5 de December de 2010 00:00

‘Es momento de un acuerdo nacional contra la delincuencia, sin caprichos’

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Dimitri Barreto P.

Ministro, primero le ofrezco disculpas porque el dato del 29% en el aumento del crimen en Ecuador, publicado en este Diario, fue impreciso, por un error humano.Nosotros registramos en este último año una aceleración, un incremento, en los delitos de mayor connotación social en cerca del 5,58%. Y en el caso de asesinatos-homicidios el incremento proyectado al 31 de diciembre de este año será del 0,07%, de acuerdo con nuestra información. Este momento estamos con una tasa de homicidio muy parecida a la del año pasado; con 18,49 homicidios por cada 100 000 habitantes, el año pasado fue 18,74 homicidios. Aunque estemos debajo de la tasa latinoamericana, que es de 26 por cada 100 000 habitantes, esto es inaceptable para la historia de nuestro país. Recordemos que a comienzos de esta década estábamos con alrededor de 13,26 homicidios en el 2001 y 15,12 en el 2002. Pero sí hay que señalar que en este año hemos tenido un repunte sobre todo a partir de agosto, a nivel nacional.

El crimen organizado está en el país. ¿Cómo aplacarlo?

Hay problemas acumulados de desinstitucionalización del Estado. Durante años, la desinstitucionalización ha afectado no solamente a la planificación para el desarrollo; ha afectado a la Policía Nacional, a la Función Judicial, a modelos de desarrollo, que han sido altamente excluyentes, al sistema de rehabilitación. Ahora se ha puesto de moda que lo único que hay que hacer es reprimir. Pero si es que no hay desarrollo social, si no hay equilibrio, si no hay inclusión social, si sectores populares enormes no tienen acceso a vías ni a servicios básicos ni a espacios de recreación ni a espacios culturales ni a diversas posibilidades de empleo, evidentemente van a deteriorarse las condiciones de seguridad.

¿Y la acción del Gobierno?En esos temas hemos venido trabajando como Gobierno generando espacios de coordinación, con jueces, Consejo de la Judicatura, Fiscalía, Policía, FF.AA., municipios, consejos provinciales. Se han creado los gabinetes provinciales de seguridad, donde participan todas estas autoridades, porque entendemos que hay que hacer un trabajo coordinado y conjunto, preventivo y represivo. Entendemos que este trabajo implica a la Función Judicial y también a la Función Legislativa. Entendemos que hay que modificar aspectos importantes de las actuales leyes penales y hemos enviado algunas reformas que apuntan a un endurecimiento de ciertas penas, por ejemplo aumentar las penas a quienes utilizan a menores de edad para asaltos o quienes entregan armas a menores de edad para que cometan ilícitos. Pero a la par, creemos que se deben incrementar los proyectos socio-educativos a los menores de edad que han cometido faltas y están en un centro de adolescentes infractores. Ampliar el concepto de usura para poder reprimir con mayor eficacia la práctica de la usura que en algunos casos está ligada al sicariato. Estamos pensando que en algunos casos no debe aplicarse la caducidad de prisión preventiva, cuando hay una recurrencia notoria de la defensa de los procesados para impedir audiencias y también en algunos delitos. Si no es suficiente, tampoco nos detendremos frente a reformas constitucionales que sean necesarias.

El Presidente del Consejo de la Judicatura dice que el presupuesto establecido por el Gobierno para la Justicia no le alcanzará en el 2011.

Pero el Consejo de la Judicatura ha devuelto la plata, porque no ha podido gastar. Podrían invertir en todos los aspectos, ha devuelto en el 2008, en el 2009, se quieren apurar para hacer inversiones rápidas en compra de edificios, en aumento de sueldos, cuando la población lo que está demandando es mejora del servicio. Pero si es que el límite del presupuesto es X y se requiere, no tenemos problema en buscar la manera de incrementar esos recursos para mejorar la administración de Justicia. Estas son actuaciones poco sinceras y aquí no hay que buscar solamente culpables, aquí hay que determinar dónde están los problemas. Son problemas acumulados de la desinstitucionalización del país que requieren de respuestas también conjuntas del Estado ecuatoriano. Aquí lo que está en juego es la posibilidad o no de que el Estado, de que la sociedad ecuatoriana, pueda combatir eficazmente al crimen organizado. El crimen organizado es la principal amenaza contra el Estado y contra la sociedad ecuatoriana. Genera todo un ambiente de zozobra, afecta nuestros derechos, afecta nuestra cotidianidad. Pero también puede infiltrar a las instituciones. Esperamos que el próximo Consejo de la Judicatura, el próximo año, emprenda una tarea fundamental, una renovación radical y global de la administración de Justicia, y eso pasa por normas, por procedimientos, pero también por personas, necesitamos de personas comprometidas con el país y dispuestas a enfrentar esta guerra.

Hubo una alta inversión en el equipamiento de la Policía, pero qué pasa con su personal. Hay policías involucrados en sicariato.

Así es.

El caso en Los Ríos.

Pero por supuesto. Tenemos que hacer una labor de reforma importante en la Policía, porque todas las instituciones pueden estar expuestas a niveles de infiltración del crimen organizado. El año anterior el mando de la Policía identificó a cerca de 20 personas vinculadas a sicariato, otras personas vinculadas al narcotráfico, miembros del Ejército vinculados al narcotráfico. Esas son alertas para el país. Ha habido casos de autoridades, fiscales, jueces, que también han tenido actuaciones cuestionables. Pero aquí también debemos trabajar, así como se exige, el Estado debe dar otro tipo de protecciones. Por ejemplo, ahora, en la Ley de Servicio Público, a los policías y a todos los servidores públicos se les incluye la posibilidad de que tengan abogados defensores. Porque un policía puede detener a un delincuente y al día siguiente ser enjuiciado por el delincuente que salió sin sentencia; entonces ese policía necesita tener la protección del Estado, con un abogado pagado por el Estado que lo defienda de la delincuencia. De lo contrario lo que vamos a tener es que los policías no van a querer detener. Necesitamos dar protección a los jueces, a los fiscales.

Pero los policías también se defienden del Estado. Más de 300 uniformados que habían sido dados de baja por la Policía, incluso -en algunos casos- por posibles vínculos con el crimen, han regresado a esa Fuerza. Lo han hecho a través de recursos judiciales.

Son cerca de 400. Esto es un problema gravísimo para la Policía y para las FF.AA., porque no puede ser que existan procesos internos, que se identifique a personas que tienen conductas que les hacen merecedores de ser sancionadas y que al salir de la institución pongan juicios, y que los jueces los reintegren a la Policía. Ese es el caso de una de las personas que ha sido acusada por sus altos niveles de responsabilidad, presumibles, potencialmente estoy hablando, en algunos actos del 30 de septiembre. Pero la Policía tiene que tener la capacidad de autodepurarse. La Policía es un servicio civil, jerarquizado sí, pero bajo control civil. Las unidades de control interno (de los policías) deben ser profesionalizadas; nosotros creemos que estas deben estar bajo el control de un organismo especializado de la propia Policía, bajo el control civil del Ministerio del Interior.

¿Unidades de control integradas por policías?

Por supuesto, pero también con la posibilidad de abrirse a la integración de civiles y profesionales. Nosotros creemos que hay que desarrollar esas reformas, particularmente el control interno en la Policía Judicial o en las investigaciones criminales; mejorar la capacidad de investigación criminalística del país. Estamos pensando hacer inversiones muy fuertes en el 2011 y el 2012 al menos en dos centros de investigación criminal.

¿En Quito y Guayaquil?

Quito y Guayaquil en principio, que contarán con dos instalaciones con laboratorios criminalísticos. Pero (en la Policía) también reformas en Migración, acelerar las reformas en Tránsito, reorganización que va acompañada de la formación del talento humano de la Policía' Pero además otras medidas. Por ejemplo, que las personas que integran unidades de inteligencia, grupos de élite y grupos especializados, pasen por pruebas como la del polígrafo (detector de mentiras) y otras. Pero si no mejoramos la administración de Justicia, si mantenemos los niveles de inseguridad, de qué nos va a servir una institución muy eficiente como una Policía que mejore sus capacidades tecnológicas, que mejore su equipamiento y su capacidad humana, si vamos a tener los mismos problemas de impunidad. Y esto va de la mano con la mejoría del sistema de rehabilitación, porque, igual, de qué nos sirve llenar las cárceles de delincuentes que no se rehabilitan; es decir, a algunos no les importa aquello, algunos creen que no hay que preocuparse de la gente que está detenida.

¿Estimo que eso se hará antes de eliminar la caducidad de la prisión preventiva?

Todo esto tiene que ir de la mano y simultáneamente, aquí ya no podemos ir por etapas. Tiene que enfrentarse el problema en sus diversas aristas, de manera simultánea. Es el momento de tener medidas en varios frentes y que hagamos un amplio acuerdo nacional contra la delincuencia, pero sin aceptar condicionamientos ni caprichos de nadie.

Entonces, sí existe un plan.

Hay una agenda política fuerte, nosotros tenemos un plan de seguridad integral.

Pero no ha sido visible.

Lo hemos manejado probablemente con poca difusión en comunicación. Pero el plan de seguridad integral se compone de la política exterior clara, de riesgos y de seguridad ciudadana.

¿Cómo está la Inteligencia antidelincuencial? No está debidamente potenciada a escala nacional.

Hay capacidades de inteligencia humana importantes, pero hay fragilidades y debilidades en los organismos de Inteligencia. Para esto se creó la Secretaría de Inteligencia. Hay que fortalecer el equipamiento en inteligencia, nosotros tenemos capacidades importantes en inteligencia humana, pero no en inteligencia electrónica, es un déficit.

¿Hay un plan para invertir en inteligencia electrónica?

Hay un plan desde hace más de un año y recursos también. Ha habido dificultades de otro tipo, de ejecución, lo digo claramente.

¿En la Policía?

Sí. Capacidad de ejecución de la Policía, dificultades de compra y esperamos resolverlo en los próximos meses. Debemos dar un salto tecnológico importante, igual que un salto en la formación de recursos humanos para el desempeño de los funcionarios.



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