18 de June de 2011 00:02

La ONU critica el abuso militar en la frontera

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Las violaciones más comunes de derechos humanos presuntamente cometidas por las Fuerzas Armadas de Ecuador comprenden “el allanamiento de morada, robos y actos de humillación pública (como el hecho de forzar a las personas a desnudarse en público). Estos abusos parecen ser comunes y quedan impunes”.

A esa conclusión llegó el relator especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, Philip Alston, quien entregó el informe final de su visita a Ecuador en el 17º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, que concluyó ayer en Ginebra.

El funcionario manifestó inquietud por lo que ocurre en la frontera norte, militarizada con cerca de 10 000 uniformados, para aplacar los efectos del conflicto armado de Colombia.

“En 2009, las provincias con tasas de homicidio más elevadas fueron Esmeraldas (62 homicidios por cada 100 000 habitantes), Sucumbíos (44 homicidios) y Santo Domingo de los Tsáchilas (38)”. Las dos primeras se encuentran en el límite internacional y Santo Domingo alberga a una alta cantidad de colombianos.

Alston menciona que recibió información de varios homicidios supuestamente cometidos por el Ejército. Resalta un caso emblemático: la muerte de un ecuatoriano y dos colombianos, ocurrida el 18 de enero de 2010, mientras navegaban a bordo de una piragua por el fronterizo río San Miguel.

“Varios elementos de este caso hacen que la versión del Ejército resulte sospechosa”, dice Alston. “En parte, cuesta comprender por qué tres guerrilleros se habrían encontrado en un bote, a plena luz del día, en un río que se sabía que estaba patrullado (interlocutores observaron que eso habría sido excepcionalmente raro); por qué los militares no persiguieron la piragua; cómo pudo una sencilla embarcación fluvial alejarse así de una patrulla militar, o por qué los militares no recuperaron los cuerpos”.

“El testimonio de los testigos civiles, sí es exacto, explica muchas de estas anomalías. Los testigos indicaron que los hombres eran civiles, no uniformados, que no estaban realizando ninguna actividad sospechosa y que no abrieron fuego contra los militares. Cuando realicé mi visita, estaba en curso la investigación del incidente”, sostiene Alston.

Este Diario buscó una versión del Ministerio de Defensa. Esa Cartera de Estado respondió por escrito. En ese documento reza que el caso de los tres fallecidos en una acción militar “ha llegado a conocimiento del fiscal de Sucumbíos, con el expediente No. 037-2010, en el cual se encuentran sindicados oficiales y un señor general, lo que evidencia que la fuerza militar no ejerce presiones o intimidaciones para evitar que se inicien acciones legales”.

Alston dice en su informe que una testigo de la muerte de los supuestos guerrilleros recibió la advertencia de que, si continuaba en la causa, sería asesinada. “Esas amenazas parecen ser comunes cuando hay oficiales involucrados: en otros casos similares de presuntas graves violaciones de las que fui informado, testigos, familiares y organizaciones no gubernamentales (ONG) habían recibido ofertas de dinero y amenazas para que dejen las causas”.

La Secretaría de Estado destaca que “no ha recibido sentencias emitidas por jueces que determinen la responsabilidad penal de los miembros del personal militar, respecto de delitos de homicidio, considerando el informe como un hecho verificado”.

El Relator dice estar preocupado por el incremento de violaciones cometidas por las fuerzas de seguridad en Sucumbíos, desde mediados del 2009.

“Me preocupó, en particular, la información de que una lista preparada por las Fuerzas Armadas ecuatorianas en que se daban los nombres de unos 430 colombianos residentes en la zona fronteriza norte que supuestamente apoyaban a grupos armados ilegales o colaboraban con ellos era de dominio público. La publicación de esta lista hace que sea enormemente fácil que los agentes armados se ceben en esas personas. Según una fuente fidedigna, varios de los que figuraban en la lista eran refugiados colombianos injustamente acusados de actividades ilegales. Algunos habían tenido que ser trasladados urgentemente a otras zonas”.

Alston dice que, según información de interlocutores, las razones del aumento del clima de hostigamiento contra los pobladores de la frontera serían el cambio de mandos en la frontera, la rápida militarización y el mayor número de soldados que patrullaban la zona”, lo que, de por sí, aumentaba las oportunidades de cometer abusos. Algunos expertos también señalaron que (las FF.AA.) no siempre estaban bien preparadas y no tenían gran experiencia en el combate, la contrainsurgencia u otras tareas sobre el terreno”.

El Ministerio de Defensa, en su respuesta por escrito a este Diario, dijo que tiene conocimiento de “denuncias presentadas contra miembros de las FF.AA. en la frontera norte, sobre las cuales se solicitó al Comando Conjunto de las FF.AA. se remita la información sobre el estado de las causas, dentro de cada proceso judicial”. Defensa anexó en su carta ocho casos de presuntos casos de abuso cometidos por militares.

Asimismo, la Secretaría defendió la tarea de las FF.AA. en la frontera. Dijo que estas se ciñen a reglas de conducta apegadas a los DD.HH. “Cualquier hecho de agresión a la ciudadanía es sancionado administrativamente, y de ser el caso será puesto a conocimiento de las autoridades”.

Las recomendaciones del informe

El relator de Naciones Unidas dice en su documento

Los soldados deberían recibir un adiestramiento más amplio en la colaboración constructiva con la población civil y mejorar el modo de aplicar los DD.HH. y las normas del derecho internacional humanitario y de distinguir entre ambos.

Los altos mandos deberían aclarar que no se tolerarán abusos contra los civiles. Estos deberían recibir información sobre el modo de presentar una denuncia y la instancia a la que deben acudir en relación con la conducta de las FF.AA.

Debería realizarse una evaluación independiente del desempeño de los fiscales. En los casos delicados, como las denuncias contra funcionarios públicos, los fiscales nacionales deberían enjuiciar a los presuntos autores.

Se deberían investigar de forma independiente las denuncias de connivencia entre el Ejército o la Policía y los grupos armados ilegales, especialmente en las ciudades fronterizas que tienen niveles muy elevados de narcotráfico.

Puntos de vista
Luis Amaya / Experto salvadoreño
'Por su preparación, el militar puede excederse'

Me llamó mucho la atención en Ecuador la presencia de militares en las calles. Las Fuerzas Armadas son organismos que, por su doctrina, miran enfrente a enemigos que deben ser exterminados. Constituyen una herramienta gruesa para dar golpes fuertes y exterminar. El problema radica en el uso que se da a esa formación que tuvieron
las Fuerzas Armadas.

La Policía, en cambio, no tiene un enemigo al frente sino a un ciudadano con derechos y a quien, sea como sea, se le deben respetar ciertas condiciones.

En el caso de mi país, El Salvador, con los militares en las calles ocurrió una cantidad de abusos y denuncias de violaciones contra derechos humanos, muchos más que los cometidos por la Policía.

El uso de la fuerza es indispensable en cualquier estrategia de seguridad. Pretender lo contrario es absurdo, pero el punto es cómo se la use.

Anaité Vargas /Activista de DD.HH
'Los abusos van desde acoso hasta violaciones'

Lamentablemente, los miembros de las Fuerzas Armadas en Ecuador tienen una práctica perenne de abuso de poder. Es un tema que va de generación en generación, por estar con el uniforme, por tener estatus y categoría y que ha hecho que esta población cuando se encuentra con otra vulnerable cometa actos violentos. Como activista de derechos humanos he receptado denuncias de estos tipos de abuso. En la frontera norte, donde tengo experiencia, hay diversos tipos de abuso que van desde acosos hasta violaciones. Ha habido denuncias, sobre todo en Sucumbíos, de agresión física por parte de miembros de las FF.AA. Asesinatos y una serie de malos comportamientos se han venido denunciando ante la Presidencia para que actúen. Pero hasta hoy no hay mecanismos para sancionar estos actos e impedir que se sigan dando.

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