15 de March de 2010 00:00

‘No hay una unidad de criterio en la justicia’

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Redacción Guayaquil



La nueva pugna entre policías y jueces puso en evidencia que en el sistema de justicia no hay coordinación entre los actores y eso genera problemas al momento de aplicar la Ley, ¿por qué?

fakeFCKRemoveEste tipo de pugnas se dan por las diferencias de criterio sobre la aplicación de las normativas legales vigentes. Siempre van a existir, pero deben resolverse internamente. No pueden ventilarse de manera pública porque cuando eso ocurre se agregan elementos extra jurídicos.

¿Qué tipo de elementos?

Los de orden político, que desnaturalizan el motivo de los reclamos porque se pierden las proporciones y cada uno de los grupos busca sumar simpatías y conseguir adeptos para sus causas, como si la administración de justicia fuera un proceso de enfrentamiento y no de total y estricta colaboración entre estas instituciones de justicia.

¿Por qué los operadores de justicia y la Policía no pueden coordinar el trabajo?

Que no se cumpla con el proceso de administración de justicia y, por consiguiente, con los tiempos procesales que la Ley demanda ante lo cual los detenidos salen en libertad. Por ello, surge la necesidad de reformar los códigos Penal y de Procedimiento Penal. También hay que fortalecer la estructura judicial y corregir errores que existen cuando se dan los procesos de investigación.

¿Cuáles son esos errores?

Son varios. El primero es que no hay unidad de criterio en la justicia, por ejemplo, en la definición de delito flagrante. La Policía maneja un concepto y el fiscal muchas veces tiene otra definición. Probablemente también el juez tiene otro criterio. Si no hay una uniformidad en las opiniones de los actores, obviamente tenemos los conflictos que se ven hoy.

Los policías, los fiscales y los jueces dicen que las leyes no son claras.

Hay contradicciones. Por eso, debemos adecuar el sistema jurídico del país a la nueva Constitución, que determina que vivimos en un Estado de derechos y de justicia. Existe un esquema judicial pre constitucional y otro post constitucional que está haciendo la Asamblea y eso, de alguna forma, genera problemas.

Hay visiones y aplicaciones diferentes de la Ley, en ese contexto ¿qué ocurrirá en el corto y mediano plazos?

Las pugnas seguirán, pero hay que sentar a los jueces, fiscales y a los policías para estudiar con profundidad lo que significa la nueva corriente constitucional y los alcances que tiene la nueva Constitución del Estado.

¿La injerencia política en la justicia, denunciada por el Presidente de la República, es real? Usted fue parte de la Judicatura.

Este momento, evidentemente no sacamos nada calificando a la estructura judicial con denominaciones de orden político-partidario, que son rezagos de partidos anteriores y que reflejan situaciones políticas actuales... Es una discusión ajena e inoficiosa. Hay que adecuar el aparato judicial en términos de normativa y estructura. Si lo que se quiere definitivamente es reestructurar el sistema judicial, entonces, que se lo haga en forma abierta y franca.

Se puede decir que lo que ocurre ahora es una crisis periódica que tiene diferentes actores. En una de ellas, el alcalde Jaime Nebot hizo destituir a 17 fiscales que luego fueron restituidos.

Lo que se puede esperar es que los protagonistas se sienten a conversar. No es cuestión de enfrentamientos públicos sino de dirimir los criterios, de dialogar con franqueza, de hacerlo con frontalidad en talleres internos, en donde unifiquen los procedimientos porque es la única forma de avanzar. La Policía, fiscales y jueces deben estar en la misma línea.

¿El sistema oral ha cumplido las expectativas con las cuales fue implementado?

No se han cumplido porque no se han hecho las adecuaciones necesarias ni se ha preparado al personal. No se lo ha implementado tampoco en el área civil, solamente en el penal.

Hay otras reformas penales que impulsa el Ministerio de Justicia, ¿qué opina?

Tendremos una Ley más de las miles que existen, pero que no se aplican porque no se las hace con sensatez. Se realiza una serie de cambios de orden visceral que luego nos pasan la factura porque tienen una serie de defectos. Esta crisis, la que estamos viendo, es el resultado de esto, porque no se ha logrado ensamblar adecuadamente el sistema judicial.

La organización a corto plazo de la Función Judicial está en manos del Consejo de Participación Ciudadana que ha sido cuestionada.

El problema no es de personas sino de instrumentos. Repito, necesitamos reformar los códigos Penal y de Procedimiento Penal y no seguirlos parchando indefinidamente. Dentro de la Función Judicial hay que hacer cambios que fortalezcan la actividad de los jueces. Ellos necesitan equipos de asesores para reducir la carga laboral y de atención al público que se les genera.

Esos cambios requieren de recursos económicos, ¿usted cree que hay la voluntad política para asignarlos?

Entonces no hagamos las reformas en la Constitución ni planteemos un Estado de derecho y de justicia si es que no estamos dispuestos a enfrentar la demanda que tienen ese tipo de planes.

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