5 de December de 2012 00:01

Panfletos son pruebas contra ‘Los 10 de Luluncoto’, acusados por terrorismo

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Nunca llegó al bautizo. Tampoco contestó el celular. Tres horas de espera y cuando faltaba un poco para la medianoche, Fadua llamó a su madre y apenas alcanzó a decir que estaba detenida y que en ese momento los policías la llevaban a las celdas de la PJ.

Era la noche del 3 de marzo pasado. La fiesta a la que los padres de la joven asistieron se interrumpió bruscamente y ellos salieron.

El pastel del bautizado se quedó sobre la mesa. Se subieron a dos carros y la fueron a buscar en los calabozos. Los únicos que allí estaban eran periodistas que esperaban “a unos sospechosos”. Se referían a Fadua y a otras nueve personas que a las 16:00 de ese día fueron arrestadas en un condominio de Luluncoto, un barrio en el suroriente de Quito.

La madre de Fadua tiene el mismo nombre y su padre es Carlos Tapia. No están solos. El jueves, en un departamento del norte, se reunieron con familiares de otros dos detenidos. Los muebles de la sala están llenos de folletos.

En su pasta celeste aparecen las fotos de “los 10 presos de Luluncoto”. En 24 páginas se detalla lo que son: auditores, estudiantes, odontólogos, ingenieros, sociólogos, etc. La mayoría cursó estudios en universidades estatales.

Pablo Castro fue presidente de la FESE (Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador), Luis Merchán secretario provincial de esa misma organización en Guayas; Ana Campaña fue candidata a la Presidencia de la FEUE-Quito. Víctor Vinueza fue vicepresidente de la Asociación de empleados de la Facultad de Filosofía de la U. Central, etc.

Vinueza tiene tres hijos y el último está por cumplir 5 años. Lo único que le dijeron al niño es que su padre está en la cárcel, pero por trabajo y que allí consiguió un puesto. En realidad, tras el arresto perdió su empleo de 24 años: es sociólogo, pero laboraba de conserje en la Facultad de Filosofía.

Pablo Castro también tiene un hijo. La última vez que lo vio apenas había cumplido un mes y ahora está por llegar su primer cumpleaños. Karina Simbaña es su esposa. Ella y el niño van todos los miércoles a visitarlo en el Centro de Detención Provisional, donde está preso. Le llevan caldo de patas, papas con cuero y bastante ensalada. Esas comidas le gustan.

La primera ocasión que Simbaña fue al CDP lo hizo sola. Esperó cinco horas para poder entrar.

Se encontró con su esposo en un patio donde los internos esperan las visitas. Comieron juntos y luego la llevó a su celda. Allí le contó que dormía en el piso. Cinco personas compartían el estrecho cuarto donde apenas había dos literas construidas con cemento.

Acusados de terrorismo

El 25 de julio pasado, en una audiencia que se desarrolló en el juzgado X de lo Penal de Pichincha, el fiscal José Jaramillo acusó a los 10 por supuesto terrorismo.

Según el investigador, en el departamento donde fueron detenidos se hallaron hojas con escritos sobre “llamadas (para alertar) de explosivos”, bombas panfletarias y papeles en donde se menciona al denominado Grupo de Combatientes Populares (GCP).

También “imágenes, logotipos y textos de corte ideológico” similares a los que aparecieron tras las explosiones de las bombas.

La Fiscalía relacionó las supuestas evidencias recogidas en el condominio con seis estallidos registrados entre el 17 y el 22 de noviembre del 2011 (ver cuadro).

La Policía sostiene que en las tres explosiones ocurridas el 19 de noviembre de ese año se recuperaron dos escritos. Uno de esos papeles tiene mensajes contra la visita al Ecuador del presidente colombiano Juan Manuel Santos y un dibujo de este mandatario enternado y rodeado de cráneos.

Según la Fiscalía, una imagen similar encontraron en un blog de Royce Gómez, quien también está detenido en este momento.

Los uniformados elaboraron presentaciones y allí se refieren, por ejemplo, de la estructura del GCP, de los comandos provinciales y cantonales. Hablan de la misión de este grupo: “toma del poder del Estado mediante la insurgencia y la lucha armada”.

Bajo este escenario, a las 08:50 del próximo lunes se iniciará la audiencia de juzgamiento en contra de los 10. Será en el Tribunal Tercero de Garantías Penales.

Antes, el 7 de agosto ellos interpusieron un recurso de nulidad del proceso. Pero la Tercera Sala Penal de la Corte de Pichincha lo analizó y lo desechó.

Incursión de los policías

De las 10 personas investigadas en este caso, siete son hombres y tres mujeres. Los primeros permanecen en el CDP y las dos mujeres en la prisión de El Inca.

Fadua se halla libre, aunque cada semana debe presentarse ante un juez. En las celdas de la PJ permaneció apenas 12 horas. Por su embarazo, los jueces ordenaron arresto domiciliario.

El jueves, ella recordaba las escenas de ese día. Dice que los 10 apenas habían llegado al departamento de Luluncoto, cuando oyeron un estruendo y “unos 20 policías encapuchados tumbaron la puerta”. Recuerda que tenían armas largas, que les apuntaron y que les dijeron que se tiraran al suelo. “A las mujeres nos metieron a una habitación y a los hombres les hicieron esperar en los pasillos. Pero nosotros solo estudiábamos la Constitución”.

La Policía tiene otra versión. Indica que recibieron “una llamada de una mujer que por temor a represalias no se identificó” y que en la habitación “se iba a llevar a cabo una reunión preparatoria de actos violentos por parte del GCP”.

Ayer, este Diario habló con un policía que estuvo en esos operativos. Él contó que incursionaron unos 20 uniformados de fuerzas de élite, que no los maltrataron y que tenían las órdenes de allanamientos y de detención en contra del grupo.

A las 15:30 de ese día, Ramiro Vinueza habló con su hermano Víctor. Le enseñó cómo iba la construcción de su casa, en un terreno aledaño a su vivienda y se despidió. Únicamente le indicó que en ese instante se iba a una reunión “con unos amigos”.

Karina Simbaña también sabía que su esposo tenía una cita con conocidos. En la noche, él debía llegar a la casa de su suegra para encontrarse con su esposa y otros familiares. Tenían una cena por el año del fallecimiento de la abuelita de Karina. Jamás llegó.

La rutina de la mujer cambió tras el arresto. Ahora cuida a su sobrina, imparte tareas dirigidas a una niña de su barrio. Por esos trabajos gana unos USD 150 al mes.

Con eso suple lo que su esposo dejó de recibir en su empleo.

Pablo era jefe de saloneros y ayudaba en el cyber de su padre.

Las cosas se empeoraron 54 días después del arresto de su esposo. La Policía allanó la casa de su suegra en el sector de Llano Chico, un sector en las afueras de Quito.

La mujer estaba sola y luego le contó que los agentes tumbaron la puerta y entraron.

Eso hizo que la presión se elevara, aunque luego controlaron su estado con medicamentos.

Hubo ocho allanamientos más. Ocurrieron en Quito, Cuenca, Ibarra y Esmeraldas. A la casa de Fadua también entraron.

Lo hicieron de madrugada. Sus padres recuerdan que cuando se despertaron los policías y una fiscal estaban en el interior del dormitorio, dijeron que se levantaran y comenzó la inspección.

Informe de DD.HH.

La Comisión Ecuménica  de Derechos Humanos realizó un informe psicosocial a  los 10 detenidos   y a sus familiares.    

Según el documento   presentado por este organismo,  Abigaíl Heras, Royce Gómez, Luis Merchán, Santiago Gallegos, Fadua Tapia, Javier Estupiñán y Pablo Castro presentan “sufrimiento mental severo y depresión”.  

A uno de los hijos  de los  detenidos  se le diagnosticó “inmadurez   psicomotriz”  con retraso de 11 meses y retraso de lenguaje en 1 año 6 meses.
En el informe se detallan  también supuestas violaciones a los derechos  de los sospechosos y sus familias. DD.HH.  cuestiona la aprehensión del grupo.

Clic aquí para ver la infografía

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