6 de March de 2011 00:00

Marco N., supuesto armero de las FARC, afrontó una crisis en el 2010

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Marco N. se cubre los oídos con un par de audífonos y dispara un revolver en una cabina construida de concreto, madera y caucho, en el patio de su casa. Así prueba las armas que fabrica en su taller, en el centro de Quito.

El hombre fornido, alto, de ojos verdes y cabello negro admite que se dedica a la fabricación de armamento desde hace más de ocho años. Él es uno de los 22 armeros que tienen el aval del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (Comaco) para fabricar armas a escala nacional.Corría junio del 2010 y Marco N. mostraba las pistolas, carabinas y revólveres que elaboraba. Se detiene junto a una caja de metal negro. ¿Para qué sirve? “Por exigencia del Comaco, aquí se debe guardar el armamento luego de ser fabricado”, explica.

El último miércoles, agentes de la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado (ULCO) de la Policía allanaron esa vivienda durante el denominado operativo Hunter; lo hicieron para desarticular a una supuesta red ilegal de fabricación y distribución de amas de guerra.

Según Inteligencia, Marco N., supuestamente proveía de armamento a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). En la Dirección Nacional Antinarcóticos de Pichincha se informó que una organización habría utilizado como fachada la fábrica de Marco N., para elaborar armas de forma ilegal.

En un comunicado, la ULCO manifestó que “sin que su permiso lo faculte, fabricaba armas cortas, de grueso calibre y de largo alcance, que eran entregadas a los diferentes frentes del grupo sur de las FARC, a través de diferentes personas, según consta en un diario escrito a mano por el propietario de la fábrica...”.

En ese diario, según la Policía, Marco N. habría mencionado a Julio V., el escribano del extinto líder de las FARC, Raúl Reyes: “(Julio V...) es un señor con título de psicólogo. Su relación con gente colombiana es debido a que él trae armas y municiones de Europa y Norteamérica y las negocia al Frente 48 de las FARC”.

En el taller, la Policía también halló armamento, piezas para el montaje de armas, maquinaria para la fabricación de artefactos de grueso calibre y largo alcance, así como documentación relacionada a esa actividad y municiones largas.

En la visita de este Diario a su taller hace nueve meses, Marco N. relataba que la producción de armamento era un negocio rentable con el que podía mantener a su esposa e hijo de cinco años. Sentado sobre un pequeño sofá cubierto por una tela blanca, decía que pero el negocio había empeorado desde el 1 de julio del 2009. Ese día entró en vigencia el Acuerdo Interministerial 001, suscrito por las carteras de Gobierno y Defensa, para prohibir el porte de armas de fuego a escala nacional (solo se permitió la tenencia, pero luego de un proceso de legalización en la Policía).

Para mantener a su familia, entonces, Marco N. había vendido su vehículo y redujo el tamaño de su taller.

“Me deshice de una soldadora para pagar los gastos médicos de mi hijo, quien enfermó. Ocasionalmente tengo pedidos de almacenes que me solicitan fabricar armas para los clientes, pero no es suficiente para cubrir totalmente los gastos del hogar”, decía.

Otro armero legal, quien tiene un taller en el sur de Quito, dice que conoció a Marco N. Lo define como una persona reservada. “Hace 10 años, nos fuimos como cazadores a Galápagos para combatir a la plaga de las cabras. Casi no conversaba con él porque era una persona muy especial”.

A él también le perjudicó la prohibición del porte de armas. “La profesión de armero ha sido satanizada, pero es digna”, sostiene.

Entre los moradores de La Tola hay consternación. Una vecina relata que Marco N. siempre fue una persona tranquila. “Acostumbraba a saludar con la gente del barrio y no se relacionaba con nadie”. Agregó que su esposa se comportaba de la misma forma. “Ella se fue primero a Estados Unidos. Para mí, él viajó a ese país para reunirse con su familia”.

Marco N. no fue detenido en la operación Hunter porque, según los reportes de la Dirección de Migración, salió de Ecuador a EE.UU. en diciembre del 2010. Se desconoce su paradero actual. Su taller tiene permiso para la elaboración de armas de bajo calibre, legalizado hasta el 2012.

Según Marcelo Tobar, jefe de Antinarcóticos de Pichincha, en la casa se hallaron fusiles, municiones, pistolas, granadas, precursores químicos y documentación, la cual se relaciona con un cuaderno de apuntes que menciona entrenamientos recibidos en los frentes 48 y 29 de las FARC.

El operativo se realizó en cuatro zonas distintas de la capital. Al allanamiento en el centro se sumaron otros dos en el centro occidente y uno en el norte.

Cinco personas, quienes supuestamente participaban con Marco N. en esta actividad, también fueron arrestadas. Son Álvaro P., Óscar C., Beatriz A., Alexandra V. y Beatriz P. Según la Policía, a ellos se encontró con mercancías y vehículos.

La ULCO sospecha que existiría n vínculos con los asaltos en carreteras en las provincias de Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas e Imbabura. Y presume que la supuesta mercadería sustraída posiblemente era comercializada para la compra de estupefacientes, armas y municiones.

Quienes conocían a Marco N. en el barrio no creen que estuviera dedicado a actividades delictivas. Uno de los vecinos dice que jamás vio vehículos parqueados al frente de la casa en actitud sospechosa; descargando objetos de dudosa procedencia o “en movimientos extraños”.

Otro morador recuerda que Marco N. es ingeniero mecánico. Para montar el taller, el armero se especializó en España donde aprendió técnicas de fabricación.

Desde el día del operativo, un patrullero permanece junto a la casa de Marco N. Allí, él vivía con sus padres, dos adultos mayores jubilados.

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