Tres hombres de Oriente Medio detenidos en Quito la madrugada del 10 de marzo se declararon culpables de proveer apoyo material a la organización terrorista Tehrik-e Talibán Pakistán(TTP).
Los tres fueron aprehendidos, junto a 63 personas de Oriente Medio, en cuatro barrios de la capital, durante el operativo llamado Crepúsculo, desplegado por la Dirección General de Inteligencia de la Policía. Apenas tres días después de esa redada, seis personas fueron deportadas a EE.UU., porque sobre ellas pesaban órdenes de captura de la Interpol.
Según las investigaciones realizadas por la Policía, ellos supuestamente tenían nexos con la organización terrorista Al Qaeda. Los enviados a EE.UU. fueron Ali A., Muhammad A., Yaee D., Irfan U., Qasim A. y Yousaf Z. El caso se manejo con sigilo en Ecuador, hasta que ayer hubo novedades.
El Departamento de Justicia de EE.UU., a través de la Oficina de Asuntos Públicos, informó que Irfan U., Qasim A. y Yousaf Z. admitieron su culpabilidad en una audiencia ante el juez de Distrito John D. Bates, en Washington DC.
Los tres “aceptaron que entre el 3 de enero y el 10 de marzo de este año, conspiraron para proveer apoyo a la TTP en la entrega de documentación falsa a otro integrante de la organización”.
En esos días, se encontraban en Ecuador. “Los acusados trataron de introducir de contrabando a los Estados Unidos a alguien que, al parecer, es miembro de una organización terrorista”, dijo el fiscal general adjunto de la División Criminal, Lanny A. Breuer.
“Estaban dispuestos a poner en peligro la seguridad del pueblo estadounidense. Las operaciones de contrabando de seres humanos presentan un riesgo grave para la seguridad nacional”.
En Ecuador, Inteligencia determinó en marzo que los extranjeros estarían vinculados al tráfico de personas. En EE.UU., la sentencia está prevista para el 9 de diciembre próximo: los sospechosos podrían pagar una condena de 15 años de cárcel y una multa de USD 250 000.
Las declaraciones de culpabilidad fueron anunciadas por la secretaria de Justicia Auxiliar de Seguridad Nacional, Lisa Mónaco; el fiscal general adjunto de la División Criminal, Lanny A. Breuer; el fiscal del Distrito de Columbia Ronald C. Machen Jr.; el director de Inmigración y Aduanas de EE.UU., John Morton; y el agente especial a cargo de la División de Miami del FBI, John V. Gillies.
“El caso pone de relieve la amenaza planteada por las redes de tráfico de seres humanos, que facilitan los viajes terroristas”, manifiesta Mónaco. “Agradezco a los agentes y fiscales que fueron responsables de este éxito de la investigación”, agrega.
Según el fiscal de Columbia, los paquistaníes “estaban dispuestos a utilizar su red de contrabando de seres humanos para ayudar a una hoja de terroristas a través de nuestra frontera sin tener en cuenta las consecuencias. Diez años después del 9/11, este caso nos recuerda que debemos permanecer alertas para detener a los terroristas que se infiltren en nuestra patria para hacer daño”.
La investigación fue realizada por las oficinas de Investigación de Seguridad (HSI) en Quito y Atlanta, así como por la División en Miami del FBI y la Policía de Ecuador, según el comunicado de la Oficina de Asuntos Públicos.
El Departamento de Justicia refiere que en el caso también intervinieron la División Criminal de Asuntos Internacionales de EE.UU., la Interpol, la Aduana y la Embajada de EE.UU. en Quito. “El Gobierno de Ecuador entregó una ayuda inestimable”, destaca.
Los otros detenidos, el 10 de marzo en Quito, no fueron enviados a EE.UU. 23 pidieron refugio.