Martín Navarrete, agente Fiscal de Imbabura, será el encargado de investigar el caso en torno a la muerte del niño Josué S., de 10 años, en una clínica de la capital de Imbabura. El menor ingresó para ser sometido a una intervención quirúrgica de circuncisión del prepucio.
En el proceso No. 0568-2014, que se inició el miércoles último, se indaga al médico anestesiólogo Miguel T., por el presunto delito de homicidio inintencional.
El galeno, que deberá presentarse cada 15 días en el Juzgado de la Unidad Judicial Penal de Ibarra, habría sido dado de alta de una casa de salud. Allí fue internado por un problema de hipertensión arterial, tras ser detenido por la Policía.
Entre tanto, familiares y amigos sepultaron el cuerpo del pequeño la noche del jueves último en el cementerio Santa Martha de Atuntaqui, de donde era oriundo el menor.
Entre las personas que le dieron el último adiós estuvo su profesora de la Unidad Educativa San Miguel La Salle, de Atuntaqui, Jessenia Díaz. La maestra recordó que era un niño alegre y dinámico.
Uno de sus familiares contó que los médicos le dijeron que la operación no revestía peligro. Sin embargo, la tarde del martes último recibieron la noticia de que había fallecido supuestamente tras ser intervenido. Es por ello que Miguel T. fue detenido.
La instrucción fiscal a cargo del agente Navarrete se extenderá por 30 días.
Ni la defensa del médico ni las autoridades del centro médico donde falleció el niño se han pronunciado hasta el momento sobre el asunto.
De acuerdo con la información proporcionada por la Federación Médica Ecuatoriana, el niño falleció a causa de un shock anafiláctico. Según Alberto Narváez, presidente del gremio, esa es una reacción que no se puede determinar antes de una intervención quirúrgica a través de exámenes.
El médico aseguró que la detención del anestesiólogo Miguel T. es una de las primeras consecuencias de la aprobación del nuevo Código Orgánico Integral Penal, que tipifica el homicidio culposo por mala práctica profesional (art. 146).
Narváez señaló que solo en Pichincha, durante todo el año pasado se recibieron en total cinco denuncias en contra de médicos. Pero que en enero de este año, en la provincia ya se han ingresado 10 denuncias.
“Uno de los procesos es por tentativa de homicidio. Eso no tiene sentido porque los médicos no salimos a matar”.
El Pleno de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) es el encargado, a través de una resolución, de hacer una interpretación de la norma, con carácter de normativa general y obligatoria en cuanto a su aplicación.
El pasado viernes, la comisión de negociación de los médicos informó que la propuesta planteada por el gremio para la interpretación del art. 146 ya está en manos de la CNJ.
El presidente de esa instancia, Carlos Ramírez, se comprometió la semana pasada a tramitar la resolución tan rápido como sea posible.