30 de March de 2011 00:00

La Policía Judicial de Imbabura opera apenas con 16 agentes

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El pasado 27 de febrero fue trágico para Fernanda J. La joven estudiante de 19 años fue víctima de un asalto y secuestro exprés. El hecho ocurrió cuando la ibarreña salía de jurar la bandera en su establecimiento educativo. “Nos fuimos con mis compañeros a pasear y cuando a las 18:30 tomé un taxi para ir a mi casa se desvió de la vía y se subieron tres chicas y me amenazaron con cuchillos”.

Fernanda fue atada de pies y manos, vendada los ojos y maltratada. Tiene cicatrices en sus brazos. Los desconocidos le robaron el bolso y le exigían que entregue los números telefónicos de sus familiares para solicitarles dinero a cambio de su libertad. “Estaba nerviosa y ese rato me olvidé todo. Por eso me golpearon y me dejaron abandonada en un lugar desolado”. La adolescente fue encontrada cuatro días después.

Su madre Ana María puso la denuncia en la Fiscalía Provincial de Imbabura y un agente de la Policía Judicial (PJ) indaga el caso, pero hasta el momento no hay resultados. “Los agentes se demoran mucho tiempo en investigar. Hay que presionarles”, dice la madre, quien está a punto de desistir de continuar con la denuncia. “Hay que agradecer a Dios que le encontramos con vida”, expresa la mujer, de 51 años.

En las oficinas de la Fiscalía en Ibarra apenas laboran 16 agentes de la PJ. Ellos se encargan de aportar con datos para esclarecer un hecho delictivo. Desde el año pasado dependen directamente de los fiscales y tienen un sitio exclusivo para hacer los informes, aunque el lugar no está en óptimas condiciones, para operar.

Antes aquí funcionaba el archivo. Solo disponen de un computador, cuatro escritorios, cinco sillas y una máquina de escribir. Por eso algunos optan por llevar sus computadoras portátiles.

En Quito, el panorama es similar. Los investigadores de la PJ no tienen un espacio para coordinar el trabajo. Los uniformados se reúnen en las mañanas con los fiscales y vuelven a la PJ para planificar el trabajo (foto). El fiscal de Pichincha, Marco Freire, dice que está en marcha el trámite para ocupar un piso del edificio entre la avenida Patria y 9 de Octubre.

El fiscal de Imbabura, Merck Benavides, aclaró que la oficina en que trabajan los investigadores es temporal. “En un plazo máximo de dos meses dispondremos de un nuevo edificio y tendrán el espacio necesario. Además, pueden usar las máquinas de las fiscalías o irse a la Policía Judicial”.

Según Benavides, desde que los agentes son parte de la Fiscalía, el nivel de efectividad se elevó. Explica que al compartir el mismo lugar de trabajo se coordinan mejor las actividades. “Al instante delegamos y nos vamos a trabajar. No hay excusas”.

No obstante, en la Fiscalía hay reserva para entregar información sobre cuántos casos recibe cada agente al mes y de estos cuántos logran resolver. Benavides dice que ese dato es subjetivo, porque cada Fiscal debería destinar tiempo para hacer un análisis y determinar si la investigación que realizó el agente aportó o no en el proceso.

Lenin Villarreal, jefe de la PJ de Imbabura, ensaya una justificación para deslindar responsabilidades cuando un delito no se esclarece. “Tampoco somos adivinos. Hay gente que viene de afuera, comete un delito aquí y se va”.

Un informe interno de la Dirección Nacional de la Policía Judicial revela que al 2009, cada agente recibía 22 casos y apenas resolvía un promedio de 10.

La efectividad de los agentes de la PJ se mide en el número de investigaciones resueltas. “Si presentamos informes con justificativos de que no logramos obtener información en algún caso que estemos investigando no pasa nada. Pero sí merma nuestra imagen”, dice Édison Aguilar de la Unidad de Delitos Energéticos.

El jefe de la PJ asegura que la efectividad de su institución se basa en las labores de inteligencia que en Ibarra ejecutan 10 gendarmes, quienes trabajan directamente con él. Cita ejemplos: “De los 17 vehículos robados que hubo entre enero y febrero recuperamos 10. En delitos grandes tenemos un 90% de efectividad”.

Pese a ello, el oficial reconoce que en delitos menores como robos a personas y a domicilios hay falencias. Subraya que estos son más comunes y los que generan la percepción de inseguridad.

Tanto en la PJ como en la Fiscalía trabajan conjuntamente. El Fiscal Provincial y el Jefe de la Policía Judicial se reúnen por lo menos una vez al mes.

La coordinación entre las dos instancias se estableció en el Código de Procedimiento Penal, que está vigente hace 10 años.

Pese a que ha transcurrido este tiempo, recién se puso en marcha hace tres meses. Mario Segovia, director nacional de Política criminal de la Fiscalía, señala que esta descoordinación precisamente ha provocado en la productividad de los investigadores.

Datos de la PJ sostienen que en Imbabura los delitos contra las personas, como los que sufrió Fernanda J., son frecuentes. En el 2010 se presentaron 171 casos.

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