26 de December de 2010 00:00

Las movilizaciones ciudadanas por la seguridad no calan en la autoridad

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Redacción Seguridad

El cuerpo quedó en el piso del departamento. Rosario P. tenía 82 años y fue asesinada el 6 de noviembre del 2009. Ese día, un desconocido entró a su sala y la golpeó hasta que las costillas rotas se introdujeron en los pulmones.

La muerte de su madre hizo que Adela N. iniciara una cruzada para hallar a los culpables del crimen y se unió a la asociación Víctimas de la Delincuencia. Este grupo, que se conformó el 1 de febrero del año pasado, llegó a unir a 250 personas que perdieron a algún familiar en manos de la delincuencia.Comenzaron a protestar los primeros sábados de cada mes en la tribuna De los Shyris, pero la convocatoria se desvaneció poco a poco hasta que las manifestaciones desaparecieron en octubre pasado.

Eduardo Caicedo lideraba al grupo. Dice que la organización no prosperó “porque nadie veía avances en sus casos. Fue sorpresivo cómo la gente empezó a retirarse paulatinamente, porque no había respuesta de las autoridades. Ellos pedían que se agilizaran las diligencias en las cortes y que los casos, los crímenes, no quedaran sin ser juzgados.

Un informe del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), con base en informes de la Fiscalía, refiere que entre el 2005 y el 2008 se denunciaron en Ecuador 646 451 delitos. De ellos, solo 7 930 procesos llegaron a sentencia condenatoria.

Ese nivel de impunidad mermó a la organización Marcha Blanca. Nació el 11 de diciembre del 2002 y un año más tarde se convirtió en Fundación. Ocho años después, la directora del grupo, Mónica Sánchez, reconoce que el trabajo hecho “es mínimo, frente a lo que se necesita hacer”, en cuanto a seguridad de la gente.

Estadísticas de la Fiscalía señalan que entre enero y septiembre de este año se registraron en Ecuador 168 780 “hechos presumiblemente delictivos”. Según el organismo, se inició indagación previa en el 80% de casos. Fueron desestimadas o archivadas 59 217 denuncias, se formularon cargos en 18 733 casos y se emitieron 12 620 dictámenes. De las 8 369 acusaciones formuladas por la Fiscalía -refiere un documento de esa institución- los jueces han llamado a juicio en el 92% de los casos y se han dado 4 056 sentencias condenatorias (el 2,4% de 168 780 presuntos delitos).

El pasado 15 de julio, el Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales de las Naciones Unidas, Philip Alston, criticó a la justicia ecuatoriana en un informe.

“Este sistema (de indagación) consiste en un servicio policial que en escasas ocasiones realiza una investigación seria y sustanciada de los homicidios; un servicio de investigación fiscal que parece más preocupado por las relaciones públicas que por la condena de los autores de graves crímenes y un sistema judicial que ha sido condenado casi de manera generalizada por su ineficiencia y mala gestión”, enfatizó Alston.

“Estos problemas se ven agravados por alegaciones de corrupción en la mayoría de niveles”.

Un estudio que en este año realizara la propia Corte Nacional de Justicia estableció que los escenarios que se deben afrontar son: una administración ineficiente e ineficaz, bajos niveles de profesionalización de los funcionarios judiciales y bajos niveles de acceso a la justicia y de atención a los grupos vulnerables.

Mientras estos problemas persisten, en Guayaquil se prepara una marcha para el 21 de enero. Vicente Sarmiento dice que esta manifestación será diferente a las anteriores, que ahora sí serán escuchados. Se refiere a que recogerán firmas para pedir una consulta popular y así modificar el Código Penal. Una propuesta es eliminar la reducción de penas, otra, aumentar la condena por asesinato de 25 a 35 años de reclusión; que exista acumulación.

Su iniciativa, sin embargo, también plantea la criminalización de los adolescentes. Propone que la edad de imputabilidad se reduzca de 18 a 12 años. El Consejo de la Niñez y la Adolescencia rechaza que se busque criminalizar al joven. Plantea que una reforma en ese sentido debe apuntar más bien a una sanción más severa para los adultos que utilizan niños.

Mas Sarmiento, quien en octubre perdió a su hijo, resalta el valor de la convocatoria cívica. En el 2004, Marcha Blanca también presentó una reforma penal. Entre otros puntos, planteó crear un sistema de prisiones para delitos menores y con jueces de contravenciones. Buscaba que los inculpados cumplieran tareas comunitarias y que se redujera la impunidad en los juzgados.

Sánchez recuerda que no hubo respuesta de la autoridad. “Mientras no se hagan reformas al sistema penal, a la rehabilitación carcelaria, mientras no tengamos un sistema de justicia honesto y transparente, el resto de acciones son simples parches”.

Adela N. estuvo por dejar la asociación Víctimas de la Delincuencia, más cuando desde la cárcel comenzó a recibir amenazas. La intimidación vino de los tres hombres que en este caso fueron sentenciados a 25 años. “A veces pienso que ya mismo salen libres y que nos pueden causar daño. Nos sentimos indefensos. La justicia debería ser más fuerte”.

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