24 de November de 2012 00:03

2 obras polémicas, adjudicadas por emergencia

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En el documento se habla de una “inminente conmoción interna” en la Justicia. Este fue uno de los argumentos para que el presidente Rafael Correa declare el estado de excepción en la Función Judicial el 5 de septiembre del 2011.

Se priorizó la ejecución de los proyectos de reestructuración y modernización a cargo del Consejo de la Judicatura (CJ).

Así se operó en el país. En el caso de Quito en 15 días (del 17 de noviembre al 2 de diciembre del 2011) se invitó directamente a un contratista. Además, se certificó la disponibilidad económica del CJT, el ingeniero presentó una oferta técnica-económica, se analizó y se adjudicó el contrato para remodelar el edificio de la Arenas y Larrea (centro de Quito).

También en 15 días, la Judicatura adjudicó otro contrato por USD 7,5 millones para construir la Unidad Especializada para la Niñez, que hace más de un mes comenzó a trabajar en la Veintimilla y Juan León Mera. La invitación fue directa y según el contrato número 221-2011 se dice que el director general del CJ, Mauricio Jaramillo, fue quien realizó esa convocatoria. Y pidió al contratista que presente su oferta.

Según el contrato, la firma de este entendimiento se produjo cuatro días después de la invitación.

Desde el 4 de noviembre, este Diario ha pedido una entrevista con Jaramillo, pero personal de Comunicación dijo el jueves que la solicitud aún está en trámite.

La remodelación de las oficinas de la Arenas costaba USD 2 millones. En un comunicado oficial difundido el 16 de octubre pasado, la Judicatura transitoria señala que la adecuación costó USD 2 102 258. Además, se dice que invirtieron USD 178 800 más en tecnología en esa edificación.

Ahora, allí funcionan los juzgados laborales. En 2 081 m² de construcción se distribuyen -en cinco pisos, con capacidad para que trabajen nueve jueces y 47 empleados administrativos- seis salas de audiencias con sistemas de audio y video.

En septiembre del 2011, Paulo Rodríguez, presidente de la Judicatura, aseguró que el Decreto Ejecutivo les permitía acortar el tiempo de los procesos.

Incluso, “realizar contratos especialmente lo que es obra civil, tecnología, modelo de gestión y talento humano”.

Según la Ley de Contratación Pública (art. 57 referente a contratación en emergencia), “la entidad podrá contratar de manera directa, y bajo responsabilidad de la máxima autoridad, las obras, bienes o servicios, incluidos los de consultoría, que se requieran de manera estricta para superar la situación de emergencia”.

Luego señala: “Podrá, inclusive, contratar con empresas extranjeras sin requerir los requisitos previos de domiciliación ni de presentación de garantías; los cuales se cumplirán una vez suscrito el respectivo contrato”.

Según datos del CJ, en seis cantones de Pichincha se calculó una inversión de USD 166 726 032 en infraestructura civil y USD 5 100503 en tecnología.

Para las oficinas de la Veintimilla se asignaron USD 191 557 adicionales, según información oficial. El CJ aseguró que garantizó la vialidad del proyecto con un estudio de suelos realizado por la Escuela Politécnica Nacional.

Ambas estructuras están dotadas de circuito cerrado de video, climatización para controlar la temperatura, sistema detección de humo, ascensores, etc.

Más de un mes de haberse iniciada la atención en esas oficinas, ayer la Secretaría de Territorio del Municipio de Quito recibió los planos arquitectónicos de la unidad judicial de la Veintimilla.

Desde las 12:30 hasta las 13:00, uno de los técnicos de la Judicatura ingresó por ventanilla una caja en el que contenían los planos de avalúos y catastros, informes de replanteo y afectación vial, y demás características técnicas del inmueble.

Con esto, el CJ espera que el Municipio regularice las dos obras que se diseñaron hace 11 meses. Además, se quiere evitar que la Comisaría de la Agencia Metropolitana de Control emita alguna medida cautelar como el cierre temporal de los juzgados o una multa económica.

Eso es lo que precisamente ocurrió con los terrenos de El Pedregal. La obra continúa suspendida y el comisario, Juan Carlos Paredes, dijo que hasta ayer el Consejo de la Judicatura no le remitía la información solicitada: estudio de movilidad, planos, informe de Bomberos, estudios de suelo, etc.

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