A las 06:00 de ayer, Marco Solís Briones, acusado del presunto delito de tráfico de tierras en el noroeste de Guayaquil, fue enviado a la Penitenciaría del Litoral. Solís fue detenido el viernes cuando daba su declaración en la Fiscalía del Guayas, dentro del proceso de indagación previa que se sigue en su contra.
Tres agentes de la Brigada de Misceláneos de la Policía Judicial cumplieron la orden de aprehensión para investigaciones, dictada por Víctor Moncada, juez vigésimo noveno de Garantías Penales del Guayas.
Solís fue llevado a la Policía Judicial, donde a las 23:00 se desarrolló una audiencia de formulación de cargos. Tras una hora, Ubaldo Macías, juez vigésimo sexto de lo Penal del Guayas, dispuso la prisión preventiva.
A Solís se lo acusa de invasión de domicilio, intimidación, estafa y asociación ilícita. Juan Carlos Vasco, jefe de la brigada de Delitos contra la Propiedad de la PJ, indicó que desde enero hasta ahora la Policía continúa receptando denuncias en contra de Solís y otros supuestos traficantes de tierra. Esto por parte de moradores de las invasiones del noroeste de Guayaquil. El fiscal Wilson Castillo es el encargado de continuar las investigaciones dentro de este caso.
En diciembre del año pasado, el Gobierno inició una lucha contra las invasiones del noroeste, que comprende 9 700 hectáreas en total. El presidente Rafael Correa la declaróárea de seguridad nacional, por su cercanía al trasvase que abastece de agua potable a Santa Elena.
Desde entonces se dispuso el resguardo militar de lotizaciones como Tierra Prometida, Fortaleza, Cuidad de Dios, Voluntad de Dios, Monte Sinaí, Marco Moroni y Sergio Toral, donde aún se registran desalojos.
También se iniciaron procesos penales en contra de varios presuntos traficantes de tierras, entre ellos el ex asambleísta de Alianza País, Balerio Estacio (quien también estuvo detenido en la Penitenciaría), su hermano Tony Estacio y Sergio Toral.
Solís permaneció varios meses en la clandestinidad. Su esposa y abogada Dilia Saverio asegura que es el líder comunitario de la cooperativa de vivienda Monte Sinaí, que comprende 30 hectáreas de las 388 que tiene el sector que lleva el mismo nombre. También conformó la Cooperativa de Vivienda Marco Moroni, que tiene tres etapas. Estas zonas son blanco para concentraciones políticas en tiempos electorales. Sin embargo, carecen de servicios básicos.
Solís también es acusado de presunta vinculación con el delito de hurto de energía eléctrica para abastecer a las cooperativas informales del noroeste de Guayaquil. El martes se realizó esta audiencia, a la que asistió el fiscal general, Galo Chiriboga. Ahí se fijó un plazo de 90 días para las investigaciones.