24 de March de 2010 00:00

6 meses sin aclarar el caso Cedeño

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Redacción Judicial

La familia de Hernán Cedeño lleva seis meses sin conocer sobre su paradero. Él supuestamente desapareció luego de ser capturado por agentes del Grupo de Apoyo Operacional (GAO), de la Policía, el 30 de septiembre del 2009.

El caso se reactivó esta semana, tras la intervención del ministro de Gobierno, Gustavo Jalkh, ante la Fiscalía General.

Ayer, el funcionario instó al comandante de la Policía, Freddy Martínez, que “entregue en esta misma semana un informe contundente” del caso.

La denuncia de la supuesta desaparición reposa en la Defensoría del Pueblo desde el 5 de octubre del 2009. Allí se dice que Cedeño, junto a tres hermanos, fue interceptado en el sector de El Inca (norte de Quito) por siete personas que se identificaron como agentes del GAO.

El relato de uno de sus hermanos consta en la denuncia No. 109-VMMG-2009. Allí asegura que los policías se acercaron y los obligaron a recostarse sobre el piso. Luego “nos esposaron y subieron a dos camionetas Dimax sin que presenten la orden judicial que justifique la detención”.

Una vez en las oficinas del GAO, en la Policía Judicial de Pichincha supuestamente fueron golpeados, amarrados y vendados. “En la noche nos sacaron de allí en dos carros, a otros sitios”, contó uno de los afectados.

Fueron abandonados en diferentes sectores de la ciudad, con excepción de Hernán Cedeño, de quien hasta ahora se desconoce su paradero.

La Policía entregó al Ministro de Gobierno un informe por escrito del caso, pero según Jalkh, el documento no fue “contundente en establecer y esclarecer la manera cómo este ciudadano habría desaparecido o no”.

Ayer, el Ministro insistió en que sus pedidos se hicieron desde octubre y que la respuesta de la Policía debe ser inmediata.

La Comisión Ecuménica de los Derechos Humano (Cedhu) también conoció el caso. Su directora, Elsie Monge, indicó ayer el oficio número 0533 que el 29 de noviembre del año pasado envió a la Comandancia y a la Inspectoría de la Policía. Allí, Monge pide explicaciones de la desaparición. “En los últimos años han sido múltiples las denuncias de tortura y ejecuciones extrajudiciales denunciadas a través de los medios de comunicación”. Según Monge no hubo respuesta.

El comisionado de Pichincha de la Defensoría del Pueblo, Jaime Hernández, también informó del caso al Comandante de la Policía. Lo hizo el 12 de octubre. Cuatro días después, el jefe policial indicó que mediante trámite número 9109 “se ha dispuesto la apertura de la investigación respectiva a la Inspectoría General” .

Mediante memorando 9109-2009-CG se hizo el mismo requerimiento a la Dirección Nacional de la Policía Judicial.

En ese comunicado, Martínez citó el artículo 19 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo e indicó que “se notificará a los presuntos responsables de las acciones u omisiones, para que contesten en un plazo de ocho días...”.

Ayer, este Diario buscó una versión en la Policía, pero se dijo que los jefes policiales que conocen del tema estaban en una reunión.

En el expediente de la Defensoría del Pueblo aparecen fotografías de las supuestas agresiones que los agentes del GAO habrían provocado a los hermanos de Cedeño, tras su detención.

Un ex agente del GAO aseguró que los detenidos estaban vinculados con actos delictivos y que tenían antecedentes penales. Pero Jalkh dijo que no se puede dejar de lado un tema “tan importante como los Derechos Humanos”. Todas las personas, agregó, tienen derecho a que se les siga el debido proceso, aunque tengan antecedentes penales”.

El fiscal Washington Pesántez, quien conoció el pedido de investigación del Ministro de Gobierno, aseguró que abrirá en los próximos días una instrucción.

Solo en el 2009, la Cedhu registró 66 denuncias de torturas provocadas por “agentes destinados al proceso de investigación”.

Jalkh reconoció que debido a la serie de denuncias contra agentes del GAO decidió reestructurar y eliminar la unidad. Desde 2009 funciona en su reemplazo la Unidad Antidelincuencial, que opera en el edificio de la Policía Judicial de Pichincha.

Pero Monge cree que este cambio no es suficiente. Afirmó que los jefes policiales deberían garantizar que los elementos que trabajaron en el Grupo de Apoyo Operacional no sigan en la nueva unidad. “Se pueden reproducir las prácticas”. Además, que hace falta reforzar la formación en DD.HH. de los policías.

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