Seis asesinatos en cuatro días y tres de ellos con armas de fuego. Ocurrieron hace 15 días en Quito. La Marín, zona céntrica de la capital, fue uno de los escenarios. Cuatro armados dispararon en la cabeza y mataron a un hombre que sacó dinero de un banco.
Hasta ayer, la Policía no registraba detenidos y los parientes del fallecido esperaban que hoy se reconstruyan los momentos en que fueron atacados.
Los familiares tienen preguntas: ¿por qué la Policía no actuó rápido pese a que estuvo cerca?, ¿dónde estaban los militares?
Un familiar de la víctima dijo que nadie responde. Precisamente desde el 28 de abril del 2011, el control del armamento está a cargo de los soldados. Ese día, el Ejecutivo derogó el Acuerdo Interministerial 001 suscrito por los ministerios de Defensa y del Interior y dispuso que la Policía abandone esas tareas.
Un informe del Comando Conjunto de FF.AA. señala que de enero a septiembre pasados, 15 083 militares decomisaron 943 armas en el país. Fuentes del Ejército señalaron que esta es una cifra exitosa, aunque reconocen que pueden haber sectores que digan lo contrario.
Desde el 2011 la mayoría de muertes en el país se produce justamente con pistolas o revólveres, según el denominado Estudio del Homicidio levantado por la Policía Judicial (PJ).
Ese año, de 2 345 asesinatos, 1559 ocurrieron por esa vía. De enero a agosto del 2012, en el país hubo 1 326 muertes. 840 se produjeron con armas de fuego.
El reporte policial dice que en ocho meses de este año las provincias más afectadas son Guayas, Pichincha y Esmeraldas.
Casi en el mismo período, 463 militares desplegados en esta última provincia se incautaron de 17 armas, mientras que en Pichincha sumaron 164 y Guayas 126 artefactos.
En la muerte de La Marín, familiares del fallecido vieron como los sospechosos sacaron pistolas y comenzaron a disparar.
Un hermano recuerda que con los USD 21 000 que retiró del banco el día en que ocurrió el asesinato, la víctima iba a levantar una casa para sus 11 hermanos. “Eso se acabó. Mis padres nos repartieron el dinero y ya no habrá casa. Él era el mayor e iba a encargarse de la construcción”.
Tras la muerte, los padres del agricultor, de 38 años, se fueron a vivir a otra provincia por temor. “El otro día llamaron a amenazarme. Tenemos miedo”.
La veeduría internacional
El veedor internacional a la reforma judicial Baltasar Garzón recomendó el no uso de las FF.AA. en tareas de seguridad interna. Ayer, el ex juez español presentó su tercer informe y allí incluyó este tema.
En la recomendación número cinco, planteó también la no utilización de los militares en temas de investigación, “excepto en casos de fuerza mayor o situaciones extraordinarias que deberían estar marcadas por ley, en la Constitución”.
Añadió que, en caso de pedir la colaboración de los militares, se deberá garantizar una preparación para investigación criminal y la persecución del delito.
Luego aseguró: “Si FF.AA. van a desarrollar una actividad relacionada con la seguridad interna del Estado y si eventualmente van a apoyar en las investigaciones criminales, debe haber un estatuto que establezca límites”.
En el artículo 158 de la Constitución se determina que “las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad territorial”. Mientras que la “protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones privativas del Estado y responsabilidad de la Policía”.
En el acta de la reunión con los militares hay más datos y se dice que “es necesaria una readecuación de las capacidades estratégicas (FF.AA)… por lo que deben revisar la organización, la estructura, el control de las operaciones y conducción estratégica”.
En el caso de la muerte de la Marín, lo que se preguntan los familiares es ¿quién los va ayudar? Han pensado hablar con Garzón. “Antes nos llevábamos bien porque mi hermano nos unía a todos. Ahora cada quien se ha alejado por su cuenta”, manifiesta un pariente. Los padres de la víctima sufren del corazón y su situación médica empeoró…