Los nombres se repiten. En la terna que ayer presentó el Ejecutivo con los candidatos para formar el nuevo Consejo de la Judicatura (CJ), nuevamente apareció Paulo Rodríguez. Actualmente, él dirige el Consejo Transitorio que el año pasado comenzó la denominada reestructuración de la Justicia.
En esa lista oficial también constan Glenda Calvas y Alejandro Subía. Con ellos, 15 aspirantes buscarán cinco cupos en el CJ.
Completadas las ternas, los candidatos tienen cinco días para enviar a la Secretaría del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) los documentos personales. Allí deben constar la hoja de vida, certificados que acrediten el ejercicio de la Judicatura o docencia universitaria por el lapso mínimo de 10 años y el título de tercer nivel en Derecho.
Pero Rodríguez es ingeniero en Telecomunicaciones. Sin embargo, en el artículo 6 del Reglamento para la designación de vocales se advierte que pueden acreditar “ramas académicas afines a las funciones propias del Consejo”. Y no se dan mayores explicaciones.
De las ternas presentadas por la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Defensoría Pública, Asamblea y Fiscalía, al menos tres juristas que encabezan esas nóminas tuvieron relación con este Gobierno.
Por ejemplo, Gustavo Jalkh, propuesto por la CNJ, fue secretario particular del presidente Rafael Correa y renunció a su cargo apenas este lunes. También están un ex Ministro de Justicia y una ex Viceministra de esa Cartera de Estado (ver cuadro adjunto).
Junto con Jalkh, el alto Tribunal propuso a la jueza Lucy Blacio, aunque ayer hubo cambios.
En un comunicado remitido por la Corte Nacional se dice que Blacio se excusó de concursar y en su lugar se postuló a la también jueza nacional Gladys Terán.
“Por la carga laboral que mantengo como jueza nacional y el compromiso que he asumido en tan digno nombramiento me es imposible aceptar la postulación a la cual he sido nominada”, dijo Blacio, según el informe oficial.
El proceso de designación
Un grupo de siete expertos delegados del Consejo de Participación verificará si los candidatos cumplen con los requisitos mínimos, como idoneidad y probidad.
Entre las prohibiciones para concursar está, por ejemplo, mantener contratos o concesiones con el Estado o tener juicios pendientes por pensiones alimenticias o deudas con el Servicio de Rentas Internas (SRI).
Luego se pasará a una etapa de impugnación. El artículo 15 del Reglamento de Selección explica que serán rechazadas las objeciones que “incumplan los requisitos indicados”.
Incluso se advierte que se rechazarán las objeciones que “no tengan relevancia pública” o cuando afecten a derechos constitucionales del candidato impugnado.
Las impugnaciones se formularán por escrito, con firma de responsabilidad y se fijará un correo electrónico para la notificación.
El artículo 179 reformado de la Constitución señala que la selección de los vocales de la Judicatura se hará en un proceso público de escrutinio e impugnación.
En este cambio, que fue aprobado en la Consulta Popular del 7 de mayo de 2011, se explica que el organismo será presidido por el delegado de la Corte Nacional.
Esto dejó sin efecto el concurso público de méritos y oposición en el que se puntuaban logros académicos y conocimientos.
El tramo final de los vocales
Al actual Consejo de la Judicatura le quedan 60 días de funciones. En enero próximo se terminarán los 18 meses aprobados en la Consulta. La información difundida en su página web señala que 187 obras de infraestructura están en ejecución o se han programado a escala nacional.
Según esos datos, la mayor cantidad de edificios se encuentran en Guayas (22). Le siguen Manabí (17), Pichincha (14), El Oro (13), Azuay y Esmeraldas con 10 edificaciones cada una…
Otras tareas programadas y que deberán entregarse tras cerrar esta administración tienen relación, por ejemplo, con la contratación de jueces y la evacuación de los juicios represados.
Los principales hechos durante la selección del Consejo de la Judicatura
03/10/2012
El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana (foto) aprobó el Reglamento para la designación de los cinco miembros del Consejo de la Judicatura. La norma consta de 21 artículos. Se derogó el anterior Reglamento en que se realizaba un concurso de méritos y oposición.
20/10/2012
La veeduría que acompañará la selección de la nueva Judicatura quedó integrada con 77 personas. En la primera sesión se nombró a Luis Manuel Quispi como coordinador nacional. Héctor Cedeño, Richard Mora, Jemmer Alarcón y Segundo Espín son los organizadores.
22/10/2012
Fernando Cedeño, presidente del Consejo de Participación Ciudadana, envió a las funciones Ejecutiva y Legislativa, a la Corte Nacional, a la Fiscalía General y a la Defensoría Pública, el pedido para que en 10 días hábiles envíen los nombres de los candidatos al organismo.
29/10/2012
El fiscal Galo Chiriboga anunció a Tania Arias, Irene Pesántez y Rosa Elena Jiménez como sus representantes (foto). Se presentó una agenda de trabajo que prioriza la lucha contra la violencia de género, el consumo de drogas y narcotráfico y el crimen organizado, entre otros.
23/10/2012
Desde este día, las Funciones del Estado comenzaron a recibir las notificaciones para la participación en este proceso. Además, se informó sobre los requisitos necesarios y las inhabilidades que la Constitución y el Reglamento establecen para los postulantes.
06/11/2012
En el último día de plazo, el Ejecutivo envió al Consejo de Participación la lista con sus tres delegados: Paulo Rodríguez,Glenda Calvas, Alejandro Subía. Carlos Ramírez, titular de la Corte Nacional, nombró a Gladys Terán en reemplazo de Lucy Blacio. Ella se excusó.