16 de March de 2011 00:00

La PJ apoya con limitación a la Fiscalía

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El detective cobró USD 6 000 para investigar el crimen de Rosario B. (nombre protegido), pero el agente no avanzó en las investigaciones. El agente contrató tres hombres más y en 90 días apenas accedieron a los mi- crofilms de un banco privado en donde los desconocidos cobraron USD 9 000 de tres cheques que robaron a la mujer de 84 años.

Era el 6 de enero del 2009 y el cuerpo de la víctima apareció en la sala de su casa, en La Gasca, un barrio del noroccidente quiteño.

Dos años después, Martha J., hija de la mujer asesinada, recuerda que tras el crimen ni la Policía Judicial (PJ), ni la Fiscalía realizaron diligencia alguna.

Esto ocurrió pese a que en el artículo 209 del Código de Procedimiento Penal se dice que la Policía informará a la Fiscalía de ‘inmediato’ y de forma ‘detallada’ los hechos delictivos ocurridos y recogerá las evidencias necesarias.En esta norma se especifica que el órgano encargado de investigar los delitos es la Policía Judicial (PJ) y que la Fiscalía dirigirá y controlará el proceso. Pese a que la Ley está vigente 10 años, la coordinación entre las dos instancias no ha funcionado. Eso lo reconocen el Gobierno, Fiscalía, agentes de la Policía y víctimas del delito.

Martha J. cuenta que contrató al detective, precisamente, porque la investigación estaba parada por meses. “Me iba a la PJ y me decían que no pueden hacer nada, porque no tienen la orden de la Fiscalía. Me iba allá y los funcionarios no estaban, no llegaban, se habían enfermado o no me recibían”. Son cinco hermanos y uno de ellos, que estuvo constantemente en la Fiscalía, cerró su consultorio médico, pues perdió clientes por falta de tiempo para atender. Martha J. estuvo a punto de quebrar y enfermó del estrés.

Igual sucede con Carolina L. (nombre protegido). Francisco M., su hijo de 20 años, fue asesinado el 23 de septiembre del año pasado en Cumbayá. Tres hombres interceptaron el auto en el que iba al mercado de San Roque y dispararon contra el joven. Desde ese día, el caso pasó a la Fiscalía y se ordenó al policía Gabriel Q. que investigara el hecho y que presentara el informe en 30 días.

“Le llamo y el agente no me contesta o se hace negar. De la desesperación me fui a la Fiscalía y allí me dijeron que van a poner otro plazo para que entreguen el informe”, cuenta Carolina L.

Por falencias como estas, el 15 de julio del año pasado, el relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, Philip Alston, criticó al sistema penal ecuatoriano y dijo que este es “en un servicio policial que en escasas ocasiones realiza una investigación seria y sustanciada de homicidios y un servicio de investigación fiscal que parece más preocupado por las relaciones públicas”.

El fiscal de Pichincha, Marco Freire, se defiende y dice que se están tomando correctivos. Se refiere a que recién desde este año se destinaron tres policías judiciales para cada fiscal (a escala na nacional son 620).

Un informe de la Policía al que accedió este Diario revela que hasta antes de estos cambios, apenas 319 agentes trabajaban con los fiscales en el país. Ahora son 1860. Pero los investigadores no tienen equipos para operar.

La orden para que los policías trabajen con los fiscales se adoptó sin tomar en cuenta la infraestructura. Los agentes no tienen oficinas ni computadoras. Freire reconoce que “el no tener un espacio físico siempre crea dificultades (para los informes)”.

La Fiscalía recién puso en marcha los trámites, para que los investigadores ocupen el mezanine de un edificio ubicado entre las avenidas Patria y 9 de Octubre. Los policías están molestos. Un oficial dijo que no hay operatividad en el trabajo. “Tienen que estar yendo (a la Fiscalía) y viniendo (a la PJ), para hacer el informe”.

Ayer, un oficial criticó a los fiscales por no ordenar a tiempo las diligencias. “Nos culpan de la lentitud en las investigaciones. Si ellos no nos dicen qué tenemos que hacer, tampoco podemos actuar”.

Y asegura que si las escenas del delito no son cercadas hasta que se recojan todas las evidencias es porque no hay orden fiscal.

En el país ningún organismo controla que funcione la coordinación entre PJ y Fiscalía. Le correspondería a la Judicatura, pero no a esta transitoria, sino a la que se designe de forma definitiva.

El director de Política Criminal de la Fiscalía, Mario Segovia, reconoce que esta falencia provoca que la investigación sea escasa.

De hecho, de 32 casos que en promedio maneja al año cada agente solo resuelve cinco. Martha J. temía que su caso quedara impune. En abril y después de reclamar se inició la investigación penal. Ahora hay tres detenidos.

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