21 de June de 2011 00:02

La ONU examinó a la Policía por crímenes

Compartir
valorar articulo
Descrición
Indignado 0
Triste 0
Indiferente 0
Sorprendido 0
Contento 0

‘En Ecuador hay casos graves de ejecuciones ilegales cometidas por policías”. La conclusión es del relator especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, Philip Alston, y consta en su informe final de la visita a Ecuador, entregado al Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.

Al funcionario le inquieta la variedad de cifras proporcionadas por las autoridades oficiales sobre casos de homicidios perpe-trados por agentes de esa Fuerza. El Ministerio del Interior dio cuenta de que “27 personas habían muerto a manos de la Policía entre 2000 y 2009”.

En la Inspectoría de la Policía, unidad que investiga a los agentes, le informaron que agentes de la institución supuestamente fueron responsables de 104 muertes entre el 2005 y el 2010.

Sin embargo, en la Coman-dancia de Policía le informaron que en ese mismo período, 2005-2010, se registraron 83 casos de muertes causadas por la Policía, “de las cuales 36 ocurrieron durante operaciones policiales y 47 fueron accidentes, casos de conflictos familiares o personales o casos relacionados con el abuso del alcohol. Al parecer, las 36 muertes ocurridas durante operaciones policiales se produjeron en intercambios con los delincuentes”, precisa Alston.

Según la Inspectoría, tres homicidios fueron registrados en el 2005, siete en el 2006, 21 en el 2007, 15 en el 2008, 28 en 2009 y 16 a junio del 2010. “Los funcionarios desconocían si el número de muertes había aumentado un 900% o si ese crecimiento se debía solo a que habían mejorado los registros”, dice el Relator.

El general Wilson Alulema, jefe de Estado Mayor de la Policía, prefiere no comentar sobre el informe final publicado por la ONU. “No debemos ahondar en ese tipo de cosas, que pasaron hace mucho tiempo”, sostiene.

No obstante, muestra preocupación por la ola de violencia que vive el país. “Todo lo que digamos nosotros da igual, porque igual dicen no. Siguen los delitos y siguen los crímenes. Entonces, que sigan aumentando de tal manera, que nosotros seguiremos trabajando”.

Alston clasifica en cuatro modalidades las presuntas muertes a manos de policías ecuatorianos. La primera está“relacionada con la labor policial”: incluye casos “de torturas durante supuestos interrogatorios y de presuntos delincuentes que podrían y deberían haber sido detenidos”.

La segunda es la “implicación de la Policía en asesinatos contratados. Podría deberse a conexiones de la Policía con la delincuencia organizada o a la búsqueda de una segunda fuente de ingresos por los agentes involucrados. Me llegaron denuncias de la implicación de la Policía en asesinatos contratados en Los Ríos, así como en el homicidio de un hombre de 23 años en Lago Agrio, cometido el 8 de marzo del 2010”.

La tercera forma sería la “participación de la Policía en grupos de limpieza social. Policías de todo el país negaron cualquier participación en actividades de limpieza social. Sin embargo, no cabe duda de que sí han participado, como lo demuestra el ahora tristemente célebre caso de JRG, muerto a tiros por la Policía el 20 de febrero del 2010. Más tarde se descubrió que JRG era agente de Policía y había participado en ejecuciones (de presuntos delincuentes) en Los Ríos”.

La cuarta modalidad corresponde, según Alston, a “muertes relacionadas con conflictos personales (por ejemplo, familiares o vecinales)”. “Pero nada permite concluir que se trate de un fenómeno generalizado o contemplado en la política oficial”, destaca.

El caso del policía JRG fue investigado por la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado (ULCO) de la Policía y la Fiscalía. La ULCO realizó un trabajo de Inteligencia y el 23 de abril del 2010 presentó un informe. Allí estableció que JRG supuestamente integraba un escuadrón armado ilegal, que realizaba ajusticiamientos en Quevedo.

“(JRG) fue parte de un grupo de policías cuya consigna consistiría en realizar limpieza social, asesinando a los delincuentes que realizan sus actividades ilícitas en Quevedo y posteriormente se inclinarían por la línea de asesinar con fines particulares”, reza en el documento.

Según Inteligencia policial, la organización estaba integrada por 12 cabos y 12 gendarmes. Uno de ellos es SMC, el único en servicio pasivo de la lista.

Frente a esas denuncias, Alston señala que existen dos problemas en la forma como el Gobierno maneja esos casos. El primero es que “la información con que cuenta el Régimen sobre las muertes a manos de la Policía es de mala calidad”. La que me facilitaron, dice, “era de carácter muy general y no permitía determinar el alcance, la naturaleza o las causas de los homicidios perpetrados supuestamente por la Policía”.

El segundo problema es que la Inspectoría de la Policía “no puede, pese a la existencia de procedimientos razonablemente sofisticados, investigar de manera eficaz o independiente las denuncias de mala conducta policial. No existe ningún mecanismo externo de supervisión de la labor de la Policía para compensar esta carencia”, enfatiza el Relator.

Alston agrega que, hasta hace poco, las denuncias contra la Policía ni siquiera tenían un seguimiento a escala nacional. “El desastroso estado de las estadísticas impide a los funcionarios hacerse realmente una idea de la magnitud de los abusos policiales”.

Las recomendaciones del informe
El Relator de Naciones Unidas dice en su documento

El Gobierno debería crear una comisión de expertos de alto nivel para evaluar el desempeño de las fuerzas de Policía. Esta debería considerar si es necesario la creación de una unidad forense independiente a escala nacional.

Se deben proponer reformas estructurales y operacionales a fin de mejorar la capacidad de las Fuerzas de Policía, para responder eficazmente al aumento de las tasas de delitos graves, incluidas las ejecuciones extrajudiciales.

Examinar el modo de garantizar una mayor supervisión de la Policía por un ente civil, con un Ministerio de la Policía aparte. Debería cesar de inmediato la práctica de pedir a los civiles que sufraguen los gastos de servicios forenses.
El Gobierno debería crear un nuevo ente facultado para recibir e investigar las denuncias de abusos policiales que disponga de recursos, autoridad e independencia necesarios para investigar los presuntos abusos policiales de manera creíble, objetiva y eficaz.

Deberían mejorarse considerablemente los registros de la Policía, en especial en lo que respecta a las denuncias de los abusos policiales.

El Inspector General debería asegurarse de que se lleven registros completos de todas las denuncias realizadas y de que se haga un seguimiento de las investigaciones, las medidas disciplinarias, los juicios y los resultados. El material estadístico debería hacerse público periódicamente.

Puntosde vista
Elsie Monge/ Directora Cedhu
'No sabemos dónde están los ex GAO'

Constantemente hemos estado denunciando especialmente las ejecuciones extrajudiciales. Estas han sido imputadas al GAO (el desaparecido Grupo de Apoyo Operacional), que era una organización de exterminio. Antidelincuencial, pero de exterminio, al punto de que se produjo la desaparición del ciudadano Gregory C. Esto llevó a la disolución del GAO. En sí, eso es algo muy preocupante, pues se disolvió esa unidad, pero no sabemos dónde están los policías. La violencia sigue rampante y también se señala la impunidad. Otra cosa que señala el profesor (Philip) Alston es que se destierre la frase "ajuste de cuentas", porque eso automáticamente no se investiga y sube la impunidad. Esto desemboca en algo que lesiona al país y resta credibilidad a la Policía. Va a tener que hacerse un cambio profundo para retomar la confianza.

Fausto Vásconez/ Aso. Generales
'Aquí y en el mundo, a la Policía se le va la mano'

Posiblemente las personas de nivel internacional que observan estos fenómenos, los toman como algo sumamente alarmante y crucial. Eso porque constituye aquel parámetro especial que da realce a su artículo o a su informe. Es lo mismo que cuando vienen las comisiones especiales de las Naciones Unidas, observan horrores pero no dicen nada. Con la experiencia de 33 años que tengo, la misión policial es la más difícil que puede haber en el mundo y la más odiada por todos los círculos sociales, porque controla la conducta de la colectividad y a nadie le gusta que le controlen. Para solventar algún hecho delictivo hay la necesidad de poner dedicación y aquí como en los confines del mundo a la Policía se le va la mano, pero eso no quiere decir que estoy justificando lo que así se da.

Descrición
¿Te sirvió esta noticia?:
Si (0)
No (0)