Glenda Hernández sintió un nudo en la garganta cuando ingresó la tarde del jueves a la sala de terapia intensiva del Hospital de la Policía Nacional y supo que su esposo, el sargento Mauricio Herrera, tenía quemaduras de primer y segundo grados en la cara, cuello, brazos y piernas.
“Le dije que debe salir adelante y me resistí a llorar para darle fuerza. Cuando lo vi, su cuerpo estaba sedado y envuelto con gasas. En los 15 años que pertenece al Grupo de Intervención Rescate (GIR), jamás le ocurrió algo así. Gracias a Dios los médicos nos dijeron que se encuentra fuera de peligro”, relata con alivio.
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El uniformado entró a la casa de salud junto a otras 10 personas, víctimas de la explosión en el GIR, la mañana del 8 de diciembre. De ellas, nueve (seis cadetes de la Escuela Superior de Policía, un gendarme y dos civiles) fueron dadas de alta la noche del jueves ya que, según los médicos, solo presentaron heridas menores como cortaduras o lesiones en los oídos. Herrera y otro aspirante a oficial, quien presentó una herida profunda en la pierna, todavía continúan bajo observaciones.
En la Policía se informó que 13 cadetes, tres civiles, tres niños y dos agentes del GIR fueron atendidos por cortaduras y traumas acústicos (problemas en los oídos) luego de la explosión. Una fuente del Hospital informó que ellos se encuentran estables de salud. Herrera fue intervenido quirúrgicamente por las quemaduras en su cuerpo.
Desde la sala de terapia intensiva, ubicada en el segundo piso del Hospital, Hernández narra que el accidente, para ella y sus dos hijos de 10 y 15 años, es “el golpe más duro que ha enfrentado su familia por la forma en que sucedió”. “Una hora antes de la explosión, nos comunicamos por teléfono y me dijo que iba a tener una presentación. Parecía un día normal; nunca me imaginé que algo así iba a sucedernos en los 15 años que llevo casada con él”.
Según la Policía, en el GIR no había rastrillos, ni polvorines, sí un búnker y zonas para almacenar municiones. “En el momento de cerrar el búnker se produjo una pequeña explosión y salió un fogonazo”, indicó el mayor Rodrigo Braganza, técnico en explosivos del Grupo de Intervención.
Quien cerró la puerta fue el sargento Herrera, precisaron las autoridades. Braganza añadió que Herrera salió corriendo al ver el fogonazo, pero como la explosión fue rápida, “la onda expansiva le alcanzó al cuerpo”. Por eso, el oficial negó que tras la explosión exista negligencia o mal manejo de explosivos.
“Si fuese mala manipulación (de explosivos), la víctima habría muerto o perdido sus extremidades”, añadió el uniformado durante una rueda de prensa.
“Nunca me gustó que mi esposo maneje explosivos y ese tipo de materiales”. “Ese curso que siguió para manejar explosivos no me agradaba. Yo lo veía como algo peligroso porque tenía que maniobrar con pólvora y químicos. Esas capacitaciones las siguió en Quito, pero nunca le dije que no lo hiciera. Siempre lo apoyé y le pedía a Dios que lo cuide”.
Según ella, en el momento de la explosión su esposo estaba “en el sitio donde hacen las prácticas, atrás de la torre del GIR (donde los uniformados practican ingresos a edificios y rescates), junto a la montaña. No sé qué hacía en ese momento”, manifestó.
Una familiar le toma el brazo a Hernández. Ella dice que ya no le hagan más preguntas sobre la salud de su esposo y mira con recelo a los periodistas. Se niega a que le hagan fotografías. “Ni siquiera de espaldas”, dice. Es la hora de visitas y pasa a la habitación donde se encuentra su esposo.
Expresa que todavía tiene el cuerpo hinchado por la limpieza de las heridas y que está dormido. Se pierde en el pasillo e ingresa a la sala de cuidados intensivos.
Del búnker solo quedan las huellas
Con cuatro estacas se señala el sitio que ocupó el búnker que almacenaba el material explosivo en el Grupo de Intervención y Rescate.
A este lugar se tuvo acceso ayer por la mañana en una excursión de observación que organizó el Ministerio del Interior con el propósito de que moradores de Pusuquí verificaran que ya no se almacenan más los explosivos.
“No vamos a dar ninguna interpretación. Eso le corresponde a la Fiscalía”, dijo en forma tajante el viceministro de Gobernabilidad, Óscar Bonilla.
En una breve intervención, las autoridades policiales indicaron que hasta la noche del viernes se evacuaron los explosivos “fuera del perímetro urbano”, aunque no precisaron el lugar de la reubicación.
“Los ejercicios de detonación a edificios que implican grandes cantidades de explosivos nunca se han hecho aquí”, dice el mayor Rodrigo Braganza, técnico en explosivos del GIR.
Mientras explica las operaciones demostrativas que solían realizarse allí, en las que se colocaba una carga explosiva a una sandía o a un pollo, para la concienciación del uso de camaretas en festejos de fin de año, recibe un llamado de atención del Viceministro y del general Wilson Alulema, jefe del Estado Mayor. “No vamos a dar más respuestas, ya se explicó lo suficiente”, dijo el oficial Alulema.
Afuera del cuartel se seguían reembolsando hasta ayer unos USD 36 000 en daños a los más de 650 dueños de domicilios afectados.