de fuerza al controlar las manifestaciones en Dayuma, provincia de Orellana.

Los 22 detenidos presentaron las denuncias en la Corte Superior de Sucumbíos. Todos coincidieron en que fueron detenidos por militares y policías armados que les propinaron golpes e insultos en sus casas.

En la versión ante el Fiscal, los afectados contaron que los uniformados pidieron papeles y sustrajeron dinero.

Acción en Guayaquil

Hace seis años, un grupo de policías acudió a la farmacia Fybeca, ubicada en la ciudadela La Alborada, en el norte de Guayaquil, para contrarrestar un robo en curso.

El operativo fue cuestionado porque dejó ocho fallecidos y dos desaparecidos. Según sus familiares, los gendarmes no aplicaron un uso progresivo de la fuerza y dispararon a civiles que habían ido al local para comprar medicinas.

En el 2008, la Procuraduría solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que archive el caso.

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