27 de December de 2012 00:03

Las observaciones de la Veeduría, sin respuestas contundentes

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La resolución se tomó en sesión del Pleno. Ayer se conoció que la Corte Nacional de Justicia (CNJ) responderá a la Veeduría Internacional (VI) a través de un comunicado que se difundirá en los medios de comunicación.

Esto ocurrirá solo después de dos semanas de que el equipo del ex juez español Baltasar Garzón emitiera su informe final sobre la reestructuración judicial y observara la conformación del alto Tribunal.

En la mañana, los magistrados prefirieron no hablar. Tres jueces y dos conjueces apenas dijeron que el pronunciamiento, que será transmitido esta semana, será el pronunciamiento oficial de la CNJ.

Sin embargo, hasta ayer se desconocía el mensaje que se difundirá, aunque la Secretaría General de la Corte confirmó que el comunicado ya está pautado en los medios de comunicación impresos.

Garzón sugirió que la Corte Nacional de Justicia, a través de algún mecanismo, se pronuncie sobre la legitimidad del proceso de selección y “garantice el derecho al recurso en sede judicial” a los candidatos a jueces que posiblemente resultaron perjudicados.

Sobre los magistrados Mariana Yumbay, Lucy Blacio, Wilson Andino, Wilson Merino, Paúl Íñiguez y Ximena Vintimilla, la VI explicó que en la fase de méritos y en la prueba oral obtuvieron, sin explicación, altos puntajes y escalaron posiciones para ser titulares.

Otros candidatos, como Édgar Flores y Yolanda Yupangui, ubicados en los primeros lugares por méritos y pruebas de conocimientos, fueron desplazados hasta el listado de conjueces, según la VI.

Mientras en la CNJ había hermetismo, en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) los consejeros también fueron convocados a sesión del Pleno, pues este organismo fue el que coordinó la Veeduría. Pero tampoco hubo un postura oficial.

El pronunciamiento del ex Juez español se conoció en el cuarto punto, pero por unanimidad, los siete vocales decidieron que la Subcoordinación de Control Social de esta entidad envíe primero el informe técnico en el que se detalle a qué entidad pública corresponde cumplir las 44 sugerencias.

En el debate de ayer se adelantaron las posturas de los consejeros. Luis Pachala, Hugo Arias, Mónica Banegas, David Rosero, Andrea Rivera y el presidente Fernando Cedeño, propusieron que el informe sea acogido “a cabalidad” por los entes responsables de tramitar las recomendaciones realizadas.

Pero este pronunciamiento no es de cumplimiento obligatorio, como tampoco lo es el análisis de la Veeduría de Baltasar Garzón.

En la sesión del Cpccs, el consejero Pachala reiteró que si en la sesión de ayer se daba una versión “sería como ir en contra del espíritu del informe” y que es necesario un resumen técnico.

Marcela Miranda, integrante del Cpccs, coincidió con Pachala y Banegas, señaló que los planteamientos se cumplan “sin condicionamientos políticos, electorales”. Habló 10 minutos y luego vino Arias quien propuso que si la Veeduría Internacional encontró responsabilidades de posibles irregularidades “se comunique a la Dirección de Admisión y Orientación Jurídica (del Cpccs) para el inicio de los procesos respectivos”.

Cedeño dirigió la reunión y aseguró que “ciertos medios han sacado de contexto (el informe)” o únicamente han priorizado ciertos temas, más de orden político.

Al final, no salió una postura oficial sobre lo que se dijo en las observaciones del grupo internacional y el trabajo de elaborar el resumen quedó en manos de la Subcoordinación de Control Social, para que el caso se trate nuevamente el próximo miércoles.

Garzón también pidió “garantizar el respeto y no injerencia de los demás poderes del Estado en la Función Judicial”. La división de poderes -dijo- no debe ser únicamente una teoría, “sino una realidad insoslayable (de todos los organismos de Estado)”.

Según Garzón, una de las razones por las que el estudio final no incluyó un seguimiento detallado de la reforma judicial en el área civil o construcción de oficinas fue porque el Cpccs negó la contratación de un experto en esta materia.

Cedeño respondió: “No es exacto la observación que hace el propio informe en la parte en que supuestamente nos endilga a nosotros la responsabilidad por no contratar una consultoría para el tema de la infraestructura civil”.

En medio de estos hechos, ayer surgieron nuevos datos con respecto a la publicación de la observación. El día en que Garzón entregó el documento al Cpccs (13 de diciembre) se difundió un documento de 46 páginas titulado Informe final de la Veeduría Internacional. Pero en las 10 000 impresiones de la revista se excluyeron los nudos críticos que contienen el informe de 134 páginas.

En ninguno de sus contenidos se trató sobre la independencia de la justicia ni sobre la selección de la Corte Nacional de Justicia o el delito de sabotaje como consta en el documento completo. Esto provocó el reclamo de Rosero que incluso se reunió con Garzón para confirmar si se trataba de la versión definitiva, que luego se publicó en la página Web del Cpccs.

Algunas sugerencias

En el informe de la Veeduría Internacional se recomendó mejorar la comunicación entre todos los niveles del sistema de administración de justicia.

Además, “continuar con  la apertura del Estado ecuatoriano a instancias internacionales y a colectivos profesionales y sociales que desean ser partícipes de esta reforma judicial”.

También,  “cumplir los  compromisos económicos generados por el desenrolamiento, establecer una normativa de quejas y de incentivos para los servidores y servidoras judiciales”.

“Facilitar el acceso  ciudadano a los procesos disciplinarios, cuando se sientan perjudicados por las acciones u omisiones de los servidores judiciales, pero dotando de las garantías para que no se convierta el proceso en una interferencia”.

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