La pequeña de 11 años dormía en su habitación cuando los armados abrieron fuego, la asesinaron. Esa madrugada también murieron con tiros en la cabeza su madre, el esposo de esta, su empleada y un celador.
Tres personas fueron inculpadas, pero la Justicia las absolvió. El 18 de enero se cumplieron nueve años de ese quíntuple asesinato en el edificio Olimpo, en El Bosque.
El 16 de marzo del 2008 otro hecho sacudió a ese sector de Quito: hombres armados con fusiles asaltaron una joyería en un centro comercial. Tres personas detenidas por ese ataque también fueron absueltas por la justicia.
En los dos casos los jueces fueron tajantes: los agentes de la Policía Judicial fallaron en el procedimiento legal y realizaron capturas sin pruebas.
Las falencias en el trabajo de investigación a cargo de la Policía Judicial inciden en la sensación de inseguridad, pero el asunto no forma parte de la agenda oficial, más pendiente de cambiar jueces y de confinar a los presos a un sistema carcelario que no rehabilita y es impresentable.
Algunas cifras. En Ecuador hay 162 juzgados de garantías penales y 63 tribunales penales. Cada despacho acumula 19 560 juicios. Ningún secreto, faltan jueces.
En contraparte, en el país existen 3 242 agentes de la Policía Judicial. Al año, cada uniformado se encarga de 32 casos, pero de esos hechos solo resuelve cinco. La Policía lo admite. Y lo de Guayas inquieta: al año cada agente conoce 52 denuncias ciudadanas, mas apenas resuelve tres.
Entonces, quizá la politización de la Justicia no sea la única causante de que Guayas registre el 95% de liberación de presos por caducidad de la prisión preventiva, quizá alguien no ha investigado lo suficiente. ¿Y la Fiscalía?
Ninguna reestructuración de la Justicia reducirá la creciente inseguridad en Ecuador. No sin antes construir un sistema de rehabilitación, no sin antes conformar un cuerpo de Criminalística que se ciña al debido proceso, no sin antes invertir en prevención.