16 de June de 2011 13:19

La ONU emitió informe final de ejecuciones extrajudiciales en Ecuador

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El programa de protección de víctimas y testigos en Ecuador debería administrarse independientemente de la Policía y de la Fiscalía.

Esa es una de las recomendaciones del informe final del relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, Philip Alston, acerca de su misión en Ecuador, que presentó durante el 17º Período de Sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, convocado en Ginebra desde el 30 de mayo hasta el 17 de este mes.

El programa de protección es administrado por la Fiscalía. Alston critica ese sistema al decir en su informe que en Ecuador la "inseguridad de los testigos es enorme. En vista del aumento y el poder de la delincuencia organizada y de la utilización de sicarios, es absolutamente necesario contar con un programa eficaz de protección de testigos para luchar contra la impunidad. Cuando realicé mi misión, había 3 625 personas sometidas a algún tipo de protección".

Pese a que el informe de Alston se basa en la información que él recabara en su visita al país en julio del 2010, sus comentarios tienen vigencia. El pasado lunes, desconocidos arrojaron un artefacto explosivo contra una vivienda en Manta, ciudad costanera de Ecuador. Los ocupantes de casa, que quedó destruida, sobrevivieron al ataque. Pero al siguiente día, la tarde del martes, sicarios llegaron en una motocicleta y asesinaron a Luis J., propietario de esa casa. En Manta, voces ciudadanas y de DD.HH. cuestionaron que la Policía y la Fiscalía no hubiera brindado protección a la familia, después del dinamitazo.

En su informe, Alston aborda temas como el incremento de la tasa de homicidios en Ecuador; las consecuencias del conflicto de Colombia en la frontera; la confusión que existe entre justicia indígena y linchamientos, la limpieza social; los abusos cometidos por miembros de la Juntas de Defensa del Campesinado; y violaciones más graves al derecho a la vida que en la mayoría de los casos quedan en la impunidad.

El Relator denuncia que solo 1 de cada 100 muertes termina con sentencia condenatoria en el país, en un sistema de justicia lento, que distorsiona el sentido de "justicia" a favor de los más poderosos.

En los literales f) y g) de la conclusión referente al Sicariato, el Relator recomienda "dejar de utilizar la categoría imprecisa de ajuste de cuentas" para no investigar de forma exhaustiva la muerte de una persona que tenga antecedentes policiales o cuyos familiares no hayan presentado la denuncia respectiva. No obstante, hasta la presente fecha se utiliza este término en las investigaciones de muertes violentas cuyas víctimas registran antecedentes policiales.

La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu) ha publicado hoy la versión en español del informe. De enero a junio de este año, este organismo ha registrado 54 muertes violentas, en cuyas investigaciones se ha presumido que hubo un "ajuste de cuentas". Estas muertes sistemáticas de personas con antecedentes penales bajo un mismo patrón conlleva a presumir la existencia de un grupo organizado de limpieza social que actúa con la certeza de que las muertes quedan en la impunidad, dijo la Cedhu en un comunicado. A pesar de que se tratan de delitos de acción pública y cuya obligación del Estado es investigar de oficio, no se realizan mayores diligencias para esclarecer los hechos, agregó.

La Cedhu recordó que, según la Constitución de la República, los informes de los organismos internacionales de protección de derechos humanos constituyen obligaciones que el Estado tiene que cumplir a fin de garantizar el pleno ejercicio y respeto de los derechos de las personas. Por tal motivo, dijo, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos se mantendrá vigilante de que las recomendaciones del Relator Especial de la ONU sobre Ejecuciones Extrajudiciales se cumplan con las garantías que el Gobierno debe proporcionar.

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