La Policía Judicial (PJ) de Azuay trabaja con limitaciones en personal, equipos y armas. Apenas 16 agentes investigan los delitos cometidos en siete provincias del Austro: Azuay, Cañar, El Oro, Loja, Zamora Chinchipe, Morona Santiago y parte de Chimborazo.
Desde agosto del 2010, la PJ atiende en su nuevo local ubicado en la avenida España y Elia Liut, frente al aeropuerto Mariscal Lamar, en Cuenca. Es una edificación nueva, de dos plantas que se levantó en un área de 300 metros cuadrados y con la cual se consiguió unir todas las dependencias vinculadas a la institución.
Por ejemplo, antes la Unidad de Criminalística funcionaba en otro sector de la Cuenca, en un inmueble rentado. Si bien mejoró la imagen, este quedó pequeño para agrupar a las dependencias, sin contar que aún falta espacio para los departamentos de medicina forense y otros.
La infraestructura mejoró, pero hay quejas por la lentitud de las investigaciones. Solo 86 policías tiene la PJ en Azuay y apenas 16 están capacitados para investigar. Aparte la jefatura de la PJ delegó un agente para cada uno de los 22 fiscales.Ellos también distribuyen su tiempo en tareas administrativas, oficina de pasaportes, recepción de delitos, operativos y diligencias procesales. Pero tampoco estos agentes son estables, sino que rotan –en el mejor de los casos- cada dos años a otras provincias.
Según las estadísticas de la PJ, solo en Cuenca en el 2010 se registraron 417 denuncias por robos a domicilios y 41 asesinatos y homicidio, entre otros. Pero no hay cifras de los casos resueltos por la PJ en Azuay. No obstante, un informe al que accedió este Diario señala que al 2009 cada agente recibía un promedio de 23 casos anuales y solo resolvía 8.
Por ejemplo, ha transcurrido más de un mes del asesinato del conocido empresario cuencano y vicepresidente de la Cámara de Comercio, Fausto Malo, de 47 años, en su casa y no se conoce detalles de los posibles autores.
Tres agentes de la PJ apoyan en la investigación al fiscal. Se conoció que ante la falta de resultados, investigadores sobre delitos de Chile llegaron al país para identificar a los responsables. En diciembre pasado, Manuel Enrique Fárez, chofer de la Cooperativa Turismo Oriental, murió tras recibir un disparo cuando era asaltada la unidad que conducía a pocos kilómetros de Cuenca.
Familiares de la víctima contaron que no han tenido ninguna respuesta de los agentes delegados para investigar el caso. Según Carlos Vázquez, presidente de la Cooperativa, hace dos años desconocidos ingresaron a las oficinas de esta empresa y se llevaron USD 4 000 y no los recuperaron.
Edwin Tobar, jefe de la PJ, admitió que tienen escaso personal y alta demanda de atención. Por eso, un solo agente acude a varios hechos delictivos.
Para Iván Saquicela, fiscal de Cuenca, el agente procede bien en la toma de pruebas técnicas del delito, pero hay ocasiones que no está presente en las audiencias frente al fiscal y al juez (por falta de tiempo o porque están fuera de la ciudad investigando otros casos). Por eso, estas se declaran fallidas.
Sin bien el fiscal dirige la investigación criminal y penal desde una óptica jurídica, los agentes de la PJ lo hacen desde conocimientos pragmáticos de lo que es investigación. Esos últimos resultados utiliza el fiscal como pruebas en una audiencia de juzgamiento.
El Código de Procedimiento Penal determina que los informes de los peritos (policía) deben ser sustentados delante del Juez para que tengan validez judicial. “Si el perito no está presente en la audiencia no se acepta la prueba”.
Según Tobar, por más que quieran hacer el trabajo, “humanamente no podemos, no somos negligentes, tenemos pocos uniformados”, precisó Saquicela.
Por la cantidad de delitos que se registran, las autoridades policiales calculan que esta provincia necesita por lo menos 150 agentes especializados en investigación criminal y delictiva.