Militares podrán asumir tareas de la Policía

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Diego Bravo.  Redactor  

La presencia de Cléver Jiménez, Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa en territorio Sarayaku (Pastaza), encendió la polémica ayer durante la sesión número 278 del Pleno de la Asamblea Nacional.

Ellos fueron sentenciados por injurias contra el presidente Rafael Correa y pidieron refugio en esa comunidad para evitar su detención.

Los legisladores, durante el debate y aprobación de la reforma a la Ley de Seguridad Pública y del Estado, analizaron la posibilidad de que los militares intervengan en controles internos, cuando el Mandatario lo considere necesario. Precisamente, en días pasados se cuestionó la advertencia que hiciera Correa de declarar en estado de emergencia a Sarayaku, para que ingresen a ese territorio indígena los militares.

En la nueva norma se plantea que las Fuerzas Armadas, sin descuidar su misión de defensa externa del país, intervengan en la protección interna, el mantenimiento del orden público y seguridad ciudadana por disposición del Presidente o Presidenta de la República.

Esto se dará cuando haya circunstancias de evidente necesidad o de inminente alteración del orden público y se haga indispensable su contingente.

104 asambleístas participaron en la sesión del Pleno. De ellos, 80 votaron a favor, 23 en contra, hubo una abstención y uno en blanco.

Los legisladores de oposición criticaron el proyecto. Andrés Páez, del movimiento Creo, cuestionó que el proyecto sea debatido justo cuando Jiménez, Villavicencio y Ortiz están en Sarayaku.

"Saben que la Policía no puede quedarse en ese lugar, no porque no quiera, sino porque no tiene la logística suficiente para incursionar en esa zona", precisó en medio de su intervención. A su juicio, el ente que posee los recursos para hacerlo es el Ejército y para eso se requiere de una facultad legal como la que plantea la propuesta.

La legisladora oficialista María Augusta Calle rechazó las aseveraciones de Páez. Molesta, manifestó que "traer el caso Sarayaku al debate es una manifiesta mala fe".

Una muestra de aquello -precisó- es que el análisis del Proyecto Reformatorio a la Ley de Seguridad Pública y del Estado se debate desde hace más de dos años y medio, antes de que se diera el caso Jiménez, Villavicencio y Carlos Figueroa.

Otro asambleísta que cuestionó la propuesta fue Luis Fernando Torres (Cambio-PSC). Aseveró que, ante la aprobación de la ley, se corre el riesgo de que militares pudieran ingresar en esa zona para apresar a Villavicencio, Jiménez y Figueroa.

Antes de la aprobación del Proyecto de ley, las Fuerzas Armadas aseguraron que no ingresarían a territorio sarayaku. El boletín 2014-05-14-01-DIR-C.S. del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas manifestó que los militares, según lo establece la Constitución, son protectores de los derechos y las libertades de las personas, respetan la integridad física y garantizan la paz ciudadana.

"Rechazamos categóricamente dichas afirmaciones por ser falsas, temerarias, infundadas, absurdas y totalmente lesivas a la institución militar y a la tranquilidad del país".

Esto, como respuesta a un comunicado emitido por el Consejo de Gobierno de 'Tayajsaruta directivos de Sarayaku'. El documento indicaba que el Ejército prepara un ataque denominado 'Limpieza Sarayaky', supuestamente organizado en la IV División de Ejército.

La entidad uniformada también aclaró que en ningún momento ha considerado o dispuesto que se ejecute un ataque en la comunidad Sarayaku, como de manera perversa y tendenciosa sostiene el comunicado publicado por su dirigencia.

El legislador oficialista Fernando Bustamante, titular de la Comisión de Relaciones Laborales y Soberanía, en donde se analizó el proyecto de ley, también rechazó las aseveraciones de Páez y otros legisladores. Él hizo la última intervención en el Pleno y aseveró que si se quisiera utilizar a las fuerza militares para propósitos represivos importantes, "lo lógico que haría el Estado es declarar el estado de emergencia".

Luego de que la propuesta fuera aprobada por la Asamblea, esta pasará al Ejecutivo para que la apruebe o vete.

La Cronología

  • Noviembre 2007
    Los habitantes de Dayuma protagonizaron desmanes contra empresas petroleras. Las FF.AA. intervinieron para controlar el orden.
  • Junio 2009
    Aunque no se aprobó el estado de excepción, se destinaron a dos batallones militares al control de la seguridad en San Lorenzo.
  • Septiembre 2009
    Durante las protestas por la Ley de Aguas, las FF.AA. salieron a controlar las revueltas y el cierre de vías. Falleció un profesor.
  • Septiembre 2010
    El Gobierno declaró el estado de excepción por la revuelta policial del 30-S. Ellos realizaron el operativo de rescate del Mandatario.
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