Los líderes indígenas de La Cocha (Cotopaxi) lograron un triunfo jurídico. El presidente de la Corte Provincial de Justicia de Cotopaxi, Amador Herrera, revocó la orden de prisión que existía en contra de Jaime C., Blanca M. y Ricardo Ch.
Los tres son investigados por el Ministerio Público por supuestamente torturar y retener de forma ilegal a los cinco supuestos responsables de la muerte de Antonio Olivo, ocurrida la noche del 9 de mayo en Zumbahua. Entre ellos Orlando Q., quien fue sentenciado a la pena de muerte. Él más tarde fue liberado y se entregó a la justicia ordinaria, junto con los otros procesados.
Desde la cárcel dijo que los dirigentes lo obligaron a declararse culpable de la muerte. El juez segundo de Garantías Penales, Vinicio Santamaría, ordenó la detención de los comuneros y el pasado viernes se realizó la audiencia de formulación de cargos. Allí, el juez tercero de Garantías Penales de Cotopaxi, José Luis Segovia, ratificó la orden de prisión aduciendo que hubo un delito grave.
La decisión no fue bien recibida por los otros dirigentes indígenas y pobladores de las comunidades de Cotopaxi. Ellos protestaron fuera de la Fiscalía.
La asambleísta por Pachakutik, Lourdes Tibán, aseguró que los acusados no cometieron un delito. “Aplicaron la justicia indígena, tal como lo garantiza el artículo 171 de la Constitución”.
Según esa norma, “las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio, dentro de su ámbito territorial”.
Pero el fiscal general, Washington Pesántez, dijo que el mismo artículo establece que las tradiciones ancestrales deben aplicarse siempre que no sean contrarias a la Constitución y a los DD.HH. “Por eso los dirigentes deben ser procesados por la Justicia”, refirió el fiscal Pesántez.
El presidente de la República, Rafael Correa, en su enlace sabatino del 29 de mayo, lo respaldó. Aseguró que la justicia indígena debe aplicarse solo en casos internos (delitos menores), pero no para sentenciar a personas sospechosas de asesinato o violación.
En la Corte Provincial de Justicia de Cotopaxi se informó que la liberación de los procesados se dio por petición de los abogados defensores. Ellos presentaron un recurso de amparo que fue aceptado. Pero eso no implica que los dirigentes hayan sido absueltos de los cargos. “ El proceso sigue, solo que no estarán detenidos mientras la Justicia los investiga”.