22 de June de 2011 00:02

Los narcos operan desde el penal de Quito

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Jueves 16. Mediodía. A una cuadra del penal García Moreno de Quito un hombre cruza de una vereda a otra. Una camiseta blanca cubre su cabeza.

Es pequeño y flaco. Sus manos las tiene en los bolsillos. Solo las saca cuando alguien se le acerca. Aparentan saludar con un estrechón de manos y se despiden.

En la otra esquina, dos mujeres hacen lo mismo. Nadie dice nada. ¿Para qué meterse en problemas?, recrimina una vecina que pregunta molesta: ¿Usted es policía? ¿Qué hace aquí? “Si es policía vaya y meta preso a esa gente que está allí vendiendo droga a plena luz del día”, dice. Se refiere al hombre y a las dos mujeres.

Un patrullero llega al lugar en su trabajo de rutina, los jóvenes se separan y se alejan despacio.

Un policía que está dentro del vehículo y no ve a los jóvenes dice que son familias enteras las que se dedican al microtráfico de alcaloides y hace una revelación: “Es real que desde adentro de la cárcel se maneja la venta de droga. Ellos se comunican por celular”.

Esto es conocido en el sistema penitenciario. Una fuente de Rehabilitación Social narra detalles de las operaciones identificadas en el Penal. Dice que en el interior de la prisión hay cabecillas que tienen ‘empleados’ en los exteriores y que estos reclutan a personas para que en los barrios expendan la droga. Además, que las ganancias obtenidas de esa actividad ilegal se depositan en cuentas de terceros. En esas redes -dice la fuente- incluso se encuentran trabajadoras sexuales.

En la Secretaría de Seguridad del Municipio de Quito también se conoce esta información. El organismo basa su explicación en datos de la Policía.

El patrullero que ahuyentó a los jóvenes se va. El hombre flaco y pequeño regresa. Media hora después otra persona se le acerca. La escena se repite: se dan la mano y se despiden. Un vecino cuenta que “eso es de todos los días”, que de esa forma se pasan pequeños sobres con sustancias ilícitas.

Para evitar problemas, por ejemplo, con la droga el pasado 4 de mayo en el Penal se instalaron al menos ocho inhibidores de celulares, pero apenas funcionaron tres días.

A las 07:00 del siguiente sábado, el sistema quedó inhabilitado, pues supuestamente una persona cortó los cables, que también dejó sin funcionamiento a tres de cuatro cámaras de seguridad.

El caso está en la Fiscalía. Allí se abrió un expediente y una mujer es investigada por presunto sabotaje. Pese a esto, la semana pasada cuando en la prisión se entregaban 10 de 30 cabinas telefónicas fijas para los internos, la ministra de Justicia, Johana Pesántez, dijo que este proyecto lo impulsó, porque los presos tenían problemas de comunicación. Esto, “debido a que las anteriores autoridades del Ministerio (de Justicia) instalaron inhibidores (de celulares)”. Luego, la funcionaria dijo a este Diario que ese sistema sí está instalado y que se debe a un tema de seguridad (de la cárcel).

No obstante, hasta ayer en el interior del complejo penitenciario del penal García Moreno aún había señal de celulares. Una fuente reconoció que los inhibidores no podrán operar mientras la Fiscalía no termine las investigaciones.

El director nacional de Rehabilitación Social, Alexis Argüello, se refirió precisamente a las seguridades en las prisiones. “Se supone que estas tienen que funcionar, pero a veces desde adentro o gente incluso externa hace que las seguridades un poco fallen. A nivel mundial siempre es un problema esto”. Pero dice que se toman medidas. “Lo que hacemos son controles permanentes”.

En San Roque, el barrio donde opera el Penal, el hombre de contextura delgada desaparece cerca de las 13:00. En esa zona y en otros barrios que están alrededor del centro penitenciario, como La Cantera, Ipiales, San Marcos, Panecillo, etc., uno de los problemas frecuentes precisamente es el consumo de drogas.

Esto lo confirmó el comandante de la Unidad de Vigilancia 24 de Mayo, coronel Juan Carlos Flores, quien aseguró que para vender drogas al menudeo los desconocidos utilizan a niños y mujeres embarazadas, pues ellas no pueden ser detenidas por la Policía.

Según Argüello, el manejo de las ventas desde la prisión son “asuntos no confirmados”.

En la Secretaría de Seguridad se conoce que en los alrededores del Penal están instalados puestos para expender las sustancias ilegales y que esto aumenta la inseguridad. Datos del Observatorio de Seguridad Ciudadana del Municipio revela que en San Roque el robo a personas se elevó desde el 2009 (ver tabulado).

La gente que vive en el sector prefiere callar, aunque otras saben dónde se vende el alcaloide.

Una mujer sugiere la plaza 24 de Mayo. “Allí encuentra donde sea”, dice. La gente de ese barrio dice que allí es seguro, pero otros piden la salida de la cárcel. Este centro sería trasladado a Cotopaxi, pero por ahora seguirá allí.

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