24 de May de 2010 00:00

La oralidad tiene trabas en los juicios

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Redacción Judicial

En 38 días, la aplicación de la oralidad en los juicios laborales cumple 6 años y su efectividad es cuestionada. Desde el 1 de julio del 2004, con la vigencia del nuevo sistema procesal, en el Código de Trabajo se dispuso que máximo en 20 días, contados desde la recepción de la demanda, se realice la audiencia definitiva. Y que 10 días después se emita sentencia. Pero hoy el usuario espera hasta 19 meses para la primera audiencia.El juez segundo de Trabajo, Luis Silva, reconoce que la oralidad ayudó, pero únicamente en el primer año de aplicación. “Como era un trámite nuevo había una o dos causas cada día y evacuábamos fácilmente. Sin embargo, después ingresaron 30, 40, 50 y hasta 60 casos diarios”.

A esto se suma que las audiencias se prolongan hasta 11 horas.

En agosto del año pasado, por ejemplo, el juez primero de Trabajo, René Coronel, recibió un caso de despido intempestivo. La primera comparecencia de las partes comenzó a las 09:00 y se terminó a las 22:00. El martes 11, la recepción de versiones en el juzgado Cuarto de Jhen Rivadeneira se extendió desde las 08:30 hasta las 13:30.

Esto ocurre -sostienen los jueces- cuando las partes convocan hasta 10 testigos y cada uno puede actuar sin límite.

Con base en esto, Coronel dice que no hay tiempo para despachar y que la secuela inmediata es el represamiento de juicios.

Julia C. recuerda que hace un año la audiencia solicitada por su abogado duró siete horas y media. Su empleada la demandó porque “supuestamente no le había pagado los décimos sueldos”. La señora cuenta que ella llevó a seis vecinos y dos empleadas más que trabajaban en el sector. “Yo veía que otra gente también esperaba, para que el juez atendiera. Solamente en nuestro caso prácticamente se fue todo el día”, recuerda.

Por eso, en el 2005, verbalmente, los judiciales pidieron a la hoy Corte Nacional de Justicia y al Consejo de la Judicatura (CJ) que se creen más juzgados para evacuar los juicios acumulados.

Cuatro años después, el asambleísta Andrés Páez llamó a los vocales de la Judicatura a la Comisión Legislativa de Justicia, para que explicaran el tema y solamente en febrero último crearon dos juzgados, que en Quito se sumaron a los cinco existentes.

En el 2004, Páez fue el autor de esta reforma laboral. Según el legislador, el problema no es del sistema oral en sí, sino “es consecuencia de la negligencia dolosa con la que ha actuado el CJ”, para no nombrar más jueces.

Páez incluso dice que de no corregir las falencias, la oralidad “se torna inaplicable”. El experto laboral José Andrade coincide con él y también culpa de los problemas a la “poca iniciativa (del CJ), para cubrir la falta de recursos”.

El presidente de la Judicatura, Benjamín Cevallos, reconoce los inconvenientes y añade que la oralidad funciona a medias. “No tenemos grabadoras, ni filmadoras para este tipo de procesos”.

Según el funcionario, aquello ocurre por la falta de dinero, para -entre otras cosas- abrir más oficinas jurídicas en todo el país.

En este año, el CJ maneja USD 233 millones, pero USD 226 millones se destinan exclusivamente para sueldos del personal.

Andrade cree que una salida para agilizar los trámites es dar a los Inspectores del Ministerio de Trabajo la facultad para que, con poder de ejecutar sentencias, conozcan demandas por montos menores o desacuerdos entre los patronos y los trabajadores.

En Quito trabajan 16 inspectores, pero ellos también dicen tener una sobrecarga laboral.

Hasta el mediodía atienden hasta 10 audiencias cada uno y en la tarde absuelven consultas laborales. Por ahora, la única función de la Inspectoría de Trabajo es mediar entre las partes, pero no pueden poner sanciones.

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