La Policía también cubre los vacíos de la seguridad privada

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Washington Paspuel y Diego Bravo   dbravo@elcomercio.com

En el país existen más de 72 000 guardias de seguridad privada, que protegen a urbanizaciones, empresas, locales comerciales y hasta algunas instituciones estatales. Sin embargo, esta cifra parece no ser suficiente para combatir los delitos.

Esto obligó a que la Policía supla esos vacíos, aunque apenas cuenta con 44 700 uniformados, que también deben cumplir con otras tareas de protección y control antidelincuencial en el país.

La semana pasada, el gobernador del Guayas, Rolando Panchana, estableció la obligación de que los uniformados realicen patrullajes en las ciudadelas de Guayaquil, y sus tres cantones vecinos: Samborondón, Daule y Salitre. La disposición se debe al creciente número de robos a domicilios y la utilización de las urbanizaciones para el narcotráfico.

Tan solo entre el 1 y 12 de marzo, Antinarcóticos allanó cuatro inmuebles dentro de tres urbanizaciones privadas de Guayaquil y de la vía a Daule que servían como bodegas de organizaciones investigadas por tráfico de drogas. En una villa de una urbanización en la vía La Aurora-Pascuales (Daule) los agentes decomisaron 402 kilos de droga.

No obstante, la inclusión de policías en la custodia de urbanizaciones privadas tiene sus contradictores. Según Guillermo Balarezo, comandante del Distrito 8 de la Policía -cuya jurisdicción incluye Guayaquil, Samborondón y Daule-, los argumentos de los administradores para no permitir los patrullajes fue que ya contaban con guardianía privada. Además, que vehículos que supuestamente se hacían pasar como patrulleros cometían asaltos en las villas.

Por ello, de 150 urbanizaciones privadas que existen en Guayaquil, tan solo se permitía el ingreso a un 30% de ellas.

Algo similar ocurre en Quito, en donde las urbanizaciones cuentan con guardias de seguridad privada, aunque aquí existe mayor apertura a que la Fuerza Pública realice patrullajes preventivos y de control.

Para Galo Estrella, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Seguridad Integral (Anesi), los problemas que en las urbanizaciones cerradas radican en que los servicios contratados son inadecuados, por los costos.

En promedio, al mes una compañía de seguridad cobra USD 3 000 por brindar protección 24 horas al día, los siete días a la semana. Estrella cuestiona que los dirigentes de las ciudadelas buscan seguridad con poco personal. "Con cuatro o cinco no se puede proteger a 500 familias en un conjunto".

La Policía todavía no ha explicado cómo distribuirá su personal para patrullar dentro de las urbanizaciones donde antes no lo hacían, sin descuidar otros sectores.

El Distrito 8 de la Policía está dividido en 12 subdistritos y 67 circuitos, según la nueva distribución de la Secretaría Nacional de Planificación.

Hasta enero pasado en el Distrito 8 estaban operativas 49 UPC, según un reporte de la Policía Nacional de ese mes.

La Unidad de Policía Comunitaria del sector El Cortijo, en Samborondón, tiene asignados cinco patrulleros y 10 motos. El personal debe vigilar urbanizaciones privadas de La Puntilla, el centro poblado de Samborondón, y su parroquia Tarifa.

Los uniformados han asegurado que no se descuidarán los controles de las otras tareas, aunque su personal parece corto para poder cubrir todas las necesidades. Esto, porque el personal de las UPC es el encargado de controlar y revisar las urbanizaciones privadas.

Leonardo Salil, representante de una compañía de seguridad privada que brinda custodia a tres urbanizaciones privadas de Guayaquil y Durán, dice que ellos solo cumplen la tarea de agentes de control. "Nosotros coordinamos con la Policía, en base a los requerimientos de la ciudadela", explicó.

Nicolás Jiménez, presidente de la Federación de Barrios de Guayaquil, apoya que la Policía destine sus recursos hacia estos sectores. Para él, este control extra puede beneficiarlos.

En contexto

La Gobernación del Guayas dispuso que la Policía realice controles y patrullajes en las urbanizaciones privadas por los delitos que se cometen. Las empresas de seguridad deslindan su responsabilidad, aunque su misión única es proteger a los habitantes.

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