9 de June de 2011 00:02

‘La Policía élite no es bisturí, sino un machete’

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Luis Enrique Amaya, consultor internacional en seguridad ciudadana

¿Por qué está aquí?

Su experiencia. Sociólogo salvadoreño. Participa en la VII Semana Iberoamericana de Seguridad y Defensa de la Unasur.

Su punto de vista. La ciudadanía también debe contribuir a reducir la conflictividad y la inseguridad. Para eso debe participar a través de mediación de conflictos.

Por la seguridad, en diciembre, el Gobierno ecuatoriano sacó a las calles a patrullas militares. Ante el crecimiento de la delincuencia, desde mayo se sumaron los cuerpos de élite de la Policía. ¿Qué tan acertadas resultan esas estrategias?

Cada país y ciudad tienen condiciones de seguridad distintas. Sin embargo, la experiencia internacional da lecciones generales. Antes de tomar una decisión de Gobierno se debe seguir un proceso ordenado para justificar las acciones. Primero hay que definir la clase de problema y para eso hay herramientas. Hay que considerar que existen varios tipos de violencia y criminalidad. En un extremo está lo incidental y en otro, el crimen organizado.

¿Se puede considerar como indicador el aumento de casos de homicidio?

Cuando existe un incremento en los homicidios, lo primero que debe preguntarse es si corresponden a un accionar sistemático de grupos organizados. Sin eso tampoco se podrá determinar qué medicina conviene.

¿Una decisión como la del Gobierno ecuatoriano solo debiera basarse en certezas?

Si se toman esas decisiones será porque se está convencido de que grupos delictivos fuertemente armados están dedicados al sicariato, asaltos, homicidios. Solo ahí probablemente convenga esa medida. Pero si son asesinatos pasionales, trifulcas, robos a personas, tengo serias dudas de que la Policía pueda resolver aquello. Allí hay que impulsar medidas más de corte social.

En ese sentido, ¿en qué circunstancias, el Gobierno de El Salvador recurrió a esas medidas extremas?

En nuestro país, uno de los problemas más graves son las maras (pandillas) Salvatrucha y 18. Se pensó en un momento que tenían importantes expresiones de vulnerabilidad social y de reivindicación y protesta frente a un Gobierno. Allí debieron utilizarse estrategias de prevención social. Pero estos grupos evolucionaron en su actividad delictiva y avanzaron al crimen organizado.

¿Cuándo se justifica el uso de grupos élite en las calles?

Si empiezan a tener expresiones muy fuertes no veo mal que se usen eventualmente los cuerpos militares. Pero con objetivos precisos, temporalidad concreta y reducida a ciertas áreas geográficas. Me llama la atención ver ahora en Quito una fuerte presencia de grupos de élite, que es parte más bien de las FF.AA. Estas son instituciones que, por su doctrina, tienen enfrente a enemigos y por definición deben ser eliminados. Los grupos de élite no son un bisturí para extirpar sino un machete para exterminar, para dar golpes fuertes. Pero se corre el riesgo que ocurra como en El Salvador, con una cantidad de abusos y denuncias de violación contra derechos humanos.

¿Con este tipo de medidas más bien existe el riesgo de incentivar a que el crimen organizado se fortalezca? ¿De qué manera?

Sí. Cuando se saca a cuerpos que hacen uso eminente de la fuerza, la respuesta de los grupos delincuenciales organizados es fortalecerse. Y lo harán en defensa de su negocio y medio de vida.

En ese aspecto, ¿qué experiencia ha tenido su país?

En El Salvador, entre el 2003 y el 2004, se promulgaron dos leyes conocidas como Mano Dura. Hasta ese entonces ocurrían entre 36 y46 homicidios por cada 100 000 habitantes. Pero en el 2005 subió a 55 y en el 2009, a 71. Una política de seguridad con énfasis en el uso de la fuerza, agravó más el problema.

¿Qué develan estrategias como la de Ecuador?

En mi país había una urgencia política muy importante. Las maras desarrollaban una actividad delictiva que generaba una sensación de inseguridad, que presionaba sobre el Gobierno.

¿A ustedes qué lecciones les dejó el uso de los cuerpos policiales y militares?

Hay que entender que el plan de seguridad no solo depende de los organismos de seguridad, sino es el resultado de la confluencia de una serie de actores de Gobierno y civiles, incluidas las encargadas de impartir justicia.

La visión represiva evidencia la ausencia de una política integral de seguridad. ¿Por qué es importante?

Está comprobado que la deserción escolar, falta de empleo, vivienda, medicinas... son factores de riesgo para que una persona desarrolle conductas antisociales. Solucionar eso no es tarea de la Policía sino de otras instancias. En una primera línea está la prevención social y son responsabilidad de otras áreas de Gobierno y de la sociedad en general.

¿Y qué hacer con las bandas que ya están organizadas?

Hay otras actividades que son más propias del fenómeno de criminalidad organizada. Cuando se quiere golpearlo no conviene lo que hace México. Esa estrategia es de ‘démonos de balazos y gana el que no se ha muerto’.

Entonces, ¿cuál es la estrategia que se debe seguir?

En nuestro país, al crimen organizado lo estamos viendo cada vez más como empresas delictivas. Entonces, la medida es quitarles las cosas, impulsar una fuerte línea de trabajo en investigación patrimonial de incautación. Los grupos organizados viven sistemáticamente y dependen de las ganancias. No solo es cuestión de capturar al líder, sino de quitarles todo.

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