Más controles a las visitas en los centros de rehabilitación

Compartir
valorar articulo
Descrición
Indignado 4
Triste 0
Indiferente 0
Sorprendido 0
Contento 0
Sara Ortiz. Redactora

No se encontró ni droga ni armas. A pesar de eso, unos 40 familiares de las personas privadas de libertad (ppl) del Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi fueron sometidos a una rigurosa inspección.

Este Diario ingresó el domingo 9 de marzo al centro.

Ese día, a las 10:30 caía una tenue llovizna en Saquisilí (Cotopaxi). El ruido del generador eléctrico impedía escuchar las instrucciones que da un funcionario del Ministerio de Justicia. Es el encargado de registrar el ingreso de las visitas.

Había una fila larga en el área de inspección. Una policía indicaba que las mujeres debían ingresar de a dos a un cuarto sin puerta. Una funda negra de basura pegada con cinta adhesiva a la pared es la cortina. En ese lugar, las máquinas, que servirán para realizar el registro de los allegados, están apagadas.

"Bájese el pantalón y el interior hasta las rodillas", ordenó la uniformada. Una mujer de 70 años no quiso hacerlo. Parece espantada. "Entonces la próxima semana les quitamos las visitas", dijo la uniformada. La mujer agachó la mirada y se retiró la ropa. "Haga cinco sentadillas". "¿Así, desnuda?", contestó. Es eso o que la agente practique un tacto. Ella lleva guantes de látex.

La inspección a las visitas, fue una de las quejas que expresaron unos 50 familiares de las ppl ante los organismos de DD.HH la tarde del martes pasado. Ellos se reunieron en un aula de la Universidad Andina Simón Bolívar, en Quito.

Los allegados también cuestionaron la cobertura de agua en el CRS de Cotopaxi, la alimentación y el régimen de visitas.

Tras dos horas de debate la conclusión fue unánime. Tres organismos de Derechos Humanos coincidieron que las condiciones en las cuales viven los 351 privados de libertad del Centro de Rehabilitación Social (CRS) de Cotopaxi no protegen sus derechos.

Los activistas de la Comisión Ecuménica de los Derechos Humanos (Cedhu), la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), la Fundación Mahatma Gandhi, académicos en DD.HH. y allegados propusieron crear un observatorio nacional de los centros de rehabilitación y privados de libertad. Por ahora es solo una idea.

"Mi esposo tuvo que usar las medias como papel higiénico", se queja una familiar de uno de los privados de libertad. "Les amenazan con quitarles las visitas si protestan"...

En el Centro de Cotopaxi, el área de visitas es el patio de un pabellón deshabitado. No hay agua en los baños. Están sucios.

Ahí mismo, en una de las celdas, Ledy Zúñiga, la presidenta del Consejo de Rehabilitación Social, dirigió la semana pasada un recorrido para "constatar que todos los servicios sí se encuentran cubiertos".

La funcionaria se lavó las manos en una de las celdas mientras los noticieros la grababan.

Durante la hora y media que dura la visita, este Diario habló con cinco privados de la libertad. "Tenemos agua por unas tres o cuatro horas al día", indicó uno. Otra aseguró que no pueden afeitarse. "Solo hay dos rasuradoras y un cortaúñas para todos. Pero aquí hay compañeros que tienen VIH". Otro lloró cuando su padre le dijo que las cartas que le enviaron sus hijas fueron retenidas en el control e ingreso.

Nueva política en camino "Queremos que las ppl tengan igualdad de condiciones", dijo Zúñiga el jueves pasado, durante un recorrido en las instalaciones del CRS de Cotopaxi y al CDP de Quito.

La Presidenta de Rehabilitación Social explicó que el nuevo modelo de rehabilitación consiste en erradicar la corrupción de los centros penitenciarios y el hacinamiento. El objetivo es que "todos estén al mismo nivel". El esquema propone también rigor, disciplina y trabajo continuo.

Este Diario intentó desde el lunes contactarse con la funcionaria a través de Comunicación Social del Ministerio de Justicia, varias llamadas telefónicas, correos electrónicos, mensajes de texto, y a su cuenta en Twitter. Pero no hubo respuesta.

Ayer, durante el traslado de 200 ppl de la Penitenciaría del Litoral hasta el Centro de Rehabilitación Social Regional del Guayas, esta Cartera de Estado publicó un boletín. Allí se indica que los detenidos "podrán acceder a distintos programas académicos y laborales dispuestos por el Ministerio, que aporten a su rehabilitación".

En contexto
Los familiares de los 351 ppl del Centro de Rehabilitación de Cotopaxi y organismos de DD.HH. analizan crear un observatorio de cárceles. El Ministerio de Justicia defiende la aplicación de la política de rehabilitación para mejorar la calidad de vida de los detenidos.

Punto de vista
Ramiro Ávila. Profesor de Derechos Humanos en la U. Andina
‘Las personas privadas de libertad deberían ser prioridad’

Por primera vez, en la Constitución del 2008, el Estado mencionó que las personas privadas de libertad (ppl) son grupos  prioritarios. Esto no es solo un artículo, sino que debe hacerse realidad a través de sus acciones encaminadas a mejorar el sistema de Rehabilitación Social. La Constitución también establece que las ppl no pueden ser incomunicadas, que tienen derechos a recibir vistas, a un trato digno y a expresar su opinión de las condiciones en las que se encuentran. Hasta el momento, por lo que nos informan, las visitas se les suspenden o deben ganarse, cuando esto es un derecho. Los organismos de DD.HH. y quienes trabajamos en esto debemos estar atentos para que se cumpla la ley.

Descrición
¿Te sirvió esta noticia?:
Si (4)
No (0)