La muerte de la entonces directora de la Penitenciaría del Litoral, Soledad Rodríguez, impulsó a su familia a luchar contra el sicariato y el crimen organizado.
El crimen se produjo el 27 de abril del 2007. Rodríguez recibió cuatro disparos cuando realizaba unas compras en una tienda cerca de su casa, en las calles 21 y Oriente, en el suburbio de Guayaquil.
Se detuvo a los implicados, pero se liberó a los supuestos autores intelectuales. La familia presentó un recurso de casación ante la Corte Nacional de Justicia, para que se revise la absolución de los inculpados. El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos critica la impunidad en el caso.