Más de 24 000 familias separadas por los barrotes

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Estefanía Celi. Redactora

Los bostezos de los niños aparecen uno tras otro mientras los primeros rayos de sol se abren paso en medio del frío dominical.

Desde temprano, cerca de 200 personas se arriman al enorme muro de piedra, de más de 6 metros de altura, que encierra a unos 3 000 presos.

Es día de visitas familiares en el complejo del ex- penal García Moreno, en Quito.

A escala nacional, hasta octubre había 24 203 internos. En promedio, una familia ecuato­riana tiene 3,9 personas (según el INEC), es decir que hay alrededor de 70 000 parientes directos de los presos.

En la única fila para entrar a los tres presidios instalados en San Roque (en el centro de Quito), todos llevan fundas con comida o útiles de aseo para sus familiares. "Los guías nos reclaman que traemos todo el mercado", se lamenta Marlene.

A su esposo le quedan ocho años en prisión. Fue acusado de narcotráfico y desde hace más de un año ella acude tres veces por semana. Le lleva comida, a pesar de que le dan el desayuno, el almuerzo y la merienda. "Es poco y nada sano", dice.

El contrato de alimentación en Pichincha lo maneja la empresa Lafattoria y se destinan USD 2,50 diarios para la comida de cada interno.

Lilian Rosero, quien está a cargo de la Pastoral Penitenciaria de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, asegura que en muchos casos las familias se desintegran después de que una persona es encarcelada.

Además señala que hay que trabajar con los hijos, pues son niños con baja autoestima, que muchas veces sufren discriminación de sus compañeros porque el papá está preso y tienen bajas calificaciones.

Patricia ha visto cambios en las calificaciones de sus hijos, de 7 y 5 años. "Ellos saben que él es inocente, pero los otros niños son malos". Sin embargo, lucha para cubrir los gastos de la casa con lo que gana limpiando departamentos.

Un análisis realizado por la Universidad de Chile en el 2008 revela, por ejemplo, que la detención y el encarcelamiento de los padres tienen un efecto inmediato y a largo plazo sobre la estructura de las familias, sobre todo en el aspecto financiero. "Las pérdidas económicas de la familia de los reos son importantes, puesto que la mayoría de los padres encarcelados tiene el potencial para contribuir positivamente al desarrollo económico".

Las familias cubren también gastos de la persona detenida (ropa, utensilios de higiene, etc.) y, en muchos casos, los honorarios de abogados.

Rosa, por ejemplo, calcula que gastó más de USD 1 000 en la defensa de su yerno. La sentencia se demoró un año y finalmente fue condenado a ocho años por droga.

Ella llegó con su esposo a Quito desde Otavalo, el pasado domingo. El viaje les costó alrededor de USD 5 por persona. Su yerno fue detenido en Imbabura, pero cumple la condena en la capital, a pesar de que hay una cárcel en Ibarra.

Yahaira, en cambio, paga USD 8 cada 15 días para viajar desde Esmeraldas. Lleva a Quito comida típica de esa provincia. Su esposo fue detenido por presunta tenencia ilegal de armas y aún no es sentenciado.

La mujer gana mensualmente alrededor de USD 150 como costurera. Destina casi la mitad de sus ingresos para su marido.

Aunque no hay un informe sobre cuántos presos de Ecuador están en cárceles fuera de sus ciudades de origen, la Comisión Interamericana de DD.HH., en su último informe (2011), sobre las personas privadas de la libertad en América Latina, recomendó a los Estados adoptar las medidas necesarias para que los detenidos estén en centros "a una distancia razonable" de sus familias.

El marido y el cuñado de Laura fueron detenidos hace cinco meses por presunta asociación ilícita. En la fila y con su bebé de 1 año en brazos ella vigila también a sus dos sobrinos, de 8 y 11, para entrar. Son las 09:00, y aunque las visitas debieron entrar una hora antes, la puerta aún no se abre.

"No tienen fecha para la audiencia de juicio", cuenta mientras espera que la fila avance.

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