Raúl Macario Bayas todavía sigue imponiendo su autoridad en tres regiones del país. Él es considerado el líder de la Confederación de Juntas del Campesinado del Ecuador. La sede de esta organización está en el corazón del cantón Quero, en Tungurahua.
Allí, en un pequeño local de la calle Bernardo Darquea, a media cuadra de la iglesia Nuestra Señora del Rosario del Monte, funciona la oficina donde atiende Bayas cada domingo.
Este controvertido personaje de 45 años, admirador de la guerrilla cubana y sus caudillos, está inmiscuido en juicios y acciones poco ortodoxas para resolver problemas que rayan el plano judicial.
Y este es otro aspecto que criticó en su informe sobre la Justicia ecuatoriana el relator especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, Philip Alston.
En el 2006, por ejemplo, Bayas estuvo detenido por plagio y enfrentó una demanda que ocasionó la movilización de cientos de sus seguidores. Al salir libre le propusieron ser candidato para la Asamblea Nacional.
En Quero, un cantón agrícola, Bayas saluda de mano con todos. Nadie se atreve a hablar mal de él, por lo menos no en público. Le demuestran cariño y le cuidan las espaldas incluso con un sistema de comunicación por radio.
“¿Por qué busca a don Raúl?”, pregunta Rosa N., una mujer campesina escogida al azar en la calle. La mujer, de 65 años, se ve forzada a utilizar un gorro y una gruesa bufanda de lana y un poncho para protegerse del frío.
Observa de pies a cabeza al visitante y trata de descubrir la verdad en sus ojos. Ella no es pariente de Bayas, ni siquiera es dirigente de las Juntas, pero asume con fervor su protección.
“Si trata de cobrar una deuda, don Raúl le puede ayudar. Eso sí, usted tiene que ser socio de alguna junta o venir recomendado por alguien. El primer domingo de cada mes nos reunimos en el antiguo Municipio. Pero es más seguro que ‘El Don’ le atienda el domingo en el local. Vaya nomás, él es bueno”, dice la mujer.
A esa oficina concurren quienes necesitan cobrar un préstamo vencido, solucionar un robo o pedir protección. Llegan de diversos lugares de Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Cotopaxi, Napo, Pastaza y Los Ríos, en donde la confederación tiene más filiales.
Por estas ‘mediaciones’, las Juntas y su cabeza más visible, Bayas, han estado muchas veces en el ojo de las críticas.
Precisamente, Philip Alston comenta que tras entrevistarse con representantes de ONG, testigos y víctimas, halló grupos de personas atemorizadas por las ramificaciones de esta organización. “Describieron amenazas, secuestros, torturas o muertes a manos de las Juntas. Por lo general, los casos de abusos podían clasificarse en cuatro categorías: animadversión personal, mantenimiento del orden público, control de la población local y evasión de responsabilidades”, reseña Alston (ver nota compartida ).
El pasado 1 de enero, el violento asesinato de Manuel N., un guardia de 34 años, en Alobamba, parroquia Montalvo (Tungurahua) después de la fiesta de fin de año, motivó a su esposa a pedir la intervención de las Juntas.
Días después, las tres casas que ocupaban los familiares del supuesto asesino fueron abandonadas. Ellos contaron a los vecinos que temían ser secuestrados por las Juntas del Campesinado.
En esa ocasión, Bayas dijo: “Seguiremos el proceso para que se castigue a los culpables y ellos tendrán que esconderse 3 metros bajo tierra para que no los encontremos. El asesoramiento es gratuito. No permitiremos que exista impunidad”.
Las Juntas del Campesinado fueron creadas en los años 60 para protegerse del robo de ganado (abigeato). “Su existencia se debe en gran medida a la escasa presencia del Estado en muchas zonas rurales y a la necesidad de contar con una autoridad que lo sustituya. Las Juntas son poderosas en la Sierra centro y Los Ríos. Las estimaciones indican al menos 500 juntas locales, con entre 20 000 y 80 000 miembros en total”, señala Alston.
Las observaciones del Relator de la ONU no inquietan a Bayas. Él continúa involucrado en casos diversos. Ayer, a las 10:00, estaba en Quero. “Alston es contraproducente. No tenemos nada que responder a ese informe, al que consideramos un pasquín. La sociedad confía en nuestra organización, que decidió unirse para luchar contra los atropellos. La Policía es impotente ante el crimen organizado”, asegura Bayas mientras atiende a 15 personas.